Foto: Luis Barron/eyepix via ZUMA Press Wire

Una visión personalísima de la justicia

Más allá del cuestionamiento de sus actividades empresariales, lo grave del acoso en contra de Xóchitl Gálvez es el uso de la justicia para someterla.
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A lo largo de los años, sin evidencia contundente, se ha atribuido a Benito Juárez la frase “a mis amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”. El propio Andrés Manuel López Obrador la ha referido varias veces en la conferencia mañanera, convirtiéndola no sólo en una descripción bastante desafortunada de carácter del Benemérito, sino también en una síntesis de su visión de la justicia. La frase ya introduce la subjetividad en la aplicación de la ley, y López Obrador ha utilizado a las instituciones del Estado como herramienta facciosa para perseguir a sus opositores –como al ex candidato presidencial Ricardo Anaya– mientras concede impunidad a los miembros de su familia y amigos, lo mismo a su hermano Pío –aquel que recibió los sobres amarillos de manos de David León, efímero encargado de la distribuidora de medicamentos del Estado– que al titular de SEGALMEX, Ignacio Ovalle, de cara al presunto desfalco de hasta 9 mil 500 millones de pesos en ese organismo, por mencionar solo un par de entre numerosos ejemplos.

En la antesala del proceso electoral de 2024, López Obrador ha violado el secreto fiscal y bancario, al exhibir el monto de contratos en los que han participado una empresa de la cual la cual la senadora y aspirante Xóchitl Gálvez es socia y otra en la cual participan familiares suyos, así como a sus contratantes. Muchos de estos contratos fueron celebrados con el propio gobierno federal, en este sexenio y en anteriores. La intención de difundir esta información secreta es causar un daño reputacional a Xóchitl Gálvez, a quien un sector importante de ciudadanos la apoyan para ser la responsable de construir el Frente Amplio por México. De paso, ante el acto intimidatorio del presidente, la posibilidad de que los ingresos de la aspirante opositora se vean mermados es tangible, tanto por el temor de los contratantes de Gálvez a verse exhibidos y vulnerados, como por la cancelación de contratos que la empresa de Gálvez ha obtenido a través de licitaciones. Tan solo dos días después de la violación al secreto fiscal y bancario en la mañanera, el gobierno federal canceló la firma de un contrato con la empresa, según lo denunció la propia senadora.

Si estas amenazas a la reputación, seguridad física, estabilidad emocional y capacidad económica de Gálvez no son suficientes, Víctor Hugo Romo, sucesor de Gálvez en la alcaldía Miguel Hidalgo y hoy militante en Morena, presentó el 20 de julio una denuncia en contra suya por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, conflicto de interés y corrupción, supuestamente cometidos a través del otorgamiento de permisos de construcción a dos desarrollos inmobiliarios de una empresa de la cual obtuvieron contratos las empresas que dirigen el cónyuge y la hija de la senadora.

En su denuncia, Romo omite convenientemente que la construcción de ambos desarrollos, y todo lo relacionado a ella, es de la competencia del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA), encargado de verificar que comercios, inmuebles y vehículos cumplan con las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y toda disposición jurídica-administrativa que regulan su correcto funcionamiento, y no de la alcaldía en donde se construyan dichos inmuebles, a cuyos titulares compete únicamente el registro de las determinaciones del INVEA.

Romo también omite citar la denuncia penal que Xóchitl Gálvez presentó en su contra en julio del 2016, como jefa delegacional de la Miguel Hidalgo, por uso indebido de recursos públicos en la rehabilitación del parque El Mexicanito, por las que Romo adjudicó 9 millones de pesos a dos empresas de las que es socio para la realización de obras que no se ejecutaron y que sin embargo, generaron cargo adicionales al presupuesto federal por 7 millones de pesos más, es decir, hasta alcanzar los 16 millones. Esto implica la modificación posterior de 90% del contenido del contrato firmado originalmente, siendo que la ley permite modificar solamente hasta un 25% del mismo.

