Como era de esperar, el Congreso de los Diputados ha “ratificado” a los magistrados del Tribunal Constitucional que habían sido designados por los principales partidos (PP-PSOE, este último acompañado de Podemos), después de un enjuague donde se habían repartido las cuatro vacantes en cuotas de dos y dos para cada uno de los bloques políticos, para poder así elegir a magistrados afines en lugar de consensuar juristas de reconocido prestigio con acreditada independencia. Las declaraciones políticas para justificar este bochornoso pacto rayan con lo grosero: una ministra hablando de “candidatos socialistas”, el portavoz parlamentario de Podemos advirtiendo que el PP también se ha tenido que “tragar el sapo” de que haya magistrados progresistas, o el diputado Odón Elorza reconociendo públicamente que muchos votarán “con una pinza en la nariz” –él, finalmente, ha roto la disciplina de voto, pero la lógica partidista se ha impuesto y una mayoría de diputados ha seguido la directriz de la cúpula negociadora.
Son, por tanto, los propios partidos que han participado en la elección los que con estas declaraciones dan muestra del grave deterioro institucional en el que nos encontramos instalados: la negociación de los magistrados constitucionales se ha convertido en un juego de colar “sapos” al contrario. Qué lejos queda aquella primera negociación de magistrados en 1980 que tan bien retrata el documental “Un Tribunal para la Constitución”, dirigido por los profesores Miguel Beltrán y Daniel Sarmiento. En aquel momento, el consenso constitucional se vio prolongado para llevar a la elección de doce magistrados de primera, juristas brillantes, sinceramente comprometidos con la constitución democrática que estaba dando sus primeros pasos. UCD y PSOE, que lideraron aquella negociación, tuvieron muy claro que no podían tener cabida “los chisgarabís”, correveidiles de partido, en palabras de José Antonio Ortega, negociador por la UCD.
Sabían entonces, y parecen haberlo olvidado ahora –o, simplemente, ya no les preocupa– que de la solidez de los magistrados constitucionales va a depender una parte importante de la salud de nuestra democracia, ya que el Tribunal Constitucional es el órgano que viene a coronar el Estado constitucional, la “culminación del Estado de Derecho”, en palabras de su primer presidente Don Manuel García Pelayo. Ya en su discurso con motivo de la constitución pública del Tribunal, el 12 de julio de 1980, el profesor García Pelayo terminó con una advertencia que hoy adquiere particular sentido: el Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional, que debe juzgar “con arreglo a criterios y razones jurídicos”, aunque en la base de las controversias que tenga que resolver haya una cuestión política. Pero, y aquí un importante aviso a los partidos, “el intento de resolver por vía jurisdiccional contiendas que solo por vía política pueden encontrar solución satisfactoria es el medio más seguro para destruir una institución cuya autoridad es la autoridad del Derecho”.
Porque quizá lo más grave de esta renovación del Tribunal Constitucional es que se intuye el intento de convertir a este Tribunal en una tercera Cámara donde prolongar las disputas políticas, destruyendo el carácter integrador y abierto de la Constitución, como marco que recoge las normas fundamentales en las que todos debemos encontrarnos, para convertirla en un instrumento más para la confrontación partidista. Y, para ello, lógicamente, los candidatos más idóneos no son esos juristas de reconocido prestigio que postula la Constitución sino aquellos con un “alto perfil político”, como los elegidos, tal y como titulaba un diario tras conocerse sus nombres. De hecho, el elemento común de los nuevos magistrados es, precisamente, el que han hecho buena parte de sus carreras al regazo de los partidos que ahora los han promovido.
Más allá, como ha señalado el profesor Cruz Villalón (aquí), quien también fue presidente del Constitucional, en esta designación de magistrados constitucionales se han roto importantes convenciones o usos constitucionales que se habían guardado a lo largo de los años y que, aunque no sean normas jurídicas en sentido estricto, han sido determinantes del buen funcionamiento institucional del Constitucional. En mi opinión, el uso más importante que ahora se ha desconocido es que quienes sean designados como magistrados tengan el mayor grado en su escalafón profesional, siendo catedráticos de Derecho o magistrados del Tribunal Supremo.
