El 9 de mayo, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó por vigésima sexta ocasión una nueva prórroga al Régimen de Excepción vigente en el país desde marzo de 2022. Hasta el 11 de junio, El Salvador continuará suspendiendo tres garantías constitucionales a sus ciudadanos: el derecho a la defensa ante una captura, el límite a los plazos de detención administrativa y la inviolabilidad de las comunicaciones. Además de la suspensión de las garantías constitucionales, continúa también la luz verde para las capturas sin orden judicial. Hasta febrero de este año, organizaciones civiles y de derechos humanos reportaban más de 78 mil detenciones arbitrarias y al menos 235 muertes bajo custodia estatal.
A pesar de estos números, la medida goza, todavía, de un alto grado de aprobación ciudadana. Un 88% de la población salvadoreña dice sentirse más seguro con el régimen de excepción. La encuesta replica lo escuchado en el común de las conversaciones cotidianas: ahora en El Salvador se puede caminar libremente. Esta percepción ha arraigado también en la diáspora.
Nayib Bukele, el presidente que se reeligió este año, a pesar de que la Constitución salvadoreña prohíbe la reelección, es popular dentro y fuera de El Salvador, en especial entre la diáspora en Estados Unidos. Su aparato de propaganda se ha encargado de crear una imagen que se vende bien en la política doméstica y en el extranjero: la de un país seguro para los habitantes de todos los sectores sociales, donde se puede invertir y hacer vida con tranquilidad.
A Estados Unidos se llega, en la mayoría de los casos, huyendo de algo. Las personas que migraron en los años 80 huyeron del conflicto armado en el país; en los 90, de la miseria que dejó la transición de la guerra a la paz; en el nuevo milenio, de la violencia de las pandillas, la falta de oportunidades y la pobreza. En 2024 los salvadoreños continúan huyendo, pese a la popularidad de Bukele: entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, cerca de 29 mil salvadoreños fueron detenidos intentando cruzar de forma irregular la frontera sur con Estados Unidos.
La idea de migrar hacia el norte surge, generalmente, de la necesidad de ayudar a los que se quedan. Tan cierto es, que las remesas tienen un rol protagónico en el esquema económico del país: solo en 2023, los salvadoreños en el exterior enviaron 8 mil millones de dólares por este concepto, los cuales beneficiaron al 25% de los hogares en El Salvador. De acuerdo con el Banco Central de Reserva, entre 2019 y 2022 El Salvador recibió más dinero por remesas que por exportaciones. Esta es una forma concreta de dimensionar el impacto socioeconómico de la diáspora en el contexto salvadoreño y el interés del gobierno actual por su voto.
Otra manera de hacerlo es el porcentaje de población que reside fuera de El Salvador. Aunque El Salvador no hace un censo oficial desde 2007 ni existe un censo de los salvadoreños en el extranjero, la población asentada en el país se calcula en 6 millones de personas. Para 2021, según aproximaciones de la American Community Survey, había 1.4 millones de personas nacidas en El Salvador residiendo en Estados Unidos.
Históricamente, los partidos políticos salvadoreños han coqueteado con la diáspora salvadoreña y su intención de participación política en el país. Bukele, por lo visto, ha conquistado la aprobación y la lealtad de los salvadoreños en el exterior. En las pasadas elecciones, más de 150 mil mpersonas, en su mayoría radicadas en Estados Unidos,votaron antes de la fecha del 4 de marzo a través del sistema que el Tribunal Supremo Electoral diseñó para este propósito. En 2019, votaron apenas 3 mil 808 personas por esta vía.
Los hermanos lejanos, como se les conoce entre nosotros, miran hoy con nostalgia y orgullo los resultados de la administración bukelista a través de plataformas como TikTok, YouTube o Facebook Este cambio en la percepción de la seguridad en El Salvador se refleja en la economía. Empresas de bienes raíces reportan incrementos en la demanda de vivienda entre la diáspora salvadoreña, que representa hasta un 40% de las ventas de bienes raíces en un país sin regulaciones en esta materia y que enfrenta una crisis de acceso a vivienda.
Las declaraciones recogidas en distintos medios de comunicación coinciden. “Hace seis años este era literalmente el país más peligroso, al que uno solo podía volver por pura necesidad o deportado, y ahora ya se puede venir sin miedo y además hacer negocios”, declaró un hermano lejano a la BBC días antes de las elecciones presidenciales en El Salvador. Vestía una camisa con el rostro de Bukele, a quien votaría sin importar su ilegal candidatura, dado el éxito en “la guerra contra las pandillas”, cuya estrategia principal es el régimen de excepción.
Lo mismo vale para el turismo: recientemente, Diario El Salvador, un medio oficialista, publicó una nota con entrevistas a visitantes de las playas del país, provenientes de la diáspora, quienes comentaron con beneplácito que se sentían mucho más seguros que en visitas pasadas. El 1 de abril de 2024, Noticiero Telemundo, una de las cadenas más populares entre la población latina radicada en Estados Unidos, publicó una nota en video a propósito de los dos años de vigencia del régimen de excepción en El Salvador. La mayor parte de los comentarios recogidos aprueban la gestión del mandatario.
Bukele le devolvió a los habitantes de zonas altamente violentas la posibilidad de circular libremente entre colonia y colonia. Lo hizo a costa de graves retrocesos democráticos, de negociaciones y pactos turbios, por no hablar de las masivas violaciones a los derechos humanos, pero lo hizo. Su aparato de propaganda se encarga de remarcar esto último, que lo hizo. Consiguió el respaldo de la Asamblea Legislativa, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y, en general, de una institucionalidad que no protesta ni rechista porque se somete al poder ejecutivo.
La aprobación a las medidas represivas en el país gira, entonces, en torno a la posibilidad de ocupar espacios anteriormente inaccesibles, cercados a causa de la violencia y la barbarie de las pandillas. La diáspora, ese grupo de migrantes que huyó de un El Salvador desangrado por la violencia social, mira hoy, a miles de kilómetros de distancia, la silueta de un país próspero, con buen clima de inversión y muy seguro. El enorme aparato propagandístico bukelista oculta el hecho incontestable de que se trata de una nación sumida en un contexto autoritario y con evidentes retrocesos en materias de derechos humanos.
¿La violencia de Estado es el precio a pagar por los éxitos del gobierno en materia de seguridad? Esta interrogante trasciende El Salvador y es válida para toda América Latina. Mientras más pronto y negativamente se conteste esta pregunta, mejor destino tendrá la democracia liberal en la región. ~
(San Salvador, 1997) es escritora y periodista radicada en El Salvador. Ha publicado con Altamarea Ediciones y F&G editores. En 2022 ganó el X Premio Centroamericano de Cuento Carátula y el Premio Mario Monteforte Toledo de Cuento.
