Hace cinco años publiqué en esta misma revista un artículo comentando las manifestaciones de 2016 en Grecia contra un proyecto de ley del partido de izquierda Syriza, que incrementaba las cotizaciones y reducía las pensiones de seguridad social. Los griegos levantaron barricadas en calles y puertos y organizaron una huelga general. La ley, finalmente aprobada, le costó el puesto de primer ministro a Alexis Tsipras. En dicho artículo vaticinaba que las insurrecciones aumentarían en el futuro.
Caos en Francia
Desde enero, Francia se ha estremecido por las huelgas que han paralizado al país, las mayores en su historia reciente, principalmente apoyadas por la izquierda y los sindicatos, pero también por parte de la derecha que busca pescar en río revuelto. El motivo ha sido un decreto del presidente conservador moderado Emmanuel Macron que, para todos aquellos nacidos después de 1961, aumenta la edad de jubilación de 62 a 64 años en ambos sexos y los años de contribución de 42 a 43 años (el aumento de edad se hace gradualmente, a razón de tres meses por año hasta alcanzar 64 en 2030). Desde su campaña electoral, Macron había incluido la reforma de las pensiones públicas en su programa y aún así fue elegido. El 14 de abril el Consejo Constitucional ratificó la medida y de inmediato Macron promulgó la ley definitiva. El caos reinante ha erosionado el apoyo ciudadano del actual presidente, así como la confianza en las entidades democráticas. La única beneficiada ha sido Marine Le Pen, la candidata de la extrema derecha (una Trump elevada al cubo) para las elecciones de 2027. En 2010, el presidente conservador Nicolas Sarközy ya había aumentado la edad de retiro de 60 a 62 años y esto le costó el puesto. La elección de Le Pen sería un desastre para Francia y el mundo, pero eso no parece importar a los manifestantes.
La causa fundamental subyacente a la insurrección
Es fácil oponerse al incremento de la edad de jubilación, lo que lo convierte en un tema populista atractivo, pero la pregunta clave es: ¿se justifica esa oposición? En todo lo que he leído sobre la explosión en Francia, casi nada he visto sobre su detonante: el envejecimiento demográfico. A medida que esto ocurre, la proporción de la población de mayor edad aumenta con rapidez, mientras que el porcentaje en edad productiva (18 a 65 años) disminuye, y como estos son los que aportan las cotizaciones, junto con los empleadores, se vuelve cada vez más difícil financiar las pensiones. El envejecimiento conlleva una mayor esperanza de vida (lo cual es positivo), pero hace que los jubilados vivan más años y cobren sus pensiones por un período mayor, lo que incrementa su costo. Además, los ancianos sufren de enfermedades terminales, más costosas que las dolencias que afectan a los niños, adolescentes y trabajadores, todo lo cual es negativo para la economía.
Los gobiernos, no importa si son de izquierda, de derecha o de centro, tienen cuatro remedios para aliviar el problema: 1) aumentar la edad de retiro cuando es muy baja respecto a la expectativa de vida (como ha hecho Francia), 2) incrementar las cotizaciones, 3) reducir el monto de las pensiones (las dos últimas tomadas en Grecia) o 4) una combinación de las tres anteriores. Si no se toman estas medidas dolorosas e impopulares pero necesarias, los ingresos de las pensiones se contraerán a la par de que los egresos aumentarán, lo que provocaría un déficit creciente que debe ser cubierto por el Estado y un escenario en que es imposible sufragar las pensiones y resultaría en la bancarrota del sistema.
En conclusión, si los manifestantes franceses se salieran con la suya, sería como hacerse el haraquiri. Dos tercios de la población se oponen a la medida de Macron, lo que sugiere una falta colosal de información, una campaña de desinformación por los medios de comunicación, una demagogia ciega o todas esas razones juntas.
¿Es una aberración la edad de 64 años?
La edad para retirarse a los 64 años en Francia está muy por debajo de las de otros países industrializados: en Dinamarca, Holanda, Italia y Noruega son 67 años; en Reino Unido es de 66 creciendo a 68; en España, Irlanda y Portugal son 66 años; en Alemania y Bélgica son 65 subiendo a 67, y en Canadá, Hungría, Japón, Luxemburgo, Polonia y Eslovenia son 65. Más aún, países mucho menos desarrollados que Francia tienen una edad de retiro de 65 años: Azerbaiyán, Honduras, México y Nepal. A esto se une que la esperanza de vida a la edad de retiro es mayor de 83 años en Francia, pero el promedio de los países desarrollados miembros de la OCDE es un año menor, o sea, que un jubilado francés vive al menos un año más que en otros países desarrollados. De manera que la edad de retiro de 64 años es racional y necesaria para evitar una catástrofe.
El 17 de abril Macron se dirigió a la nación y afirmó que el aumento de la edad era la única forma de evitar un déficit de 14,200 millones de dólares en 2030, pero no explicó el problema fundamental del envejecimiento.
