Las feministas nicaragüenses, al igual que sus pares en otros países y regiones, combaten el peligro que significa la poderosa ola de derecha radical que se extiende por el mundo. Pero esta amenaza no debe eclipsar la necesaria solidaridad con las resistencias feministas a regímenes totalitarios nacidos de la izquierda revolucionaria, como el liderado por Daniel Ortega desde 2007. Hoy día, tres generaciones de feministas nicaragüenses representan estas luchas, cuyo hilo conductor comienza hace medio siglo y no es otro que la transformación de las relaciones de poder en Nicaragua, marcadas por la violencia y el conservadurismo.
Para las feministas nicaragüenses que participaron en la revolución armada que llevó al derrocamiento de la dictadura somocista en 1979, las críticas al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) comenzaron en los años ochenta. Esta progresiva ruptura respondió, ante todo, a la confiscación masculina del poder por parte de los nueve comandantes de la dirección Nacional del FSLN, sumada a la imposibilidad de las reformas para combatir la violencia de género, despenalizar el aborto y levantar la censura a homosexuales y lesbianas. La reforma agraria favoreció a los hombres y se exigió subordinación de las organizaciones sociales, entre ellas las feministas, al partido de gobierno.
Esta generación de activistas, nacidas entre los años 1940 y comienzos de los 1960, formó, durante el gobierno de Violeta Chamorro (1990-1997), asociaciones independientes que significaron la continuación de sus políticas durante el sandinismo. A estas se sumó la acción sindical de las mujeres que trabajaban en las maquiladoras. Las feministas participaron activamente en las protestas por el empobrecimiento de la población, devastada por la guerra y las políticas económicas desacertadas, tanto del sandinismo como de la posterior administración de Chamorro. Conservador y católico, declaradamente anti derechos sexuales y reproductivos, este gobierno pretendía encerrar a las mujeres en un papel familiar tradicional, que las guerrilleras y las feministas sandinistas habían contribuido a socavar.
Con el paso de los años, se sumó una segunda generación de feministas nacidas en los años sesenta, setenta y tempranos ochenta. Junto con sus antecesoras, construyeron un poderoso movimiento de lucha contra la violencia patriarcal, impulsando una sucesión de leyes que penalizaron los delitos sexuales (1992) y la violencia intrafamiliar (1996). Consiguieron que se aprobara la Convención de Belem do Para (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer) en 1995 y construyeron redes de acompañamiento a las víctimas con un enfoque psicosocial y feminista en todo el país.
También desenmascararon el engaño del antagonismo derecha-izquierda que encubría los pactos patriarcales y las reconciliaciones entre hombres supuestamente adversarios, como Daniel Ortega y Arnoldo Alemán. Las feministas emancipadas del FSLN fueron las primeras, y durante mucho tiempo las únicas en Nicaragua, en afirmar que era problemático para el futuro de un país que un representante político organizara su impunidad judicial tras ser procesado por violación. En 1999, Daniel Ortega, entonces diputado tras haber sido jefe de Estado, fue acusado por la hija de su esposa Rosario Murillo de violencia sexual perpetrada desde la infancia. Se organizó un acuerdo de inmunidad e impunidad con el entonces presidente Alemán, acusado a su vez de malversación de fondos públicos.
Alemán ejerció una fuerte presión contra las ONG que defendían los derechos reproductivos y sexuales. Al final de la presidencia de Enrique Bolaños (2002-2007) se selló un nuevo pacto patriarcal entre el FSLN y los partidos de derecha para penalizar totalmente el aborto. En este contexto hostil al feminismo, el Movimiento Autónomo de Mujeres consideró tan tempranamente como en el año 2005 que el regreso de Daniel Ortega al poder significaría la instauración progresiva de una dictadura. Fueron sus activistas las primeras, con el grupo feminista Venancia de Matagalpa, en sufrir amenazas de todo tipo y el allanamiento arbitrario de su local tras la vuelta al poder del FSLN en 2007. Entre 2007 y 2018 crecieron las presiones a las organizaciones feministas y a sus activistas, a través de campañas de descrédito y del control de sus financiamientos. Significó el precio a pagar por manifestarse en contra de los excesos autoritarios de Ortega, en particular las reformas a la Constitución que lo han mantenido en el poder.
Después de su toma de posesión, Ortega y Murillo (esta primero como ministra, luego como vicepresidenta a partir de 2016) organizaron el desmantelamiento progresivo de diferentes políticas de género, como las redes de servicios en torno a las Comisarías de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia, establecidas durante el gobierno de Chamorro y mantenidas a pulso por la Red de Mujeres contra la Violencia, un movimiento feminista con un notable tendido territorial. La pareja presidencial las ha sustituido por los Gabinetes de la Familia, organizaciones parapartidarias dirigidas por el gobierno. Se supone que los Gabinetes organizan la mediación entre cónyuges o entre víctimas y agresores, en base a un decreto que dejó sin sentido una Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres, aprobada en 2013 gracias a la iniciativa del Movimiento de Mujeres Trabajadoras María Elena Cuadra.
