Como si se tratara de la elección de un menú, los partidos eligen en su propio beneficio los elementos que les gustan del Estado de las Autonomías. En el último medio año hemos presenciado un uso especialmente arbitrario de nuestra forma de organización territorial. Quizá en períodos de elecciones autonómicas estas dinámicas se vean reforzadas, pero aún con estas elecciones de por medio, resulta difícil justificar el trato recibido por nuestras Autonomías.
Por ejemplo, tras años levantando el estandarte de la centralización de políticas económicas y la armonización de políticas entre las Comunidades Autónomas, el Partido Popular ahora hace defensa a ultranza de las rebajas fiscales practicadas por la Comunidad de Madrid (CAM). No solo las defiende, sino que recurre a los principios de libertad autonómica para llevar a cabo dicha práctica, aunque eso le lleve a romper con sus proclamas por la unidad de mercado. Es decir, es incompatible perseguir la armonización jurídica y política entre autonomías y, a la vez, defender que una de las regiones más ricas vaya por su cuenta a la hora de hacer política económica. El gobierno regional madrileño justifica la bajada de impuestos aludiendo a su buena gestión.
Según esta lógica, la elevada actividad económica de la región de Madrid le permite reducir impuestos sin afectar negativamente a la recaudación fiscal, dándose con ello un respiro fiscal en un momento de incertidumbre acerca de las cuentas nacionales. Sin embargo, la realidad es más tozuda. Ni Madrid tiene espacio fiscal para rebajar los impuestos, como puso de manifiesto la Airef, ni la mayor actividad económica es consecuencia de una buena gestión sino que, muy posiblemente, sea por los efectos de capitalidad y aglomeración económica que se concentran en la región.
Como era de esperar, estas políticas en Madrid han acabado levantando incoherencias ideológicas en otras regiones y formaciones políticas. Varios gobiernos autonómicos del PSOE han criticado esta política de la CAM tildándola de “dumping fiscal”. Su argumento funcionaría de la siguiente manera: si Madrid aprovecha su posición hegemónica sobre el resto de regiones, bajar los impuestos lleva a que atraiga más actividad económica que potencialmente podría dirigirse hacia regiones distintas a la CAM. Debido a ello, estas regiones se verían irrevocablemente forzadas a reducir impuestos para poder competir fiscalmente con la CAM.
Seguramente el argumento tenga parte de razón, solo que choca con los principios federalistas y con el espíritu del Estado de las Autonomías que tanto han defendido desde el PSOE nacional y regional. Es decir, nuevamente es difícil entender que se defienda la práctica de políticas diferentes en cada región, cuál laboratorio de políticas públicas, y que a la vez se critique el uso autonómico de estas políticas por parte de los gobiernos. Pareciera que las posibilidades de llevar a cabo política autonómicas se restringiesen a si se está de acuerdo o no con las mismas.
De hecho, la contradicción en el PSOE no surge solo a raíz de la situación con la CAM sino que se vuelve aún mayor cuando vemos que, en el interludio de unas semanas, desde el gobierno se llega a plantear la armonización territorial de impuestos como el de patrimonio y herencias, para seguidamente proponer la posibilidad de transferir mayores competencias en Seguridad Social al País Vasco.
Convertir al Estado de la Autonomías en un arma dentro del juego político puede llevar a un juego de suma negativa. Mientras se hace un uso arbitrario de sus elementos, se erosiona su legitimidad y se pone en cuestión la organización territorial que define al conjunto del país.
Estamos hablando, en definitiva, de una estructura territorial que, aun siendo susceptible de ser mejorable, ha demostrado su fortaleza como sistema redistributivo entre regiones. No se trata de que los elementos autonómicos no puedan ser modificables, sino que no caigan en la elección política. Pues las posiciones más extremas empiezan a hacer sus elecciones de menú. Y pueden resultar un tanto indigestas.
Jorge Díaz Lanchas es economista investigador y profesor asociado de la Universidad Loyola Andalucía.
