Según el artículo 18 de la Constitución mexicana, el sistema penitenciario se debe organizar sobre la base del respeto a los derechos humanos, y debe tener como objetivo la reinserción social, a través del trabajo, la educación, la salud y el deporte.
Pero las condiciones existentes en los centros penitenciarios hacen imposible pensar en que esos objetivos se alcancen. La convivencia entre internos procesados y sentenciados, la sobrepoblación y el hacinamiento, la venta y el consumo de drogas y el deficiente ejercicio de la autoridad por parte de los servidores públicos son, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, algunos problemas comunes en las 298 prisiones estatales y 19 prisiones.
Los recientes motines en los penales de Acapulco y Ciudad Victoria llamaron la atención mediática por sus dimensiones, pero no son raros. Según el mismo Diagnóstico, en 2016 se registraron 1538 incidentes violentos en las prisiones de México –unos 4 cada día.
Los espacios de reintegración social lo son más bien de maltrato, violencia y crimen. Pero las cosas pueden ser otra forma. Muchos de los problemas de las cárceles se originan en un mal diseño, entendiendo por este no solo el trazo de los edificios que las conforman, sino también el entramado institucional que las hace funcionar.
En este episodio, hablamos con el arquitecto Roberto Rojas, fundador de Precoor, un grupo multidisciplinario de profesionales con larga experiencia en el desarrollo de proyectos integrales para la ejecución de centros penales.
