El PT tiene razón

12 octubre 2010

El Partido del Trabajo seguramente estará molesto por la decisión de las autoridades electorales de retirar el anuncio en el que Andrés Manuel López Obrador se dice censurado por “la mafia” que, arguye, controla México. La puntillosa Comisión de Quejas del IFE ha decidido que el “spot”, en el que la palabra “mafia” se relaciona visualmente con fotografías de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Elba Esther Gordillo, denigra la imagen presidencial y ha optado por retirarlo del aire. Como en otros casos desde 2006, la sentencia no tiene sentido. El PT debería poder trazar el vínculo entre el gobernador del Estado de México con el pasado corporativista del PRI. No solo eso: si lo cree necesario, debería poder informar a los votantes de la relación que aparentemente existe entre Peña Nieto y Carlos Salinas (y Arturo Montiel). También debería poder llamarle “mafia” a ese supuesto grupo político. Y debería poder hacerlo en televisión nacional. Negarle ese derecho al PT y a su candidato quizá no es un acto de censura perversa –las reglas están claras para todos, y la ley no deja lugar a interpretaciones ambiguas cuando se trata de este tipo de anuncios–, pero sí equivale a negarle al electorado dos variables fundamentales: información y libertad para decidir.

En todo el planeta los partidos tienen dos obligaciones indispensables: difundir su agenda y comparar su trayectoria (y la de sus candidatos) con la de sus adversarios. Sin información ni contraste la democracia pierde vitalidad. Solo en un sistema timorato como el nuestro, que ha optado por temerle a la democracia, se piensa que la mención de los defectos de los candidatos, cada detalle de su trayectoria o la historia de los partidos que representan, deben “protegerse” en una campaña electoral. Los problemas de la democracia no se resuelven con menos democracia. En una vida democrática ideal el elector decide después de haber analizado a fondo no solo la agenda de gobierno de los candidatos, sino el carácter y hasta la psicología de quienes luchan por su voto. Por ello resulta fundamental flexibilizar las reglas para difundir programas de gobierno y, sí, admitir campañas de contraste como la que ha comenzado a desplegar el PT frente a Peña Nieto.

Pero, atención, “lo que es parejo no es chipotudo”. La apertura debería ser respetada por todos. Hace unos días, en entrevista con Salvador Camarena, el presidente Calderón lamentó que una campaña como aquella de “AMLO es un peligro para México” sea tan mal vista en este país. Tiene razón. Pero entonces deberá aceptar con serenidad que en 2012 se califique de manera similar al candidato del PAN y se le relacione con los defectos del gobierno calderonista e incluso el de Vicente Fox. Y sería natural: el aspirante panista debería responder por las decisiones de gobierno de su partido en estos 12 años, incluida la parálisis foxista, la controvertida guerra de Calderón contra el narcotráfico y otras cosas, como la alianza con Elba Esther Gordillo, que ha dañado al país. De la misma manera, AMLO y el PT deberán asumir con parsimonia que el candidato de la izquierda tenga que dar cuenta de su propia trayectoria y la del partido. Marcelo Ebrard tendría que explicar no solo su vínculo con el propio López Obrador, sino con esos sectores recalcitrantes del PRD capitalino que tienen de “progresistas” lo que la ciudad tiene de pequeña. Y si el candidato fuera el propio AMLO, el tabasqueño no podría indignarse o decirse perseguido si sus adversarios traen a cuento el plantón de Reforma, sus exabruptos desde 2006, su rechazo constante a las instituciones que no le han favorecido y, en general, su propensión a declarar “traidor a la patria” a todo el que no comulga con él. Del mismo modo, el electorado tendrá derecho a conocer a fondo la vida de Enrique Peña Nieto o del abanderado del PAN. La libertad no puede ni debe ser relativa. Si el PT aboga por el derecho de contrastar la trayectoria de su candidato con el de otros partidos, no puede negarse a que los otros hagan lo propio.

– León Krauze