La Fiscalía General de la República debe resolver la denuncia presentada por la senadora Gálvez en contra de Romo, y la Fiscalía de la Ciudad de México involucrar al INVEA en la denuncia presentada por Romo en contra de Gálvez. Nada de esto va a suceder. La motivación de Romo no es la justicia –la que podría atender primero en la acusación de corrupción que pesa en su contra–, sino obtener el favor presidencial, a través de la intimidación y potencial obstaculizacion de las legítimas pretensiones de Gálvez, al tiempo que se cobra una vieja factura generada por su propia corrupción.

También Gilberto Lozano, el estruendoso líder de la organización civil denominada FRENAA, interpuso, el 21 de julio, denuncia en contra de Xóchitl Gálvez, por el supuesto delito de daños al patrimonio de la Nación, basándose para ello, según se consigna en la propia denuncia, en los datos presentados por López Obrador de los contratos que las empresas de Gálvez y su familia han obtenido a través de licitaciones con el gobierno federal, en sexenios anteriores y en el actual.

Lozano ha declarado públicamente que su intención es que la FGR finque responsabilidades de tal gravedad a Xóchitl Gálvez que, en caso de que tal denuncia prospere, no alcance fianza para seguir su proceso en libertad y, por tanto, pierda el derecho a obtener un amparo para evitar la prisión, toda vez que a los delitos que pueden derivarse del daño patrimonial denunciado por Lozano, como el enriquecimiento ilícito o el ejercicio abusivo de funciones, les corresponde la aplicación de la prisión preventiva oficiosa conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 19 Constitucional.

La prisión, así sea oficiosa, conlleva también la pérdida de los derechos políticos electorales. De este modo, Gálvez no podría ser votada de llegarse a encontrar privada de su libertad. Así, el gobierno eliminaría a una fuerte competidora electoral al tiempo que manda un mensaje claro a todo potencial opositor con posibilidades de vencer al partido en el poder.

Sin embargo, las empresas de la familia de Xóchitl, creadas hace 31 años, antes de su ingreso al servicio público, siempre han accedido a contratos a través de licitaciones, es decir, concursos que ganan haciendo la mejor oferta proveedor a los gobiernos. Sus empresas no han estado en ninguna lista de proveedores sancionados o inhabilitados. De hecho, la actividad empresarial de la senadora y su familia no eran sospechosas para el hoy presidente cuando, a través de Yeidckol Polensky, Claudia Sheinbaum y Rocío Nahle, la buscó para ofrecerle trabajar con él como parte de su gabinete, al inicio del actual sexenio. Menos aun, al otorgarle contratos ganados en concursos legítimos.

En estricto derecho, la responsabilidad de la senadora, en el caso de que la denuncia que presentó Lozano llegara a prosperar, estaría compartida con los funcionarios del actual gobierno que le han asignado recursos. La propia Gálvez ha contado que a través de una licitación de la Sedena ganó el concurso para proveer de cable de cobre al proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Acaso el actual secretario de la Defensa compartirá responsabilidad penal con la senadora por ese contrato?

Al final, lo verdaderamente grave del acoso y hostigamiento que padece la senadora Gálvez no es el cuestionamiento de una actividad empresarial que, por lo demás, no está prohibida en la ley si se cumple con los marcos normativos. Gálvez ha recalcado que puede comprobar la probidad de los contratos que ha obtenido.

Lo grave es el uso faccioso de las instituciones por parte del régimen obradorista, de lo cual el caso de Xóchitl es apenas un ejemplo. Hace unos días, la Fiscalía General de la República inició indagatorias en contra del diputado de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez, quien de manera consistente ha presentado los recursos legales a su alcance ante el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para evitar que las “corcholatas” del presidente continúen con las campañas anticipadas ilegales que, con recursos de origen incierto, han llevado a cabo desde hace meses.

El riesgo que corre la democracia en México no está, pues, en la actividad empresarial de la senadora. El riesgo está en esa visión personalísima que tiene el presidente de la aplicación de la justicia, que consiste en cubrir de gracia a sus allegados mientras pasa por encima de la ley para cobrarse agravios. Y ahora mismo, no hay peor agravio que no someterse a la voluntad del presidente. ~

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es licenciada en derecho con especialidad en derecho fiscal por la UDLAP. Conduce el podcast Hablemos derecho.


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