Hace doce años se despenalizó el aborto en el entonces llamado Distrito Federal. Las reformas a la ley de salud y al código penal de la ciudad, publicadas el 26 de abril de 2007, brindan a las mujeres la libertad de abortar durante las primeras doce semanas del embarazo sin necesidad de justificar las razones.
((Después del plazo establecido para acceder a una interrupción del embarazo por voluntad de la mujer, el código penal de la Ciudad de México contempla la posibilidad de acceder a servicios de aborto en ciertas circunstancias: por violación, cuando exista un peligro de afectación grave a la salud de la mujer, cuando se diagnostique que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas o por inseminación artificial no consentida. Además, se disminuyeron las penas para quienes interrumpan su embarazo después de ese plazo y fuera de las causales legales, quedando como sanción una pena de prisión de tres a seis meses o trabajo a favor de la comunidad de cien a 300 días.
))
La batalla que se dio en ese momento implicó un álgido debate, resultado de más de treinta años de lucha de muchas mujeres y hombres, que sigue dándose en el resto del país. Es un quehacer diario enfrentarse a personas e instituciones que, desde un discurso moral y religioso, se oponen a garantizar a las mujeres un marco jurídico que les permita tomar una de las decisiones más íntimas: decidir ser o no madre. Diariamente nos enfrentamos con atentados al Estado laico por parte de funcionarios públicos, pese a ser claro que los derechos reproductivos son derechos humanos que les corresponde salvaguardar.
Lo que sacudió a la ciudad hace doce años, abriendo puertas al ejercicio de la libertad y autonomía de las mujeres, no ha tenido eco en otras entidades federativas. Desde entonces, las modificaciones legales para avanzar este tema en el país han sido paupérrimas: Michoacán incluyó la causal socioeconómica, y Colima, Coahuila y Guerrero, la causal salud. Los gobernadores de Morelos, Guerrero y Sinaloa presentaron iniciativas de ley para despenalizar el aborto de manera similar a la capital pero, sin suerte ni apoyo político, dichas iniciativas no avanzaron en el legislativo.
La pregunta obligada en este momento es si algo cambiará en este sexenio o si el aborto seguirá siendo una moneda de cambio, situación en la que las únicas que pierden son las mujeres con menos recursos económicos. A poco más de cien días de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el tema del aborto apenas ha aparecido en la agenda pública. El presidente dice, como lo ha hecho siempre, que es un tema que podría ponerse a votación (a pesar de que los derechos no se votan), aunque en el evento de conmemoración del día internacional de la mujer señaló que él no entorpecería (palabras más, palabras menos) ese tema.
Por su parte, la secretaria de Gobernación ha mencionado una posible amnistía para aquellas mujeres que están presas acusadas por aborto. Dicha amnistía podría transformar la vida de las mujeres que están en prisión como consecuencia de una legislación discriminatoria, pero conlleva dos problemas: 1) De acuerdo con datos oficiales solicitados vía acceso a la información, en los últimos diez años solo 53 mujeres han estado en prisión definitiva. Este número podría ascender si se revisan los expedientes de las mujeres acusadas por homicidio en razón de parentesco, pues seguramente algunas no debieron ser procesadas por este delito sino por aborto; 2) Sin minimizar lo transformador que sería para las mujeres liberadas, la amnistía es una medida superficial que no resuelve el problema de fondo, pues las mujeres en México seguirían siendo criminalizadas por abortar. Esta medida resolvería muy poco, pues dejaría abierta la posibilidad de que otras mujeres sean denunciadas en el futuro, quedando vulnerables a que su vida se vea trastornada por el proceso penal en su contra, obligadas, en ocasiones, a pagar una fianza o a tomar terapia psicológica. Y aquí cabe reiterar que las mujeres denunciadas y perseguidas por el delito de aborto suelen provenir de contextos de marginación económica. La norma que las castiga quedaría intacta.
Desde la despenalización, el gobierno de la ciudad implementó un programa de servicios de salud para las mujeres que deseen interrumpir su embarazo, en cuyo marco ha sido posible reunir información estadística sobre el perfil de las mujeres que solicitan un aborto, así como cuestionar algunos de los mitos más comunes acerca de la despenalización del aborto y sus consecuencias. Los datos de la Secretaría de Salud de la ciudad señalan que, de abril de 2007 a febrero de 2019, se han realizado 208 mil 231 abortos. Sobre las mujeres sabemos, entre otras cosas, que 41.1% son mujeres con preparatoria y que 47.1 tienen entre 18 y 24 años; 54.8% de ellas son solteras, y 34.8% se dedican al hogar. Además, las estadísticas nos muestran que las usuarias de estos servicios no solo son residentes de la Ciudad de México, sino que se trasladan de otras entidades federativas donde el aborto está penalizado o es inaccesible. Las mujeres del Estado de México, Hidalgo, Morelos y Puebla son las que con mayor frecuencia viajan a la Ciudad de México para acceder a este servicio.
Desde las elecciones del 2 de julio de 2018, la agenda legislativa se ha movido en este tema sin resultados concretos. En el Congreso de la Unión se han presentado seis iniciativas para despenalizar el aborto:
((Dos de las cuales surgieron durante la anterior Legislatura, pero siguen vigentes y están en análisis.
))
una de Movimiento Ciudadano, cuatro del PRD, y una de Morena. A nivel estatal se han presentado doce iniciativas en diez entidades federativas: Edomex (PRD), Puebla (PRD), Hidalgo (Morena/ PRD), Tlaxcala (PRD), Guanajuato (PRD), Quintana Roo (Iniciativa ciudadana), Querétaro (PRD), Coahuila (PRD); dos en Oaxaca (ambas de Morena) y dos en San Luis Potosí (ambas de Morena).
El tema del aborto pone de manifiesto que en nuestro país tienes más o menos derechos, dependiendo en el lugar en donde vivas. Esto se traduce en que existan mujeres de primera, de segunda y hasta de tercera categoría. Una mujer que vive en estados como Guanajuato o Jalisco, solo por poner un ejemplo, ve limitados –y en muchas ocasiones violentados– sus derechos reproductivos. En este sentido, es fundamental que todas las mujeres en México tengan los mismos derechos y sean consideradas ciudadanas plenas, capaces de tomar sus propias decisiones y dejen de ser vistas como delincuentes. Esto solo puede lograrse a través de la voluntad política.
Solamente una mujer sabe si puede o no continuar un embarazo, y cada una es perfectamente capaz de tomar esa decisión por sí misma. El Estado debe respetar esa decisión y facilitar las condiciones para acceder a este servicio de salud. Este sería uno de los primeros pasos para la transformación que Morena promete.
es abogada feminista y hasta febrero de 2020 fue directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida, A. C.
