Desde el inicio de su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tuvo como objetivo distanciarse de la escena internacional para enfocarse en la política interna de México. Si bien logró ausentarse de importantes cumbres y reuniones globales, la relación con Estados Unidos fue una que no pudo ignorar. Además de compartir una frontera de más de 3,000 km, México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Ambas economías están interconectadas, la seguridad de ambos países depende de la cooperación bilateral, y la migración solo se puede atender si las dos naciones profundizan vías de colaboración. Los gobiernos pueden tener prioridades distintas, pero para hacer avanzar sus intereses necesitan estrechar lazos y fortalecer la cooperación bilateral.
En el discurso que dio tras su victoria el 1 de julio de 2018, el mandatario mexicano aseguró que buscaría una relación de amistad y de cooperación para el desarrollo con Estados Unidos, basada en el respeto mutuo y la no intervención. A pesar de las distintas críticas lanzadas por AMLO a su vecino al norte en los últimos años, la cooperación ha continuado en los temas fundamentales de la agenda bilateral: la seguridad, el comercio y la migración.
Los primeros dos años del sexenio de López Obrador coincidieron con la administración de Donald Trump. En este lapso, la política de AMLO hacia Estados Unidos consistió principalmente en implementar el T-MEC y cooperar para frenar la migración a cambio de la no intervención en los asuntos internos de México. La estrategia parecía haber funcionado: la administración Trump expresó poca preocupación por los esfuerzos de López Obrador para revertir la reforma energética de 2013 a pesar de su impacto en las inversiones estadounidenses en México, y se abstuvo de criticar la situación de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en el país.
Con el gobierno del presidente Joe Biden, los dos países han fortalecido los esfuerzos de colaboración a través de diversos mecanismos institucionales. El relanzamiento del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) entre Estados Unidos y México, la implementación del Entendimiento Bicentenario para Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras entre Estados Unidos y México y el reinicio de la Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN), han ayudado a revitalizar la relación bilateral y trilateral con Canadá.
El T-MEC, que entró en vigor en julio de 2020, estableció un marco legal y regulatorio que ha aumentado la inversión, creado empleos, fortalecido las cadenas de suministro, y profundizado la integración de América del Norte. Como en cualquier relación entre vecinos, existen varios desafíos entre Estados Unidos y México, pero la mejor manera de solucionarlos es a través de la colaboración.
Seguridad
AMLO prometió poner fin a la guerra contra las drogas y enfrentar al crimen organizado con una estrategia de seguridad basada en el lema “abrazos, no balazos”. Su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 se centró en abordar las raíces de la inseguridad, en lugar de enfrentar directamente a las organizaciones criminales transnacionales. El plan incluía medidas anticorrupción, políticas económicas, mayores protecciones hacia los derechos humanos y medidas de salud pública, al igual que ofrecer tratamiento al consumo de drogas y la exploración de la legalización de las drogas, la justicia transicional y la amnistía para algunos delincuentes. Su enfoque social para prevenir la violencia incluyó la creación de una nueva Guardia Nacional –de carácter civil, en principio–, para reemplazar las tareas de seguridad pública de la extinta Policía Federal.
AMLO pidió terminar con la Iniciativa Mérida, establecida por los presidentes George W. Bush y Felipe Calderón en 2007, la cual establecía un marco para la cooperación entre Estados Unidos y México para desmantelar organizaciones criminales, fortalecer el Estado de derecho, modernizar la frontera y ayudar a las comunidades afectadas por la violencia.
Con la llegada del presidente Biden a la Casa Blanca, AMLO tenía la preocupación de que el gobierno estadounidense le prestaría más atención a la seguridad bilateral que la administración Trump. Ante ello, una de las primeras medidas que impulsó AMLO en el Congreso fue reformar la Ley de Seguridad Nacional para limitar y regular la actuación de los agentes extranjeros que operaban en suelo mexicano, obligándolos a reportar sus actividades e inteligencia con el gobierno mexicano; también retiró la inmunidad diplomática que suelen tener este tipo de agentes.
