Desde el interior del palacio virreinal donde habita, el presidente mexicano ha anunciado que la “pobreza franciscana” será el parámetro rector del gasto público para el siguiente año por lo menos. Por principio, el incorporar un principio tomado de una orden eclesiástica contradice a la laicidad como uno de los principios rectores del Estado mexicano. Además, la pretendida austeridad del mandatario no ha conseguido los objetivos que se proponía.
¿A qué se refiere López Obrador cuando anuncia que la administración del gasto público se regirá por el principio de la “pobreza franciscana”? En la actualidad, se encuentra en vigor la llamada Ley de Austeridad Republicana, cuyo propósito principal, según se hizo saber, consiste en la reducción del gasto presupuestal. Partiendo de esta premisa se recortó personal en casi todas las dependencias de gobierno, entorpeciendo notoriamente a la administración federal: páginas oficiales que ofrecen servicios a la ciudadanía se han vuelto ineficientes por la falta de mantenimiento y personal a cargo; comisiones como la Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y sus registros son precarios y casi obsoletos por los recortes administrativos ordenados. Se han violado normas de derecho laboral al negar a los burócratas prestaciones como la percepción del aguinaldo. Se cancelaron pólizas de seguros de gastos médicos, obligando a los burócratas a recurrir a los servicios públicos de salud, saturados y pobremente abastecidos.
Sin embargo, la Ley de Austeridad no ha servido para hacer eficiente el gasto público. Por el contrario, desde la vigencia de esta ley se duplicó el gasto de inversión para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que en estos días no opera ni siquiera cerca de su máxima capacidad, por lo que constituye un pasivo para la actual administración. El costo por la desviación y construcción del Tramo 5 del Tren Maya también ha duplicado el costo de inversión originalmente planeado, y la obra ha sido suspendida por resolución judicial, al no cumplir con los requisitos mínimos indispensables para la ejecución de una obra pública, como el Estudio de Impacto Ambiental.
Las mismas decisiones personalísimas del presidente van en contra de la “austeridad republicana”: tan solo por la ocupación del palacio que decidió habitar al principio de sexenio, los mexicanos pagan un total de 6 millones de pesos mensuales, sin contar gastos de seguridad y alimentación del presidente y su equipo inmediato. La negativa del presidente a usar el avión presidencial y en su lugar viajar en aviones comerciales, ha generado un gasto total de 7 millones 844 mil pesos solo en los ejercicios presupuestales correspondientes a los años 2020 y 2021, por concepto de “servicio para la reservación y compra de pasajes aéreos, hospedaje y alimentación para el titular del Ejecutivo Federal y su entorno” (gasto que se ha erogado por conducto de una agencia de viajes de la que por siete años fue gerente administrativa la actual gestora de viajes del presidente). Mientras tanto, se estima que solo para el ejercicio fiscal de 2022, la Sedena destinará un presupuesto de hasta 331.4 millones de pesos al mantenimiento y otros rubros relacionados con el avión presidencial en desuso. En contraste, en 2022 se destinarán únicamente 37 de millones de pesos al programa de Mantenimiento de Infraestructura Física Educativa, dirigido a las escuelas de educación básica y media superior.
Además de que el gasto público no ha disminuido ni se ha ejecutado con eficacia, eficiencia y transparencia, muchos gastos y partidas han sido resguardadas al secreto bajo el pretexto de la seguridad nacional. Entre ellos están las concerniente a la adquisición de las vacunas contra el virus SARS-CoV-2.
Lo que sí ha sufrido una reducción considerable es la calidad de los servicios que el gobierno ofrece a la ciudadanía: se han perdido diez mil kilómetros de carretera del 2018 a la fecha a lo largo del territorio nacional; el desabasto de medicamentos continúa y es una de las principales aflicciones de millones de mexicanos que padecen alguna enfermedad catastrófica. La seguridad pública es casi inexistente. Los servicios de salud están rebasados y el Insabi es hoy inoperante. El programa de Escuelas de Tiempo Completo ha sido eliminado. Programas dedicados específicamente a mujeres o con perspectiva de género, como el de apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas o el Seguro de Vida para Jefas de Familia, ambos de la Secretaría del Bienestar, al primer trimestre de 2022 contaban con un presupuesto en ceros.
Pero si hablamos de gasto público, es preciso dejar claro que este debe ser congruente y vinculante. La finalidad de los ingresos tributarios del Estado es costear los gastos públicos; este es un principio constitucional del derecho presupuestario. Por ello, si la finalidad del presidente es reducir el gasto público al nivel que exige la pobreza franciscana, en consecuencia deben reducirse también los ingresos del Estado. Una forma de reducir estos ingresos sería la reducción de las tasas tributarias o del monto que por pago de servicios erogan los ciudadanos, por ejemplo. Reducir el gasto sin reducir el ingreso es simple dispendio del dinero público.
Por otro lado, el gasto público debe repartirse de forma equitativa a fin de cubrir todas las necesidades de la gente; redistribuirlo reduciendo los montos asignados a los servicios urgentes de salud, educación o seguridad pública que precisa la ciudadanía para reasignar esos recursos a las obras caprichosas del Ejecutivo es derrochar arbitrariamente los ingresos que percibe una administración gubernamental, y constituye un abuso de poder.
Si el presidente quiere ser ejemplo de humildad y vivir en la pobreza franciscana, bien podría empezar por desalojar el Palacio Nacional e irse a vivir a una residencia mucho más sencilla y adecuada con el sistema de creencias franciscano. Esas decisiones entran en el ámbito de su esfera personal y no en el ámbito de la titularidad del poder ejecutivo. A los únicos que puede recomendar o exigir el seguimiento de un pensamiento y forma de vida eclesiástico es a su círculo más cercano.
Pero el dinero público que su gobierno obtiene de los frutos del trabajo de cada mexicana y mexicano como ingreso el Estado Mexicano está obligado a gastarlo optimizando los recursos con eficacia, eficiencia y transparencia, para que cada ciudadana y ciudadano tenga los medios adecuados para acceder al derecho a la salud, la educación, la seguridad, los servicios públicos dignos y la elección libre del modo honesto de vivir.
Para eso se postuló y ganó. Nada más.
es licenciada en derecho con especialidad en derecho fiscal por la UDLAP. Activista en favor de la cultura de la legalidad.