La privatización de las pensiones no es la solución
Los partidarios de la privatización de las pensiones alegan que ese sistema, al contrario de los sistemas públicos, es inmune al envejecimiento porque no se basa en un régimen de reparto donde las generaciones jóvenes ayudan a financiar las pensiones de los ancianos, sino en las cuentas de capitalización individual a la que aportan los asegurados y los empleadores, por lo que cada asegurado financia su propia pensión. Ellos alegan que las cuentas individuales pertenecen a los asegurados y no se comparten con nadie, por lo que impiden las transferencias solidarias entre generaciones, las de los hombres a las mujeres y las de los grupos de mayor ingreso a los de menor ingreso, como suele ocurrir en los sistemas públicos. Por último, el sistema privado se denomina de “cotización definida” porque se piensa que no hay que aumentarla nunca, mientras que en el sistema público la cotización crecería con el proceso de envejecimiento. Pero he demostrado que los sistemas privados son también afectados por el envejecimiento: a medida que la población envejece y crece la esperanza de vida, el monto acumulado en la cuenta individual en el sistema privado tiene que financiar un período más largo de jubilación. Esto requiere medidas similares a la que antes he explicado que se usan en los sistemas públicos, como incremento de la edad de retiro o de la cotización, de lo contrario la pensión financiada por la cuenta individual tendría que rebajarse.
En 2017, la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP) aceptó mi argumento al afirmar que los sistemas privados “enfrentan el desafío del envejecimiento de la población, al tener que financiar a un número creciente de pensionados, por períodos más largos de tiempo. Para hacer frente a tal desafío es urgente aumentar las tasas de contribución (o sea, es falso que la cotización es ‘definida’) y la edad de jubilación, a fin de ajustarlas a los cambios demográficos”. La FIAP ratificó en 2020: “el aumento de las expectativas al jubilar, que no han sido acompañadas de incrementos en las edades legales de pensión, afecta negativamente tanto a los sistemas de capitalización individual como a los esquemas de reparto”.
Las insurrecciones en América Latina
Chile y Nicaragua han enfrentado insurrecciones recientes por reformas a las pensiones. Durante su segundo mandato, la presidenta socialista de Chile Michelle Bachelet nombró una comisión de expertos, en la que participé, para saber qué estrategia implementar. Tras un año de evaluaciones, en 2015 la comisión aprobó, por mayoría, 56 recomendaciones para corregir las fallas del sistema privado de pensiones. Sin embargo, pasó un año y la presidenta no logró promulgar la ley para implementar los cambios. Encolerizados por ese año de inercia, un millón de chilenos se lanzaron a la calle protestando contra las administradoras privadas (AFP) y demandando mejores pensiones. Tampoco tuvo éxito su sucesor, el conservador Sebastián Piñera. El actual presidente Gabriel Boric, apoyado por una coalición de izquierda, confiaba en una reforma radical de las pensiones, pero fracasó y ahora busca una nueva convención constituyente que permita la reforma previsional.
En 2018 en Nicaragua, Daniel Ortega aprobó sin debate alguno una ley para postergar la quiebra del sistema público de pensiones, mediante un aumento en las cotizaciones que eran ya muy altas y una reducción de las bajas pensiones –pero no un aumento de la baja edad de retiro–. Esto provocó manifestaciones masivas y bloqueos al tráfico reclamando la abolición de la ley. Un amedrentado Ortega suspendió la reforma, pero la protesta se había convertido en una rebelión contra su mandato de once años, su concentración del poder y la corrupción rampante. La respuesta del gobierno fue violenta: más de doscientas personas muertas, mil quinientas heridas y miles encarceladas. A esto siguió una huelga general que paralizó al país. Sorprendentemente, Ortega sobrevivió a la rebelión y continúa en el poder.
Actualmente, además de Chile, Colombia, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay (todos con cuentas individuales) están debatiendo reformas al sistema de pensiones. Por su parte, los sistemas públicos de Argentina, Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela enfrentan severos problemas de sostenibilidad financiera.
Bomba de tiempo en Estados Unidos
En Estados Unidos, el consejo de asesores de la seguridad social estimó en marzo que el fondo de pensiones por vejez se extinguirá en 2033, un año antes de lo pronosticado en 2022. En 1985 el Congreso aprobó una reforma que incrementó la edad de retiro de 65 a 67 años pero ha sido insuficiente; el Partido Republicano tiene un proyecto para elevar la edad a 70 años (sería la mayor en el mundo), mientras que el Partido Demócrata propone aumentar el umbral de los ingresos salariales sujetos a la contribución en 56% a 250 mil dólares. Si no se llega a un acuerdo, los pensionados sufrirían un recorte del 23% de sus pensiones a partir de 2033 y la reducción sería cada vez mayor, lo cual perjudicaría a 67 millones de personas. Quien quiera que sea elegido en 2024 tendrá que enfrentar este problema.
Todo lo anterior me lleva a renovar mi vaticinio: aumentarán las insurrecciones por las pensiones en el futuro. Es esencial una campaña de educación ciudadana para que se comprenda el problema y sus soluciones. ~
es catedrático distinguido emérito de economía y estudios latinoamericanos en la Universidad de Pittsburgh y especialista en seguridad social. En 2007 recibió el Premio de la OIT al Trabajo Decente (compartido con Nelson Mandela) por su labor en pro de la protección social en el mundo.
