Tres meses y medio después de las elecciones del 23 de julio de 2023, Pedro Sánchez va a lograr una mayoría parlamentaria que le permitirá ser investido presidente del gobierno. La nueva mayoría, que comprende los socialistas y la coalición de izquierdas Sumar, añade a los nacionalistas e independentistas vascos y a independentistas de ERC a los siete diputados de Junts, el partido independentista de Carles Puigdemont.
El acuerdo que se hizo público el 9 de noviembre detalla las concesiones unilaterales que el PSOE hace a las exigencias de un partido dirigido por un hombre que desde hace seis años elude sus responsabilidades penales frente a la justicia española. Pronto no habrá cuentas que rendir, puesto que se acaba de presentar en el Parlamento una proposición de ley de amnistía general que impedirá cualquier proceso y levantará todas las condenas y procesamientos derivados de las diversas acciones ilegales y las numerosas manifestaciones violentas que estos políticos catalanes emprendieron con el fin de proclamar de manera unilateral la independencia de su comunidad. Esto provocó una respuesta muy firme, primero del rey Felipe VI, después del Gobierno del PP, con el apoyo del PSOE y de la justicia.
La condición para una amnistía –que durante la campaña electoral los socialistas habían asegurado que era inconstitucional y no tenía nada que ver con sus intenciones– ha sido finalmente aceptada. Pedro Sánchez ha reconocido que ha tenido que hacer “de la necesidad virtud”. Y eso a pesar de muchas reticencias, expresadas de manera especialmente bien argumentada por Felipe González, expresidente del gobierno socialista (1982-1996), que advirtió en la página web de su fundación el 7 de noviembre que este acuerdo sería peligroso para España; o por Juan Luis Cebrián, que se pronunció en el mismo sentido el 13 de noviembre en las páginas de El País, del que fue primer director.
Nacionalismo étnico-tribal
En realidad, el acuerdo alcanzado es una rendición incondicional de los socialistas al relato independentista radical de Carles Puigdemont. ¡En la exposición de las motivaciones, los dos partidos se remontan a la Guerra de Sucesión Española –1714– para justificar el acoso político del que es víctima Cataluña por parte de la España castellana! Y las tesis de un nacionalismo étnico-tribal se validan sin la menor cautela. Muy hábilmente, los independentistas catalanes han conseguido imponer la existencia de dos soberanías opuestas. De un lado, el pueblo, una supuesta mayoría –en el referéndum ilegal de 1 de octubre de 2017, que no ofrecía ninguna garantía jurídica, los catalanes que votaron sí a la independencia no representaron más que el 38,07% de los inscritos; del otro, las “instituciones” –nada en el texto recuerda que son las instituciones democráticas de España–, que fueron validadas masivamente por referéndum el 6 de diciembre de 1978 y revitalizadas por cuarenta y cinco años de práctica democrática.
Peor aún, el acuerdo prevé poderes parlamentarios para investigar la presunta manipulación del poder judicial español. Carles Puigdemont hizo firmar al PSOE que los procesos por abuso de poder y malversación eran materia de persecución política y no de aplicación del derecho común. En una declaración conjunta todas las asociaciones de magistrados y la totalidad del poder judicial denunciaron inmediatamente este ataque a la separación de poderes.
Junts obtiene también la puesta en marcha de un “mecanismo internacional de acompañamiento, verificación y seguimiento” de este acuerdo político, como si se tratara de una salida a un conflicto entre dos Estados. Hay que añadir una serie de cuestiones fiscales y presupuestarias que cuestionan la igualdad entre españoles y la financiación de las comunidades, que se basa en la equiparación entre las regiones ricas (Madrid, Cataluña, Baleares) y las demás.
Más allá de las previsibles reacciones de la oposición de derechas –que Pedro Sánchez esperaba con impaciencia para presentarse como hombre de Estado y de la reconciliación frente a una derecha cargada de odio–, gran parte de lo que contiene este acuerdo solo podrá hacerse efectivo si a la arquitectura institucional de España se le da la vuelta de arriba abajo. Esto no será posible en el actual marco de mecanismos de reforma constitucional, a menos que se aparte de las normas del Estado de Derecho. Es cierto que Pedro Sánchez ha elegido a sus aliados parlamentarios en el bando de quienes niegan a la Constitución española la dimensión democrática de España, empezando por los herederos políticos de la banda terrorista ETA, los diputados de EH Bildu.
Socavar el Estado de Derecho
Pero no es solo un engaño. Es una descalificación de la democracia española. La Constitución de 1978 había resuelto los grandes problemas históricos de España. Pedro Sánchez somete así al PSOE al giro más radical, y más contrario a su identidad, que ha dado en la historia de la democracia. Los independentistas catalanes no hacen más que aprovecharse descaradamente de la posición de fuerza que les da esta llave parlamentaria de siete diputados.
Como europeos, debemos estar muy preocupados por esta deriva de un gran país que toma el camino de socavar el Estado de Derecho. Sabíamos que el nacionalismo era peligroso: lo está demostrando al amenazar un gran logro democrático en nombre de ideas fantasiosas, una falsificación de la historia y una reivindicación étnica de la esencia misma de un pueblo catalán. Nos habría gustado ver a la gran socialdemocracia española mostrar más coraje para oponerse a la exclusión y al odio con comprensión y consenso. ¿Cómo puede Pedro Sánchez justificar su negativa a dialogar con el principal partido español, el Partido Popular, y aceptar las condiciones leoninas de un partido que solo tiene el 1,6% del voto nacional y el 11,16% en Cataluña?
Por nuestros vínculos personales con España, nos consterna verla atrapada por sus demonios interiores en un momento en que el mundo está en llamas y en que podría, con la fuerza de su historia, ser una voz indispensable, como lo fue al acoger en 1991 la conferencia sobre la paz en Oriente Medio, en lugar de aceptar su relegación internacional, a la que está condenada por la ceguera geopolítica de los aprendices de brujo del nacionalismo.
Artículo publicado originalmente en el periódico Le Monde.
Traducción de Aloma Rodríguez.
Benoît Pellistrandi, historiador, es autor de Fractures de l’Espagne (Gallimard, 2022).
Manuel Valls, ex primer ministro francés (2014-2016), fue concejal de Barcelona (2019-2021).
Manuel Valls
