El principio de la disciplina es el deber de obediencia. Todo militar debe tener presente que tan noble es mandar como obedecer, y que mandará mejor quien mejor sepa obedecer. La disciplina en el Ejército y la Fuerza Aérea es la norma a que los militares deben ajustar su conducta; tiene como bases la obediencia, y un alto concepto del honor, de la justicia y de la moral, y por objeto, el fiel y exacto cumplimiento de los deberes que prescriben las leyes y reglamentos militares.
Las frases anteriores son disposiciones contenidas en los artículos 2º del Reglamento General de Deberes Militares y 3º de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea. Esta última establece de manera expresa que “el servicio de las armas exige que el militar lleve el cumplimiento del deber hasta el sacrificio, y que anteponga al interés personal, la soberanía de la nación, la lealtad a las instituciones y el honor del Ejército”.
Esa soberanía se deposita en la Cámara de Diputados, que forma parte de uno de los poderes de la Unión. Y esa cámara, conforme al segundo párrafo del artículo 93 Constitucional, está facultada para convocar a los secretarios de Estado con el propósito de que respondan, bajo protesta de decir verdad, a interpelaciones y preguntas –ya sea ante el pleno, o bien, conforme al artículo 198 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ante las comisiones técnicas– a fin de “ilustrar su juicio en el despacho de los asuntos que se les encomienden”.
Sin duda, el hackeo a la base de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, encabezada por el general Luis Crescencio Sandoval, es un tema que compete a la Comisión de Defensa Nacional. No solo porque el hackeo es el caso más grave de vulneración a la seguridad nacional en la historia contemporánea de México, sino también porque la información filtrada compromete a la gran mayoría de las instituciones mexicanas.
Esto incluye, desde luego, a la Sedena: las filtraciones han dado a conocer casos de violación y abuso sexual a mujeres al interior de las fuerzas armadas, y el silencio impuesto a las víctimas; la venta de armamento a grupos del crimen organizado por parte de personal militar y desde campos militares; desapariciones forzadas; omisiones por parte del ejército al prevenir o evitar la violencia por parte de grupos del crimen organizado.
Pero el general Sandoval no solo rechazó asistir a la Cámara para responder e informar de esta vulneración con transparencia y en cumplimiento a lo ordenado por la Constitución. Además, se aventó la puntada de citar a los diputados en sus oficinas de la Secretaría, para después cancelar definitivamente toda reunión bajo el pretexto, según explicó el secretario de Gobernación, de una supuesta falta de respeto al general por parte del diputado Sergio Barrera Sepúlveda, quien lo citó a participar en una mesa de trabajo ante la mencionada Comisión, de la cual es secretario.
La conducta de Sandoval no solo constituye una falta de respeto a la Cámara y a las leyes respectivas. Conforme a los artículos 7º y 9º del Reglamento General de Deberes Militares, “el ejercicio normal del mando exige, de parte de todo militar, un conocimiento perfecto de sus deberes y derechos” y “los militares tienen obligación de desempeñar las comisiones del servicio que se les nombre de acuerdo con sus empleos o las funciones que desempeñen en el ejército”. Con su negativa a comparecer, el general Sandoval no solo incurre en una grave falta administrativa: también falta a la disciplina de las fuerzas militares que él lidera. Se coloca a sí mismo no solo por encima de las leyes militares y los controles de gobierno civiles, sino por encima de la Constitución misma.
Desafortunadamente para quienes aún abogan por el estado de derecho, el superior inmediato del general Sandoval, quien podría exigirle el cumplimiento de su deber o iniciar los procedimientos de corrección disciplinaria, es el Comandante supremo de las fuerzas armadas, Andrés Manuel López Obrador. El mismo que manipula y miente a los mexicanos haciendo pasar al hackeo como una mera narrativa de sus adversarios. El mismo que sirvió de parapeto al general en una conferencia matutina, evitando que el secretario respondiera a cuestionamientos directos de una reportera.
En su narrativa, el presidente omite citar que los hackeos también han afectado a otros países, como Chile, en donde el jefe del Estado mayor conjunto renunció y la ministra de Defensa compareció ante el Congreso. Además, pretende hacer pasar las revelaciones mencionadas como un ataque “de los conservadores”, cuando se trata de información obtenida directamente por la vulneración a la Sedena. Si la actitud define al liderazgo, desde el inicio del sexenio el general tomó nota de que para el titular del ejecutivo, la ley es casi letra muerta. Solo que el general hoy está a cargo de la seguridad nacional a través del ejército, y de la seguridad pública a través de la Guardia Nacional.
Hace unos días, la militarización del país se extendió hasta 2028 a través de una reforma inconstitucional. Para calmar los ánimos, el senador Ricardo Monreal anunció que en dicha reforma se incorporaría, como medida de control de las fuerzas militares, la comparecencia semestral del titular de la Sedena, a efecto de rendir informe de estrategias y resultados ante el Congreso como encargado de la seguridad pública; medida, por cierto, ya contemplada en el texto constitucional.
Hoy preocupa la certeza de que al mando de tareas tan esenciales se encuentra un general que ha preferido ignorar que mandará mejor quien mejor sepa obedecer, por principio, el mandato constitucional del pueblo al que debe sumisión y lealtad.
es licenciada en derecho con especialidad en derecho fiscal por la UDLAP. Activista en favor de la cultura de la legalidad.