La rebelión popular de 2018 contó con la participación del movimiento feminista e involucró a varias generaciones, incluida la que nació después de 1990, y a todas las clases sociales nicaragüenses, mientras la propaganda pregonaba por doquier el renacimiento del FSLN como “revolución cristiana, socialista y solidaria”, consigna impugnada por la oposición, en un país en el que la religión sigue siendo piedra angular de las sociabilidades (en este contexto, al activismo feminista de Católicas por el Derecho a Decidir de Nicaragua ha sido contundente).
La represión del levantamiento fue brutal y hubo al menos 300 muertos, además de centenares de personas heridas y presas. En el año de la crisis, la mitad de las asociaciones del país fueron prohibidas; entre ellas se encontraban prácticamente todas las ONG y grupos feministas, que tenían una impresionante presencia territorial. Poco a poco, sus activistas, bajo vigilancia sistemática, se vieron obligadas a marcharse, a menudo en condiciones de emergencia o de clandestinidad. Dora María Téllez, Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil y Suyen Barahona –presas políticas conocidas como feministas y como militantes del partido disidente del FSLN, el Movimiento de Renovación Sandinista, ahora llamado Unamos–, fueron sometidas a tratamientos crueles y sexistas. Luego de su excarcelación y exilio, quienes habían sido encarcelados por motivos políticos, como estas activistas, perdieron la nacionalidad, sus bienes fueron confiscados y sus familias permanecieron bajo custodia.
Hay aún 37 presos y 8 presas políticas en las cárceles de Nicaragua. No se permite ninguna manifestación ni agrupación de asociaciones, y quienes lleguen a iniciar una participación pública pueden ser detenidas. El desmantelamiento de las organizaciones de la sociedad civil y el golpe a sus redes son reales. Pero el activismo feminista, siempre rico en su pluralidad y vivo debate, continúa a pesar del exilio, de la dispersión territorial forzada y de la censura en Nicaragua, reuniendo a distintas generaciones e itinerarios. Un ejemplo es La Corriente, organización ahora activa desde San José Costa Rica, cuyos programas radiales constituyen un invaluable archivo de la historia feminista nicaragüense y un recurso importante para comprender la actualidad de los atropellos a los derechos de las mujeres. También el ya mencionado Movimiento Autónomo de Mujeres sigue siendo un referente feminista.
Los esfuerzos de solidaridad han tomado rasgos internacionalistas, como lo atestigua el comunicado reciente de la Red Feministas por Nicaragua en España. La iniciativa IM-Defensoras ha juntado a activistas en una perspectiva innovadora, la protección integral feminista, para las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica.
Una generación más joven se encuentra en el periodismo independiente a través de medios de izquierda como Hora Cero, Divergentes y Artículo 66. También en iniciativas por los derechos de las mujeres migrantes, como el colectivo Volcánicas, y por la preservación de la memoria, como La Digna Rabia, cuyo objetivo es “romper con los olvidos y silencios históricos que sostienen y reproducen las opresiones”. Otras se reúnen en el proyecto de “reestructurar la manera de hacer política, sin autoritarismo ni machismo que detenga a las mujeres”, en palabras del grupo Subversivas.
Sus apuestas democráticas para Nicaragua y la región ciertamente varían en contenido estratégico, pero tienen un fundamento original común, basado en la experiencia en carne propia de los efectos individuales y colectivos del afán de control no solo sobre los poderes convencionales, sino también sobre las personas, en particular de las mujeres y de las niñas, a través de la limitación o anulación de sus derechos fundamentales.
Es a partir de la comprensión de estas trayectorias de resistencia y rebeldía y desde la agudeza de su análisis independiente de los alineamientos ideológicos, que debe entenderse la situación actual de las feministas nicaragüenses y su aporte para el futuro democrático de la nación centroamericana. Como dice Marcela (nombre falso): “Hemos hablado en varios espacios de que no hay una sola agenda, sino diversas agendas, porque el feminismo es diverso. Está la agenda de las mujeres indígenas, afrodescendientes, caribeñas, rurales, incluso de niñas y adolescentes, migrantes, mujeres de la diversidad, donde cada una nombra sus necesidades específicas, posiciona sus derechos, pero podríamos tener consenso que donde nos unimos todas es por vivir libres de violencias, que es el derecho principal de todas, el respeto a nuestro cuerpo, incluyendo el aborto legal y seguro, el trabajo integral de los Derechos Sexuales y Reproductivos y sobre todo en estos momentos de dictadura feroz y atroz, es la lucha por un país democrático”. ~
es socióloga. Su libro más reciente es Violencias contra las mujeres. De la revolución a los pactos de poder, Nicaragua 1979-2008 (CEMCA, 2024).