La desconfianza de AMLO hacia las agencias de seguridad estadounidenses se vio agravada por la detención del ex secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos por parte de funcionarios de la DEA en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en octubre de 2021. Fue acusado de trabajar con el grupo denominado H-2 para enviar miles de kilos de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana a los Estados Unidos. Ante la furia del gobierno mexicano, el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos abandonó el caso y permitió que Cienfuegos regresara a México para ser investigado. Poco después, la Fiscalía General de la República anunció que no había encontrado motivos para acusarlo. AMLO arremetió contra la DEA por la detención e hizo públicos los documentos confidenciales proporcionados por el DOJ.
Las tensiones con la DEA aumentaron desde entonces. En abril de 2022, el gobierno mexicano desmanteló una Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) antinarcóticos establecida en la década de 1990 que había trabajado directamente con la DEA para capacitar a agentes para combatir el crimen organizado. En mayo del mismo año, el gobierno de México rescindió la autorización para que la DEA estacionara una aeronave que utilizaba para realizar misiones en contra de los cárteles y transportar a agentes estadounidenses. Estas acciones distanciaron aún más a las agencias de seguridad de Estados Unidos y México.
Sin embargo, en septiembre de 2021, ambos países anunciaron el Entendimiento Bicentenario para la Seguridad, la Salud Pública y las Comunidades Seguras entre México y Estados Unidos, que reemplazó a la Iniciativa Mérida y estableció un enfoque integral de largo plazo, con acciones binacionales destinadas a fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad. El Entendimiento Bicentenario tiene como objetivo reconstruir la confianza entre las agencias de seguridad en ambos lados de la frontera, con las prioridades de los dos gobiernos. Para México, la mayor prioridad es reducir el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México. Prueba de ello son las dos demandas civiles presentadas en 2021 ante tribunales estadounidenses contra fabricantes de armas que, por descuido y negligencia, facilitan el tráfico ilícito de armas a territorio mexicano. Por su parte, el gobierno de Biden quiere combatir al tráfico ilícito de drogas, debido a la crisis de salud pública que sufre Estados Unidos con más de 100,000 muertes por sobredosis, el 70% de ellas por fentanilo, en 2023.
En teoría, los objetivos delineados en el Entendimiento Bicentenario trazan un rumbo claro para los dos países en materia de seguridad. De acuerdo con reportes publicado en 2023 y 2024 de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos, el proceso para evaluar el progreso hacia las metas compartidas del Entendimiento Bicentenario es esencial, y actualmente se está negociando con el gobierno mexicano un conjunto de indicadores para medir su desempeño. A menos de que se incorporen todos los elementos para evaluar el progreso, el gobierno estadounidense no podrá demostrar que está logrando sus objetivos en México y que sus inversiones, que ascienden a más de 3,000 millones de dólares desde 2008, se han gastado de manera eficaz. Si México no logra acordar con sus contrapartes estadounidenses una manera de medir los logros alcanzados, el Congreso de E.U. podría reducir el presupuesto destinado al país en materia de seguridad.
Durante una reunión bilateral en julio de 2022, Biden y López Obrador se comprometieron a establecer un grupo de trabajo operativo entre Estados Unidos y México para interrumpir el flujo de fentanilo. Según el último informe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), las incautaciones de fentanilo entre octubre de 2022 y septiembre de 2023 ascendieron a 12,246 kilos, un aumento sustancial con respecto al año fiscal anterior, con 6,667 kilos y 5,080 kilos en 2021. A pesar de ello, no han sido pocas las ocasiones en donde el gobierno mexicano ha negado la producción de fentanilo dentro del país.
La estrategia de seguridad de AMLO fracasó, a grandes rasgos. Los cárteles han adquirido mayor control territorial y siguen peleando por el dominio de zonas estratégicas, el narcotráfico, el huachicol; también han demostrado su influencia durante las elecciones. Los datos de homicidios, feminicidios y asesinatos de periodistas durante este sexenio son alarmantes. El más reciente informe publicado por el Departamento de Estado estadounidense sobre prácticas de derechos humanos en México señala que no hubo avances en el tema en 2023, resaltando problemáticas como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, complicidad estatal, detenciones arbitrarias, violencias de género, tortura y ataques contra periodistas y otros grupos, que en su mayoría quedaron en la impunidad.
