Distintos economistas mexicanos, entre ellos Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, han insistido en la necesidad de medidas urgentes para enfrentar la actual crisis económica causada por la pandemia del covid-19. Por fin, el miércoles de la semana pasada, el presidente López Obrador prometió que publicaría un “decreto” en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con las medidas económicas que su gobierno tomará, aunque no para enfrentar dicha crisis, o no con ese nombre, sino la que él denomina la “crisis del modelo neoliberal”.
Un día después, el jueves 23 de abril, se publicó algo en el DOF para intentar cumplir la promesa: un decreto-no-decreto. El término no es retórico sino la figura jurídica más objetiva posible. Lo que emitió el presidente, respaldado por tres secretarías de Estado
((El no-decreto está firmado, además del presidente, por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de la Función Publica, Irma Eréndira Sandoval, y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera.
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, no cumple las funciones de un verdadero decreto: no tiene como finalidad aplicar ley alguna, y gran parte de su contenido no es una resolución administrativa, sino una carta de buenos deseos que, por ejemplo, promete crear dos millones de empleos.
Como señaló un grupo de académicos de la UNAM y del CIDE, el no-decreto es un trastorno en la historia de nuestro país, y uno que recuerda a los tiempos del seis veces presidente de México (la última de ellas como dictador), Antonio López de Santa Anna, quien “en 1839 dijo que la primera atribución del presidente es ‘dar todos los decretos y órdenes que convengan para la mejor administración pública’”.
Resulta que este no-decreto es una transcripción, palabra por palabra, del 91.1% del discurso pronunciado el día anterior por el presidente López Obrador
((El cálculo es propio y surge de una comparación entre la versión estenográfica de la conferencia mañanera del 23 de abril de 2020 publicada en la página de propaganda personal “lopezobrador.org.mx” y el contenido del decreto publicado en el DOF el 24 de abril. No tomo en cuenta la diferencia entre signos de puntuación ni representaciones numéricas, sino solamente cuántas palabras del discurso fueron retomadas letra por letra del discurso de un día anterior.
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. Así, se utiliza nuestro máximo diario de difusión oficial –el DOF– como un reproductor de la voz presidencial. Este es un nuevo paso en la personalización del ejercicio del poder en México. Las conferencias mañaneras se desbordan para ocupar aún más espacios de nuestra vida pública, y una sola voz domina, con ayuda del poder que le otorga su investidura, el debate.
El no-decreto promete otorgar tres millones de créditos a pequeños empresarios. Pero estos ya habían sido anunciados desde enero de 2019 como parte del programa de “Tandas para el bienestar”, el cual tiene un preocupante corte clientelar. La única novedad es que los empresarios ahora tendrán que mostrar que tienen un número similar de empleados al que tenían el primer trimestre de este año.
Por lo demás, en el documento no se anuncia ninguna medida económica nueva. La estrategia emergente para hacer frente a la crisis es seguir con las mismas banderas de su gobierno: continuar con el gasto en “programas prioritarios” para el presidente, entre ellos, sus programas sociales y sus proyectos de infraestructura –refinería Dos Bocas, aeropuerto de Santa Lucía, Tren Maya y otros–, así como reforzar una supuesta austeridad que ha servido para violar los derechos laborales de funcionarios públicos.
En este sentido, el no-decreto promete quitarle el aguinaldo y reducir el 25% del sueldo de “altos funcionarios” (un término que jurídicamente no existe, por lo que no podrá tener consecuencias jurídicas), lo cual sería violatorio del artículo 123 constitucional, que protege los derechos laborales de todos los mexicanos, y el artículo 127, que establece que las remuneraciones de los servidores públicos son irrenunciables. A pesar de que se prometió que la reducción de prestaciones laborales sería voluntaria, en los últimos días han salido a la luz pública algunos casos en los que se presiona a funcionarios para que firmen una carta en la cual renuncian a estos derechos.
La única diferencia significativa entre el discurso previo del presidente y su no-decreto es para mal. En el “segundo artículo transitorio” de su conferencia adelantó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haría las adecuaciones presupuestarias necesarias para cumplir lo prometido. Esto, por sí solo, implica una invasión de las facultades del Poder Legislativo, que debe participar en las reasignaciones presupuestarias de montos significativos.
Sin embargo, en el segundo artículo transitorio del no-decreto las cosas van más allá. Ahí, el presidente anunció que presentaría una iniciativa de ley para ser aprobada “inmediatamente” por la Cámara de Diputados (la cual es vista por el Poder Ejecutivo no como un contrapeso sino, en sus propias palabras, como un órgano que está ahí para aprobar sus iniciativas sin objeción).
La iniciativa fue presentada el mismo día en que se publicó el no-decreto. En ella, no solo se propone invadir algunas facultades presupuestales de la Cámara de Diputados, sino quitárselas definitivamente. La iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LPRH) propone que el presidente pueda modificar unilateralmente el presupuesto en situaciones de crisis y gastar en lo que quiera. Si esto es aprobado, se pondrían en riesgo, de nuevo, los fundamentos de la división de poderes en nuestro país. Por ello, decenas de organizaciones de la sociedad civil y personajes públicos firmaron una carta en la que llaman a nuestras autoridades a no aprovechar la emergencia para tomar decisiones unilaterales y concentrar más poder en sus manos.
La iniciativa se encuentra en la Cámara de Diputados, donde se propone convocar a un periodo extraordinario para su votación. Sin embargo, la propuesta del presidente será discutida antes en un parlamento abierto y posiblemente será modificada, ya que algunos diputados –incluso de la bancada de Morena, como Porfirio Muñoz Ledo, quien se manifestó “en contra de otorgar facultades unipersonales al Ejecutivo al margen de la Constitución”– han estado en desacuerdo.
Visto así, el no-decreto es a la vez consecuencia y reflejo de varias tendencias generales por las que naufraga nuestra vida pública: el desmantelamiento progresivo de nuestro incipiente Estado de Derecho, las constantes violaciones a nuestras leyes, la ambiciosa concentración de poder en el Ejecutivo Federal en detrimento de sus contrapesos, la destrucción institucional y su consecuente personalización en un individuo, entre otros. Es, en definitiva, emblema de nuestros nuevos tiempos.
Consultor en Derecho Anticorrupción y litigio estratégico.
