El martes de la semana pasada el Senado aprobó por unanimidad una reforma a la Ley General de Salud que convierte a todas las personas mayores de 18 años en potenciales donadoras de sus órganos. Según el decreto, que está en espera de ser avalado por la Cámara de Diputados para luego ser promulgado por el Ejecutivo, los mexicanos mayores de edad habremos de donar nuestros órganos de manera automática al morir, a menos de que en vida hayamos dejado voluntad expresa de lo contrario. Este modelo, según información publicada por el Senado, ha funcionado en países como Francia, Bélgica, Portugal, Italia, Noruega, Suecia y España.
Entre la aprobación generalizada que recibió la propuesta, se alzaron algunas voces en redes sociales, la mayoría femeninas, alertando sobre los riesgos que implica una medida de este tipo. De entrada, desde un punto de vista utilitarista y pragmático, la idea suena bien: un decreto que busca abatir el tráfico de órganos y reducir las listas de espera de los mismos, salvar vidas. Sin embargo, hay otra manera de verlo: con la donación automática de órganos, el Estado está tomando un decisión arbitraria sobre los cuerpos de los ciudadanos. Además de ser, según algunos, un atentado contra el libre albedrío, ¿cómo puede garantizar nuestro gobierno, ineficiente y corrupto como es, que las donaciones se lleven a cabo con imparcialidad y dignidad para todos? Si el problema es la falta de cultura de la donación, ¿no valdría la pena emprender campañas más agresivas para solucionarlo?
El tema adquiere un matiz todavía más profundo en el caso de las mujeres, por la manera en que resuena en su experiencia el tema de la disposición del cuerpo propio: no es casual que sean ellas quienes estén expresando más dudas y reticencias sobre el asunto La mayoría de los hombres defienden la donación automática o piensan que no es para tanto, dice @TaniaTagle, porque en cuestiones de pensar la agencia y el poder de decisión sobre el propio cuerpo, les llevamos ventaja. O Miranda Romero (@AdlerAdnarim), que señala que lo sorprendente es que haya gente a la que le horroriza esta medida pero les parezca normal o la intrusión sistemática al cuerpo de las mujeres en vida. Quizá este sesgo tenga que ver con una especie de resistencia femenina, casi intuitiva, a las medidas oficiales que se sienten como una intrusión en la soberanía más íntima. Como en el caso del derecho al aborto, en múltiples ocasiones el Estado ha desestimado el derecho que cada persona tiene a una completa potestad sobre su cuerpo, en particular si ésta tiene útero.
En lo personal, como dueña de un cuerpo más o menos funcional, estoy completamente a favor de que se disponga de él cuando muera y que se aproveche lo mejor posible. Sin embargo, que sea el gobierno quien decida que hacer con mis órganos, el mismo Estado que impulsó y terminó aprobando la objeción de conciencia (es decir, la posibilidad de negarse legalmente a realizar cierto acto o servicio invocando motivos éticos o religiosos) en el caso del aborto, me incomoda.
¿Qué pasará con los miles de cuerpos con órganos funcionales de personas desaparecidas en cuyo manejo no intervienen médicos ni familiares ni autoridades competentes? Si bien es cierto que la ley señala que, por formar parte de una investigación, el cuerpo de alguien que ha sido asesinado es manejado con protocolos forenses especializados, es bien sabido esto a menudo no funcionan como debería. En un país donde la policía ejecuta a sangre fría a dos hermanas de 14 y 16 años que van iban camino al cine (Nefertiti y Grecia Camacho, no olvidamos) y cita un tatuaje como prueba de que estaban en “malos pasos”, ¿cómo confiamos en que las autoridades administren un sistema de disposición y donación de órganos tan ambicioso como el que propone, en principio, el decreto del Senado?
Las reticencias mencionadas no buscan emprender una guerra en contra de la posible ley (el consenso es, de hecho, que la donación de órganos es positiva y se deben tomar medidas para incentivarla), sino poner bajo la lupa las maneras en que ésta podría fallar para establecer mecanismos que mejoren su funcionamiento en la práctica e impidan que se convierta en una herramienta más de la violación de derechos humanos a disposición del Estado. En Holanda, por ejemplo, donde una ley similar se aprobó hace un par de años, la diputada liberal de izquierda Pia Dijkstra adaptó la propuesta de tal forma que todos los adultos recibieran una notificación oficial preguntando si quieren o no ser donantes para crear carnets con dicha información. Acaso en México también puedan ser útiles las reservas que las mujeres han expresado, usando su capacidad de hablar desde la experiencia de estar en defensa constante del cuerpo propio y honrando también otras experiencias que perciben en los demás: eso que la escritora Gaby Damián llamó la capacidad de imaginar compasivamente. En un país donde más de 7 mujeres son asesinadas al día y sólo el 10% de los casos recibe una sentencia condenatoria, todos los temas son temas de género.
(Ciudad de México, 1984). Estudió Ciencia Política en el ITAM y Filosofía en la New School for Social Research, en Nueva York. Es cofundadora de Ediciones Antílope y autora de los libros Las noches son así (Broken English, 2018), Alberca vacía (Argonáutica, 2019) y Una ballena es un país (Almadía, 2019).
