La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión someterá hoy a votación una iniciativa de reforma constitucional que anula las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para resolver a favor de la igualdad sustantiva, la protección de grupos políticamente vulnerables y de la propia militancia de los partidos, entre otros asuntos de no menor importancia.
En efecto, el PRI, el PAN y el PRD están dispuestos a aliarse con el partido en el poder y sus satélites para revivir y consumar parte de esas reformas que la ciudadanía tajantemente rechazó en las concurridas manifestaciones de febrero de este año y noviembre de 2022. Al unirse en el plan para modificar los artículos 41, 73, 99 y 105 constitucionales, poco importa a los partidos de oposición el pacto expreso que hicieron con la ciudadanía en cuanto a no aprobar ninguna reforma constitucional (la llamada moratoria constitucional) en lo que resta de la presente legislatura –es decir, hasta pasadas las elecciones de 2024–, ni que la simulación y el oportunismo de su acompañamiento a las movilizaciones ciudadanas queden expuestos ante la opinión pública. Movimiento Ciudadano, hay que decirlo, es el único que por ahora respeta la palabra dada.
En términos sencillos, la iniciativa en materia de derechos y justicia político-electoral que pretenden aprobar los seis partidos este lunes, con el fin de avasallar al TEPJF establece que esta instancia judicial no podrá decidir ni proponer acciones afirmativas a favor de los pueblos originarios –indígenas y afromexicanos–, personas con capacidades distintas y comunidad LGTBIQ+. También pone en riesgo derechos políticos ganados a favor de las mujeres: por ejemplo, la obligatoriedad de los partidos de observar el criterio de paridad de género como herramienta para fomentar y proteger el derecho a la igualdad sustantiva, lo que se ha traducido en cada vez más espacios disponibles a las mujeres para participar en las contiendas electorales o el acceso a nombramientos en el esquema de las dirigencias cupulares. Además, acota la intervención del INE en la vida interna de los partidos, limitándolo a actuar exclusivamente conforme al texto constitucional. Por otro lado, deja fuera al TEPJF de las resoluciones de la Junta de Coordinación Política del Congreso –el órgano colegiado en el que se impulsan los acuerdos necesarios a fin de que el pleno esté en condiciones de tomar decisiones–, y lo limita a resolver sólo sobre temas previamente regulados en la Ley electoral. Recordemos, por citar un ejemplo, que el Tribunal Electoral ordenó a la mencionada Junta otorgar un lugar a Movimiento Ciudadano en la Comisión permanente. Por último, la reforma que impulsan el PAN, el PRI y el PRD con Morena y sus aliados pone en riesgo la participación representativa de la ciudadanía a través de los partidos de manera proporcional.
Alejandro Moreno, líder del PRI, expresó su solidaridad con la ciudadanía respecto de las irregularidades que tuvieron lugar durante el proceso de selección de los cuatro nuevos consejeros del INE. Sin embargo, apenas en diciembre intentó extender de forma indebida su dirigencia al frente de ese partido, cosa que el propio INE impidió oportunamente. No hay ninguna diferencia con lo que pretenden también Mario Delgado y Citlalli Hernández, presidente y secretaria ejecutiva de Morena, que han intentado extender su mandato sorprendiendo de mala fe a la militancia de su partido. Frente a ese intento, la magistrada Janine Otálora ha presentado un proyecto que declara inconstitucional de forma definitiva e inapelable la pretensión de extender estos liderazgos, por las impugnaciones presentadas por militantes del partido en el poder.
De aprobarse la reforma de los seis partidos, los militantes no podrán acudir ante el TEPJF a defender sus derechos políticos. Tampoco podrán hacerlo los integrantes de la Cámara de Diputados cuyos derechos sean atropellados por el grupo parlamentario o partido político al que pertenezcan. Las mujeres que pueden presumir formar parte de un Congreso paritario, o la comunidad LGTBIQ+, que hoy cuenta con representación en el legislativo, también perderían el medio de defensa definitivo de sus derechos políticos.
A los líderes de los partidos de oposición y sus representantes de grupos parlamentarios, todo parece indicar, la defensa del INE les resulta conveniente cuando frena al oficialismo y protege su ambición para ostentar el máximo poder en México. Pero ese oficialismo les resulta afín cuando el propósito es restringir a la autoridad judicial electoral, para así hacer y deshacer a su antojo al interior de sus partidos.
Este es un momento definitorio en la relación de los partidos políticos con la ciudadanía. Este día se sabrá con certeza si la oposición se conforma esencialmente por veletas antidemocráticas o por interlocutores legitimados. El balón está en la cancha de los partidos de oposición. Pero el estadio, rumbo al gran encuentro del 2024, está lleno de millones de ciudadanos observando. ~
es licenciada en derecho con especialidad en derecho fiscal por la UDLAP. Activista en favor de la cultura de la legalidad.