Recuperar la confianza mutua entre agencias de seguridad en ambos lados de la frontera será clave para restablecer la cooperación bilateral en el futuro próximo. Las propuestas de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad son prometedoras y sus contrapartes estadounidenses están optimistas de los cambios que puedan instituirse bajo su sexenio. Si bien Sheinbaum espera fortalecer a la Guardia Nacional adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, la creación de un Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación que coordine a diversas instancias gubernamentales y de seguridad con el objetivo de robustecer la capacidad de las fiscalías, aumentar la judaización de los casos, reducir la impunidad, y profundizar el combate a las finanzas y operaciones del crimen organizado, tiene el potencial de revitalizar la relación con agencias de seguridad estadounidenses.
El T-MEC y el comercio en América del Norte
El 1 de julio de 2020 entró en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual modernizó el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN). El T-MEC estableció un marco legal y regulatorio que brinda certidumbre y reglas claras para atraer inversión. Actualizó muchos de los capítulos del TLCAN e incluyó nuevos capítulos sobre comercio digital, medio ambiente, laboral, buenas prácticas regulatorias y pequeñas y medianas empresas, entre otros. El Capítulo 31 del T-MEC integró nuevos mecanismos para la solución de controversias, que desde su entrada en vigor se han utilizado siete veces para resolver disputas comerciales, incluyendo sobre la interpretación de las reglas de origen y para resolver conflictos en el sector agrícola y energético.
El T-MEC entró en vigor meses antes de que el presidente López Obrador tomara posesión, aunque el equipo de transición del entonces presidente electo participó en la etapa final de las negociaciones. A cuatro años desde su inicio, los resultados del tratado son asombrosos. El intercambio de productos y servicios en América del Norte ha aumentado 50% y la inversión ha crecido un 136% desde 2020. En 2023, el valor total del comercio dentro de América del Norte superó los 1.88 mil millones de dólares, equivalente a 3.6 millones de dólares intercambiados cada minuto. En ese mismo año, México se posicionó como el primer socio comercial de Estados Unidos, registrando casi 8 mil millones de dólares de comercio entre los dos países, por encima de Canadá y China.
Impulsado por el fenómeno de nearshoring –la relocalización o transferencia de una operación comercial a países que están localizados en destinos cercanos y con una zona horaria semejante– y por cuestiones geopolíticas, México ha gozado de niveles elevados de inversión extranjera directa (IED). A pesar de que la IED en México ha aumentado desde 2020, de acuerdo con un estudio de Deloitte, únicamente 16% corresponde a nuevas inversiones, mientras que 76% fue destinado a la reinversión en proyectos en curso. 2023 fue uno de los años que registró la menor cantidad de inversiones nuevas en el país en la última década.
Las distintas políticas impulsadas por AMLO durante su sexenio en el sector energético, así como la posibilidad de que se apruebe la reforma judicial, han disminuido la confianza, la certidumbre y la claridad en las reglas para los inversionistas. Estados Unidos podría solicitar la instalación de un panel sobre la disputa energética en cualquier momento, mientras que, en cuanto al maíz, EU ya solicitó un panel para su resolución. La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, heredará ambas disputas y tendrá que enfrentarlas con el próximo mandatario estadounidense.
De cara a la revisión del Tratado en 2026, estas disputas y otras podrán surgir como punto de tensión entre los tres países. Otro factor que sin duda cobrará relevancia en la revisión será la inversión china en México. Hay poco en lo que coinciden los republicanos y los demócratas en el Congreso estadounidense, pero frenar la expansión e influencia de China en el mundo, y en particular en la región de América del Norte, es un tema que une a los dos partidos.
México tendrá que demostrar que las empresas chinas que tienen operaciones e inversiones en el país no se aprovechan de los beneficios que ofrece el T-MEC con el fin de evitar los aranceles que Estados Unidos le ha impuesto al gigante asiático desde el inicio de la guerra comercial en 2018. El Memorándum de Intención (MOI) firmado por la secretaria del Tesoro de Estados Unidos y el secretario de Hacienda y Crédito Público de México en diciembre de 2023 estableció un grupo de trabajo para la revisión nacional de la inversión extranjera directa en México, enfocado en ciertas tecnologías, infraestructura crítica e información sensible. El MOI no menciona a China directamente, pero el entendido es que el grupo se enfocará en monitorear la inversión china en el país de cara a la revisión de 2026.
