Las políticas de acción afirmativa surgen como una respuesta a las demandas de justicia social y equidad, impulsadas desde las luchas de grupos marginados históricamente. Se inspiran en una premisa básica: el mérito no puede evaluarse con independencia de las condiciones socioeconómicas y culturales que configuran las oportunidades de las personas desde su nacimiento. La equidad significa entender las situaciones específicas de las que partimos: nacer mujer e indígena en una familia bajo los umbrales de pobreza es un punto de partida desventajoso de cara a la educación, el desarrollo laboral formal y la participación política. Por ende, el Estado, el sector privado y la ciudadanía organizada tendrían que apoyar con políticas y programas a las personas y grupos en estas condiciones de vulnerabilidad.
Este tipo de razonamiento no satisface a los críticos de la acción afirmativa provenientes de distintas trincheras ideológicas, sobre todo porque el soporte de la misma obedece a la política de identidades. Donald Trump tiene una gran oportunidad de volver a ser presidente de Estados Unidos. Su crítica a la “ideología de género” pone en peligro a la acción afirmativa en favor de las mujeres trans, a la que considera una peligrosa avanzada de los “pervertidos de izquierda” que buscan socavar los fundamentos nacionales tradicionales de los Estados Unidos. Esta visión es compartida por representantes de las derechas nacionalistas en otros países, sobre todo en relación a temas como la equidad de género, central en este artículo. Un caso reciente es el del presidente argentino Javier Milei, quien ha procedido a desmontar la institucionalidad del Estado que atiende este tema por considerarla una forma de clientelismo. Trump y Milei coinciden en que las políticas de acción afirmativa perpetúan las divisiones identitarias, socavan el mérito individual y fomentan una discriminación inversa. Según ese punto de vista, tales divisiones pasan a ocupar un lugar central del debate político, en detrimento de una supuesta homogeneidad nacional; además, se corre el riesgo de que los individuos más calificados sean pasados por alto, en favor de otros con menos formación y logros que pertenecen a grupos considerados vulnerables.
Un liberal tan convencido de las virtudes de la democracia como el presidente francés Emmanuel Macron ha expresado su preocupación respecto a la constante amenaza a la noción de ciudadanía proveniente de “la lucha interseccional”, refiriéndose al atrincheramiento en identidades esencialistas en torno fundamentalmente a la raza, el origen migrante y la diversidad cultural y religiosa. Intelectuales al estilo de Mark Lilla coinciden en señalar que el debido reconocimiento a las identidades no debe vulnerar a la democracia liberal como la forma de gobierno en la que las diferencias pueden reconocerse sin generar violencia y conflictos irresolubles. Más a la izquierda, el sociólogo argentino Alejandro Grimson advierte en su libro Los límites de la cultura. Crítica de las teorías de la identidad (2011) que el lógico anhelo de justicia social que anima a las políticas afirmativas respecto al género –pero también en relación con la raza, el reconocimiento de la diversidad cultural, la población LGBTQ o la migración– puede anclarse en el mero reconocimiento simbólico de identidades distintas sin replantear a fondo las desigualdades sociales. Marcela Lagarde ha hablado de un “velo de igualdad”, las políticas afirmativas que aunque reparan injusticias históricas no constituyen sino un paño caliente que da réditos políticos al presentarse como grandes logros del gobierno de turno. En Estados Unidos, un país en el que la acción afirmativa ha tenido protagonismo, la presencia universitaria de la población negra tanto nacional como extranjera encubre la deserción y las problemáticas reales de este sector, cuya situación económica y social no se reduce a su pertenencia racial.
La situación antes descrita plantea preguntas fundamentales sobre la justicia y la equidad de cara a las políticas que buscan corregir desbalances históricos: ¿cómo se pueden conciliar los principios de igualdad de oportunidades con los esfuerzos por remediar la discriminación, sin generar nuevas injusticias? ¿Deben continuar las políticas de acción afirmativa?
Ante todo, es preciso evaluar los resultados de las políticas de acción afirmativa de cara a la transformación de las sociedades contemporáneas. Un buen ejemplo es su incidencia en la situación de las mujeres en América Latina. Hablo tanto de reformas legales como de políticas públicas y programas específicos: la igualdad ante la ley, las cuotas de representación de las mujeres en los parlamentos, los programas de apoyo financiero o los pasos en dirección a sistemas integrales de cuidados. También hay que sumar en labores de acción afirmativa a las organizaciones que luchan por los derechos sexuales y reproductivos, las empresas con políticas de equidad y el empeño de las instituciones de educación superior que adoptan una perspectiva de género en sus programas de estudio, entre otras instancias.
Debido a las cuotas de mujeres en los parlamentos ha aumentado, de acuerdo a la ONU, el número de mujeres en puesto de decisión en América Latina. En el caso educativo, existen balances positivos de la inclusión de mujeres indígenas mexicanas en la escuela normal desde una perspectiva que privilegia la diversidad cultural y lingüística. Lejos de desvalorizar el mérito, las políticas de acción afirmativa buscan rectificar los desequilibrios históricos que limitan el acceso a dichas oportunidades. Además, este tipo de iniciativa no solo beneficia a las mujeres, sino que extiende sus ventajas a otros grupos vulnerados, como ha ocurrido con la representación política de las comunidades indígenas, lo que significa el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa. La inclusión en la arena pública de una diversidad de voces y perspectivas no solo enriquece los procesos de toma de decisiones, sino que también fortalece los cimientos de la democracia, asegurando que todos los sectores de la sociedad sean representados y escuchados.
