El 24 de octubre de este año, la Cámara de Senadores aprobó la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por la cual desaparecen 13 fideicomisos de dicho poder, que acumulan poco más de 15 mil millones de pesos y comprenden fondos de ahorro de pensiones de los trabajadores del PJF, otros que se destinan a la atención de enfermedades catastróficas, así como aquellos que apartan recursos para la reubicación de juzgadores (una medida establecida con el fin de procurar su imparcialidad, al no generar lazos con la comunidad que puedan afectar el desempeño de sus funciones e incluso, en algunos casos, por el riesgo inminente que corren al resolver sobre asuntos que tienen que ver con el crimen organizado en general).
En lo público, la desaparición de los fideicomisos afecta también el desempeño de los tribunales federales, que se verán obligados a recortar personal, o impedidos para ampliar el campo de acción de la función jurisdiccional mediante la construcción de nuevos tribunales que puedan atender a cada vez más población.
No resulta difícil comprender que la desaparición de los fideicomisos obedece a la intención del presidente López Obrador de generar la percepción de que el poder judicial –el mismo que lo obligó a vacunar a los infantes contra la covid-19 o detuvo el traspaso del mando civil de la Guardia Nacional a la Sedena– es ineficiente, para así lograr que la campaña de desprestigio del actual método de conformación de los integrantes de la Suprema Corte y demás tribunales federales –establecido para garantizar la objetividad judicial–, que será bandera del oficialismo en las elecciones presidenciales y legislativas del próximo año, permee entre el electorado y lleve a Morena a ganar la presidencia y la mayoría en las cámaras. El objetivo último es conseguir que su candidata, Claudia Sheinbaum, concentre todo el poder a partir del 2024, mediante el control absoluto de los poderes legislativo y judicial, que ya no representarán ni contrapeso ni dique de contención a la voluntad presidencial.
Pero la ambición rapaz comete errores. La voracidad por hacerse de todo el poder público ha mostrado el rostro del obradorismo en toda su crueldad y desprecio por la ley y la vida, la salud, la seguridad y la dignidad humana.
En medio de un intenso debate público, los esfuerzos de los trabajadores del poder judicial para informar a la opinión pública sobre los derechos laborales que le fueron arrebatados por esta reforma se vieron interrumpidos por la llegada del huracán Otis, que azotó las costas de Guerrero durante el 24 y 25 de octubre, afectando severamente al puerto de Acapulco y 46 municipios más.
A la población de ese estado no se le advirtió con la urgencia necesaria sobre la magnitud del fenómeno que avanzó hacia ellos. Hoy sabemos, de boca del propio presidente, que omitió deliberadamente emitir la Declaratoria de Emergencia (un instrumento que permite al ejecutivo poner en marcha estrategias de prevención y atención a la población civil antes, durante y después de que un desastre natural ponga en riesgo grave al núcleo susceptible de afectación, mediante la acción concertada del ejército, la marina y protección civil, entre otros). En su lugar, según dijo en su conferencia matutina del 9 de noviembre, decidió emitir un post en la red social X, lo que no es en sí mismo un acto ejecutivo, e irse a dormir.
De hecho, la declaratoria de Emergencia “por lluvias intensas y fuertes vientos” se emitió hasta el 30 de octubre, seis días despúes de que Otis devastara al puerto que concentra el 80% de los ingresos por turismo del estado y otros 46 municipios, y tres días después de que fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que desaparece los fideicomisos judiciales para su reintegración a la Tesorería de la Federación. En la capacidad de decisión del ejecutivo, el allegarse del dinero de los trabajadores del poder judicial estuvo por encima de la vida, la salud, la seguridad y la atención de más de un millón de personas damnificadas en Guerrero.
Peor aún: el 9 de noviembre se publicó también en el DOF la terminación de la Declaratoria de Emergencia, con lo que se dan a su vez por terminados los trabajos que proveen y garantizan servicios públicos como luz, agua potable, limpieza y remoción de escombros y basura, provisión de medicamentos y atención sanitaria y de acceso a la salud. Mientras tanto, los habitantes de Acapulco –solo uno de los 47 municipios afectados– siguen removiendo escombros, y buscando a sus familiares y amigos en el mar y entre montículos de cascajo y tierra, rodeados por el hedor de la basura que se acumula en las calles destruidas.
Persiste la Declaratoria de Desastre, que atiende únicamente daños patrimoniales, publicada el 2 de noviembre, pero únicamente para dos municipios de Guerrero: Acapulco y Coyuca de Benítez; los otros 45 municipios fueron excluidos de todo presupuesto federal para la reconstrucción de viviendas y vías públicas. Cientos de miles quedan sin la posibilidad de acceder a fondos federales para conseguir al menos un techo que los cubra. Sin embargo, en el presupuesto de egresos aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2024, los diputados del partido en el poder no destinaron un solo peso a la reconstrucción de los municipios afectados por Otis. La única cláusula añadida establece que, en caso de que se recupere todo o parte de los recursos concentrados en los fideicomisos del poder judicial, se destinarán a la reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez.
Por su parte, el pasado jueves 8 de noviembre la jueza del Noveno Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo, otorgó la suspensión definitiva a los trabajadores del poder judicial, que impide que el gobierno federal tenga acceso a los fondos de los 13 fideicomisos desaparecidos. Esta decisión es congruente con la protección constitucional sobre derechos laborales adquiridos, y contra violaciones en el proceso legislativo que dieron lugar a la aprobación de la reforma.
Por otro lado, el mismo gobierno federal estimó que se requieren más de 3 mil 400 millones de dólares para la recuperación y reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez. Y aunque en el presupuesto de 2023 se crean tres nuevos fideicomisos para las fuerzas armadas (y que, a lo largo del sexenio, los fideicomisos militares han acumulado casi 100 mil millones de pesos), en la conferencia matutina del viernes 10 de noviembre, López Obrador y la secretaria de Gobernación echaron sobre los hombros de los trabajadores del poder judicial la responsabilidad sobre la tragedia que siguen viviendo los cientos de miles de damnificados en Guerrero.
Que quede claro: si bien fenómenos naturales como Otis son inevitables, el presidente es responsable de no haber advertido a la población de las dimensiones del huracán que se aproximaba y de la importancia de resguardarse ante él, así como de la tardanza en activar a todas las autoridades competentes para ejecutar todas las acciones tendientes a proveer seguridad, atención médica y de servicios públicos con suficiencia y eficacia tras el paso de Otis.
Los trabajadores del poder judicial están en lo correcto al defender sus derechos laborales y adquiridos. Y ninguno de ellos está facultado para administrar el presupuesto de la Federación ni para comandar a la Marina, el Ejercito y la Coordinación Nacional de Protección Civil. López Obrador, sí. ~
es licenciada en derecho con especialidad en derecho fiscal por la UDLAP. Activista en favor de la cultura de la legalidad.