Otros mecanismos como el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) y la Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN) han complementado el T-MEC. El DEAN comenzó durante la administración Obama y se restableció después de una pausa de cinco años en septiembre de 2021, bajo el gobierno de Biden. El DEAN contiene cuatro pilares centrados en fortalecer las cadenas de suministro y promover la facilitación del comercio y la infraestructura entre ambos países, incluida la creación de un Grupo de Trabajo sobre la Cadena de Suministro que se centra en semiconductores y tecnologías de la información y la comunicación (TIC). También enfatiza el desarrollo de la fuerza laboral para garantizar que las empresas puedan contratar trabajadores con las habilidades necesarias para integrarse en sectores especializados. De igual forma, promueve la compatibilidad regulatoria y la mitigación de riesgos en cuestiones relacionadas con las TIC, la ciberseguridad y la infraestructura de telecomunicaciones.
Por su parte, la agenda de trabajo de la CLAN intenta fortalecer muchos de los mismos objetivos del DEAN, con la creación de un mecanismo trilateral para aumentar la inversión en semiconductores y cadenas de suministro regionales. Busca expandir el mapeo de minerales críticos, combatir el cambio climático con economías basadas en energía limpias y propone trabajar de manera coordinada para lidiar y atender las causas de raíz de la migración. Si bien todos estos esfuerzos están destinados a establecer un marco para la prosperidad económica regional, medir y monitorear los resultados será de suma importancia para evaluar los objetivos alcanzados y los que faltan por concretarse.
Los próximos mandatarios de México y Estados Unidos tendrán la tarea de prepararse debidamente para la revisión del T-MEC en el 2026 y seguir fortaleciendo la integración de América del Norte para poder competir contra otras potencias comerciales en el mundo. Varias propuestas de Claudia Sheinbaum en esta materia mandan una señal positiva a sus contrapartes estadounidenses y canadienses.
El anuncio de la creación de un Consejo Asesor Empresarial para el desarrollo y la relocalización de empresas, liderado por Altagracia Gómez, tiene como objetivo potenciar el desarrollo regional a través del nearshoring, coordinando a todas las institucionales federales en este ámbito con el sector privado. A diferencia de AMLO, la apuesta de Sheinbaum de invertir en la generación de energías limpias y renovables como punto determinante para atraer inversión se alinea a las disposiciones del T-MEC. Otro compromiso mencionado en los 100 pasos para la Transformación es fortalecer los 12 parques industriales del sureste y desarrollar 10 Polos de Desarrollo para el Bienestar, los cuales contarán con incentivos para atraer la inversión y detonar la actividad económica de la región. Además, propone fortalecer los principales sectores de la política industrial, como los semiconductores, la electromovilidad, los dispositivos médicos, la agroindustria, y el sector de electrónica, con obras estratégicas de infraestructura en diez corredores industriales del país. Ahora solo falta esperar ver que tipo de resultados rinden la implementación de estos y otros proyectos.
Migración
La cooperación bilateral para enfrentar las olas de migrantes que transitan por México con el fin de ingresar ilegalmente a Estados Unidos se ha profundizado en los últimos años. Al llegar Donald Trump al poder en 2016, dos temas predominaron en la agenda con México: la migración y el comercio. Frenar el ingreso de miles de migrantes a territorio estadounidense fue un pilar fundamental del triunfo de Trump. En diciembre de 2018, el expresidente anunció la creación de un nuevo programa llamado Protocolos de Protección a Migrantes, mejor conocido como “Quédate en México,” el cual forzaba a que los migrantes permanecieran en territorio mexicano hasta la fecha de su audiencia en una corte de inmigración estadounidense. La política afectó a casi 70,000 migrantes.
En 2019, Trump amenazó con imponer aranceles a todas las importaciones mexicanas si el gobierno de López Obrador no hacía más para detener el cada vez mayor ingreso de migrantes por su frontera con Guatemala. Los aranceles aumentarían gradualmente, empezando con 5% y con la posibilidad de llegar hasta 25%. Tras una visita del entonces canciller Marcelo Ebrard a Washington, Trump anunció que había alcanzado un acuerdo con el gobierno mexicano para detener “la marea migratoria” y que, por ende, la imposición de aranceles quedaba suspendida de manera indefinida.
