A casi un mes de los comicios del primero de julio han surgido dudas sobre la legitimidad de algunas candidaturas tanto para presidente como para legisladores, ya sea por su financiamiento irregular o porque los candidatos tienen procesos judiciales pendientes. Jaime Rodríguez Calderón, Nestora Salgado y Napoleón Gómez Urrutia se encuentran bajo el escrutinio de la ciudadanía y de las autoridades electorales.
Jaime Rodríguez Calderón llegó a la boleta electoral a pesar de las inconsistencias en su recolección de apoyos. Hace unos días, el INE confirmó que recurrió a 13.6 millones de pesos de financiamiento ilegal, por lo que le impuso una multa de 729 mil pesos, además de que dio aviso a la PGR, a través de la Fepade, al SAT y a los órganos de transparencia de Nuevo León para que continúen con las investigaciones.
Según el INE, El Bronco utilizó tres esquemas de financiamiento ilícito. En primer lugar, empleó a 652 servidores públicos adscritos a 29 dependencias de Nuevo León para que durante sus horas hábiles reunieran apoyos. En segundo lugar, ejecutó una triangulación de recursos donde empresas depositaron a su campaña 4 millones 494 mil 250 pesos. De acuerdo con el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama: “No se trata de empresarios que den su propio dinero, sino de empresas con frecuencia con operación irregular, sin capital, sin pagar cotizaciones de seguridad social, con accionistas de escasos recursos, que utilizan a testaferros para ocultar que meten dinero a la política”. Por último, el candidato pagó a sus auxiliares una suma total de 6 millones 630 mil pesos, mediante tarjetas Saldazo Oxxo y no reportó ese gasto. Sin embargo, el INE rechazó aplicarle sanciones más severas, como cancelar el registro de su candidatura o dar aviso al Congreso para que prepare un juicio político en su contra.
El gobernador con licencia ha acusado al INE de mentir y de emprender una persecución en su contra. Además, su abogado presentó una denuncia en la Fepade por las fallas en la aplicación móvil para capturar las firmas de apoyo para los aspirantes a candidatos independientes.
El reporte “Dinero bajo la mesa: Financiamiento y Gasto Ilegal de las Campañas Políticas en México”, coordinado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad e Integralia Consultores, examina el flujo de dinero ilegal en las campañas políticas en México. Entre los hallazgos, los autores del reporte concluyen que por cada peso que se reporta como gasto ejercido en una campaña de gobernador, hay 15 pesos cuyo origen se desconoce y que nunca se reportan, pero que se utilizan para el clientelismo electoral. Para Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, el caso del Bronco es un ejemplo de cómo se viola la ley.
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Después de que durante el segundo debate, José Antonio Meade llamara a Nestora Salgado “secuestradora que está libre por una falla de la policía” y le recriminara a Andrés Manuel López Obrador que su partido la postuló como candidata plurinominal al Senado, han aumentado las dudas sobre el proceso judicial que enfrentó la activista social hace unos años.
En octubre del 2012, la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero tomó el control de la seguridad para frenar al crimen organizado. Salgado fue vocera y comandante del movimiento. En un principio, la Policía Comunitaria hizo tareas de protección de la población; sin embargo, más adelante realizaron detenciones arbitrarias y a pedir altas sumas de dinero para liberar a las personas que retenían en casas de justicia, donde ocurrían presuntas violaciones a los derechos humanos. Salgado fue detenida por fuerzas federales en 2013, acusada de secuestro. El 18 de marzo de 2015 recuperó su libertad por insuficiencia de pruebas. En febrero de 2018, Morena anunció su candidatura por la vía plurinominal al Senado. Y, a pesar de las acusaciones, ha contado con el respaldo del candidato presidencial de la alianza Juntos haremos historia.
Salgado demandó a Meade por difamación debido a sus comentarios durante el debate, pero el juez Benito Arnulfo Zurita desechó la controversia planteada, por “carecer de competencia legal”. A su vez, el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero reabrió cinco procesos penales contra Salgado. En las dos sesiones programadas para junio se deberá confirmar, revocar o modificar el dictamen del juez federal que dejó en libertad a la actual candidata de Morena.
Por su parte, el PRI impugnará su candidatura porque Salgado no aclaró que tiene doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, por lo que no puede aspirar a un cargo de elección popular. El presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Benito Nacif, aceptó que el registro de Salgado es legítimo y que no se revisó la documentación por la doble nacionalidad porque no dio indicio de ello, pero en caso de que gane será inelegible si mantiene la doble nacionalidad al momento que reciba la constancia de mayoría.
El caso de Salgado recuerda al de Napoleón Gómez Urrutia, quien también aparece en la lista de candidatos plurinominales al Senado por Morena, como dimos a conocer en nuestra Bitácora electoral No. 6. Gómez Urrutia tiene una resolución pendiente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que obliga al sindicato minero, del cual fue líder, a devolver 54 millones de dólares a la Unión Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos y también tiene doble nacionalidad.
Por solicitud de las bancadas del PAN y PRD, el Poder Legislativo pedirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que aclare si las candidaturas de Nestora Salgado y Napoleón Gómez Urrutia proceden legalmente o no.