Por supuesto, no solo hay que evaluar los éxitos de las iniciativas en favor de una sociedad más inclusiva, sino también la pertinencia de su continuidad. En América Latina la igualdad de género es una agenda aún pendiente, a pesar de los avances legislativos y políticos. De hecho, la participación de las mujeres en espacios de poder político y económico sigue siendo insuficiente. Si bien Bolivia, México y Costa Rica son los países con mayor representación femenina en parlamentos y gobiernos locales, todavía están lejos de la paridad real. Este panorama refleja la necesidad persistente de políticas de acción afirmativa que aseguren no solo la representación cuantitativa sino también la cualitativa, promoviendo un liderazgo efectivo y diverso.
Por otra parte, no debe olvidarse la situación de las poblaciones indígenas y afrodescendientes con altos índices de pobreza y exclusión. Las reivindicaciones relativas tanto a la orientación sexual como a la identidad cultural, étnica y de género se han sumado a las demandas democráticas en pos de una mayor inclusión en todos los terrenos de la vida colectiva y requieren de respuestas efectivas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha confirmado un aumento de la participación política de las mujeres, en particular las de origen indígena y afrodescendiente.
En esta orientación, las políticas de acción afirmativa deben profundizarse a través de un enfoque interseccional porque la experiencia de ser mujer no es homogénea. Una líder ambiental indígena probablemente enfrente desventajas, relacionadas no solo con el racismo sino con la tensión entre su acción política y los valores sociales dominantes, lo cual predispone a situaciones de violencia y exclusión. Las políticas de seguridad pública y las políticas educativas deben favorecer entornos más seguros dentro y fuera de las comunidades en que estas mujeres se desenvuelven. Una educadora lesbiana podría sufrir de exclusión laboral, lo cual obliga a legislar en ese sentido. Asimismo, las mujeres afrodescendientes requieren respuestas específicas que reafirmen su identidad cultural marginada de cara a los Estados nacionales, del mismo modo que la mujer con discapacidad requiere de tecnologías que propicien su inclusión educativa y laboral. Tales iniciativas son innecesarias para otros grupos de mujeres. En México existen las Casas de las mujeres indígenas y afrodescendientes, una política del actual gobierno que aunque propicia un clima de diversidad cultural y promueve programas de apoyo económico y contra la violencia, ha sufrido una importante reducción presupuestaria.
Al considerar el enfoque interseccional, las políticas de acción afirmativa pueden identificar y abordar de manera más efectiva las barreras específicas que enfrentan distintos grupos de mujeres, asegurando así que las medidas adoptadas sean verdaderamente inclusivas y equitativas. Me refiero desde luego a la pobreza, la principal barrera de las mujeres además del género, pero también al entramado cultural e ideológico que naturaliza las representaciones discriminatorias de la joven atractiva, la indígena, la afrodescendiente, la lesbiana o la adulta mayor. Las políticas de acción afirmativa deben atender a la educación integral de la sociedad, a una pedagogía democrática que ayude a superar la maraña de prejuicios que devienen no solo en violencia verbal o en representaciones publicitarias y artísticas sexistas, sino también en acoso, violación y feminicidio, por no hablar de las desventajas laborales y educativas. En México es dramática la transfobia que ha llegado incluso al feminicidio de una diputada en Aguascalientes, por no hablar de asuntos mucho menos violentos pero igualmente discriminatorios, como las publicaciones gordofóbicas de un poderoso empresario mexicano respecto a una senadora, o la descalificación de las candidatas presidenciales en términos de que son marionetas manejadas por hombres. Hace falta un cambio cultural, es decir un cambio de los valores, ideas y visiones de la sociedad. La desigualdad no obedece simplemente a una diferente disponibilidad de ingresos, servicios y prestaciones sino también a la persistencia de antiguas concepciones superadas por el peso de los hechos.
La necesidad de políticas de acción afirmativa en América Latina responde ante todo a una cuestión de derechos humanos y justicia social, más allá de las etiquetas políticas de izquierda o derecha. Estas políticas deben entenderse dentro del marco de los derechos sociales y la búsqueda de una sociedad más inclusiva y representativa. Sus adversarios más enconados de la derecha olvidan este punto para enfocarse en los aspectos que causan conflicto dentro de las llamadas políticas de identidad: el debate acerca de la educación sexual de la infancia, los cuestionamientos al pasado nacional, la impugnación de los roles de género o las críticas al racismo, la xenofobia y el colonialismo. Las políticas de identidad, propiciadoras de las políticas de acción afirmativa, son irreductibles a estos aspectos; lo fundamental es que en lugar de fomentar la injusticia han tratado de atajarla. No obstante, es fundamental no dejarse llevar por extremismos políticos que apuntan a identidades cerradas al diálogo con todos los sectores, en el marco de las lógicas tensiones existentes dentro de la democracia; solo a través de la esta tendrá sentido la acción afirmativa como superación de la discriminación y de las crasas desigualdades que todavía marcan nuestra región. ~
Investigadora y directora del Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación (INIDE) de la Universidad Iberoamericana (Ciudad de México).