López Obrador desplazó a miles de elementos de la Guardia Nacional para blindar sus fronteras. Trump entendió bien que el punto de presión para que México hiciera más en materia migratoria era a través de medidas comerciales. Es decir, utilizó una medida comercial para abordar un tema migratorio, dos asuntos que normalmente se trataban de manera separada. Trump marcó un precedente importante, ya que sus amenazas sí lograron una disminución en la cantidad de migrantes que intentaban ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Según datos de la Oficina de Seguridad Nacional estadounidense, en 2019 hubo alrededor de 850 mil encuentros en la frontera sur de Estados Unidos, mientras que en 2020 se registraron un poco más de 400,000.
Con la llegada de la pandemia de covid-19 en marzo de 2020, el presidente Trump implementó el Título 42, una sección de la Ley de Servicio Público de Salud de 1944, que permite que el gobierno pueda detener la entrada y expulsar rápidamente a personas que ingresan al país ilegalmente por una emergencia nacional de salud pública. Entre marzo de 2020 hasta mayo de 2023, cuando se terminó el Título 42, casi 3 millones de migrantes fueron expulsados bajo esta medida.
Al tomar posesión de la Casa Blanca en enero de 2021, el presidente Biden se comprometió a darle un giro a las políticas migratorias de su antecesor. Poco después de asumir el cargo, emitió una orden ejecutiva en febrero de 2021 prometiendo 4 mil millones de dólares durante cuatro años para reducir la migración a Estados Unidos desde los países del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador). Alejándose de las políticas de su antecesor, enfatizó el trabajo con las organizaciones de la sociedad civil, la reducción de la desigualdad económica, la lucha contra la corrupción, la protección de los derechos humanos y laborales y la creación de vías seguras y legales para la migración.
Dicho esto, el gobierno de Biden continuó utilizando el Título 42 hasta mayo de 2023, aunque excluyó a los niños no acompañados de la medida. Entre mayo 2023 y febrero 2024, ha deportado a aproximadamente 500,000 mil personas a México y otros países, superando los totales de Trump, que llegaban a casi 500,000 al año, debido en gran parte al aumento de encuentros en –es decir, migrantes detenidos y expulsados del país, o que fueron detenidos pero se les permitió pasar por procedimientos de deportación de rutina, que incluyen solicitar asilo mientras estaban en Estados Unidos– la frontera sur. A pesar de su intención de cambiar el rumbo, el mandatario estadounidense enfrentó niveles sin precedentes de encuentros en la frontera sur de su país. De acuerdo con cifras de CBP, en 2021 se registraron más de 1.734 millones de encuentros en la frontera entre México y Estados Unidos. En 2022 la cifra aumentó a 2.378 millones, en 2023 a 2.475 millones y en lo que ha transcurrido del año fiscal actual, van 1.691 millones de encuentros.
Ante estas cifras en aumento, de cara a las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre y tras la derrota de un acuerdo fronterizo bipartidista en el Congreso estadounidense, el presidente Biden se ha visto forzado a tomar medidas más agresivas para frenar la migración. En enero de 2024, Biden anunció que ampliaría un programa para aceptar a hasta 30 mil migrantes por mes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela durante dos años, aunque deportaría a aquellos que intentaran evadir las leyes estadounidenses. A la par, México aceptó recibir hasta a 30,000 migrantes al mes de estos cuatro países que intenten cruzar la frontera hacia Estados Unidos y sean devueltos. Washington no puede regresar a estos migrantes a sus países de origen debido a que tiene poca relación con esos gobiernos.
A cinco meses de las elecciones en Estados Unidos, Biden firmó una orden ejecutiva que restringe el acceso de migrantes indocumentados al país y hace más difícil la posibilidad de obtener asilo. La orden ejecutiva se activará cada vez que las autoridades fronterizas registren más de 2,500 detenciones por día durante una semana y se suspenderán si bajan a menos de 1,500 en el mismo periodo.
Pero no todo ha sido negativo. En junio 2022, Biden cumplió su promesa de terminar con el programa “Quédate en México” tras el fallo de la Corte Suprema que dictaminó que el gobierno federal no violó la ley federal cuando puso fin a la política de inmigración de la era Trump. En 2023, un juez prohibió la política de separación de familias en la frontera durante ocho años. La Casa Blanca también anunció una iniciativa que permitirá a parejas e hijos de ciudadanos estadounidenses que no tienen la nacionalidad regularizar su situación, siempre y cuando hayan residido en el país al menos 10 años antes del 17 de junio de 2024.