Ser magistrado constitucional debe ser la estación de término de una meritoria carrera profesional, y no un paso más en un cursus honorum donde, quien sea designado, deba preocuparse por su promoción futura. Asimismo, se opta por un tribunal con una composición cada vez más judicializada, en detrimento de magistrados de origen académico, en un órgano cuya función no es aplicar en sentido estricto una ley, sino generar doctrina con la interpretación de nuestra Norma Fundamental y contribuir en ese proceso de construcción del Estado constitucional.
A lo que añadir, siguiendo con Cruz Villalón, la importancia de que también se le dé voz a magistrados que provengan de nacionalidades periféricas. Como concluye este insigne profesor, la consecuencia de que se olviden estos usos o convenciones es que “tendremos un Tribunal Constitucional situado ante un riesgo cierto de caer en la irrelevancia”, que “va a tener difícil encontrar el reconocimiento que ineludiblemente necesita una jurisdicción constitucional”. Y es que, si en el tribunal no están los mejores, el Constitucional mantendrá su potestas, pero difícilmente podrá ganarse una auctoritas entre la comunidad jurídica.
Encontrar a esos “grandes” juristas en condiciones de ser unos magistrados idóneos para el tribunal no es misión imposible. De hecho, un grupo de colegas (aquí) ha hecho un edificante ejercicio para consensuar una lista de ocho juristas de “reconocido prestigio y altura moral” que, como ellos mismos admiten, “son muchos más los juristas que podríamos haber incluido; pero ‘los que están, son’. Y ‘son’ de reconocido prestigio y candidatos idóneos”.
De igual forma, habría otras alternativas en cuanto al procedimiento seguido para la designación de los magistrados que ni siquiera necesitarían reformas legales. Bastaría con un acuerdo político. En este sentido, podría seguirse el ejemplo de los nombramientos judiciales europeos y abrir un concurso público para la renovación al que pudieran presentarse libremente candidatos, que luego fueran evaluados por una comisión de expertos para, por último, ser entonces elegidos por el órgano correspondiente.
El problema, por tanto, es simplemente de falta de voluntad, en concreto, por mucho que algunos se arroguen el término “constitucionalista”, no muestran “voluntad de [hacer] constitución” (K. Hesse). Este “sistema de botín”, con un reparto clientelar de cuotas entre los partidos, viene de lejos, al menos desde los noventa, como ya estudió Presno Linera (aquí), pero la degradación ha sido cada vez mayor.
Ya lo advierten S. Levitsky y D. Ziblatt en Cómo mueren las democracias: el peligro para una democracia ya no viene de golpes o insurgencias sino de la progresiva degeneración de un sistema que se va deteriorando hasta que colapsa. Esta debe ser nuestra gran preocupación en nuestro país, donde parece que el momento regeneracionista ha quedado sepultado. La joven generación política que ahora dirige el país actúa con absoluto desprecio a cualquier mínimo sentido institucional. Han hecho sus carreras entre bastidores de la política partidista, su cultura política son las series americanas en las que ya queda lejos El Ala Oeste de la Casa Blanca y causa furor la maquiavélica House of Cards o, como promovía Pablo Iglesias, Juego de Tronos.
Su entorno son las redes sociales con mensajes y eslóganes prefabricados y radicalizados. Es un mundo político en el que el sistema de partidos adolece de un cesarismo cada vez mayor y en el que el parlamento ha quedado reducido a un mariachi donde la mayoría de gobierno bendice a sus dirigentes, mientras unas minorías en la oposición tratan de alzar sus voces en un gallinero. La generación de la Transición consiguió levantar una democracia que ha permitido situar a nuestro país entre las sociedades democráticas avanzadas, como aspiraba el preámbulo de nuestra Constitución. Sin embargo, la esclerosis político-institucional es cada vez mayor. Urge una catarsis democrática para inculcar esa “voluntad de constitución”.
Es profesor de Derecho constitucional de la Universidad de Murcia.