Queda claro que Estados Unidos, y en particular el presidente Biden durante un año electoral, forzosamente requiere de la cooperación de México para detener los flujos de migrantes hacia el norte. El presidente López Obrador ha sabido como utilizar esta situación a su favor. Tanto en el gobierno de Trump como en el de Biden, se ha establecido un silencio implícito en cuanto a las medidas antidemocráticas y reformas constitucionales que ha impulsado el gobierno de la Cuarta Transformación. Se puede interpretar como una especie de quid pro quo:México coopera para frenar la migración y Estados Unidos se mantiene distante de los asuntos de política interior de su vecino.
La próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tendrá que lidiar con el próximo líder estadounidense y establecer nuevos lineamientos en materia migratoria. Lo cierto es que la migración actual supone un riesgo no solo para Estados Unidos sino también para México. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación y ONU Migración, en 2022, las autoridades mexicanas registraron 444,109 personas en situación migratoria irregular, y en 2023, la cifra aumentó a 782,176, un incremento de 77% respecto al año anterior y el mayor número desde que se tiene registro de esta cifra en el país. Es decir, México ya no solo es un país de tránsito, sino que paulatinamente se ha convertido en un país destino para personas migrantes internacionales. Este fenómeno es un punto de convergencia con Estados Unidos, ya que ambos países tienen y tendrán que profundizar la cooperación bilateral –y regional– para enfrentar los crecientes flujos migratorios.
La plataforma política y plan de gobierno de Sheinbaum no ofrecen una estrategia integral para abordar los flujos migratorios en el país. Se hace referencia a mejorar la estructura institucional, la coordinación política y los recursos para atender a los migrantes, así como crear un mecanismo permanente que establezca una cooperación más estrecha con los países de la región para abordar las causas fundamentales de la migración, con un enfoque en el respeto a los derechos humanos. La que será la primera presidenta del país ha dicho que exigirá a Estados Unidos invertir más en las causas de raíz que impulsan la migración. Pero la estrategia migratoria del sexenio de Sheinbaum dependerá mucho en los lineamientos que marque el próximo mandatario de Estados Unidos en esta materia.
Conclusión
La relación bilateral entre México y Estados Unidos durante el sexenio de López Obrador tuvo aciertos y desaciertos. El balance es mixto. La cooperación en materia de seguridad y la confianza entre las agencias estadounidenses y México se deterioró, a pesar del establecimiento del Entendimiento Bicentenario. El comercio entre ambos países aumentó, posicionando a México como el primer socio comercial de Estados Unidos y con el T-MEC, la región de América del Norte se ha fortalecido. Sin embargo, las disputas comerciales pendientes y la revisión del Tratado en 2026 abren un camino potencialmente difícil para los tres países. El declive democrático y las distintas políticas de AMLO, entre ellas las del sector energético y las reformas constitucionales propuestas, han causado incertidumbre legal para los inversionistas extranjeros y podrían representar una violación al T-MEC. En materia migratoria, la cooperación de México ha sido fundamental para Estados Unidos y también para AMLO, al lograr que la Casa Blanca se distanciara de los asuntos internos de su gobierno.
La presidenta electa Claudia Sheinbaum y el futuro mandatario estadounidense enfrentarán desafíos y oportunidades que tendrán que enfrentar de manera conjunta. La plataforma política de Sheinbaum marca varios cambios importantes de su mentor en seguridad, comercio y migración, abriendo el camino para una mejor relación con Estados Unidos. Al igual que AMLO, Sheinbaum ha prometido que la relación con Estados Unidos se basará en el respeto a la soberanía, en la coordinación, pero nunca subordinación. La historia está por escribirse. ~
es directora del Instituto México del Wilson Center. Ha laborado en el gobierno federal de México, fue asesora de políticas públicas para América Latina en un despacho de abogados internacional en Washington DC y fungió como corresponsal de la Casa Blanca para NTN24. Cuenta con una maestría en Estudios Latinoamericanos y Gobierno de la Universidad de Georgetown.
