Todo está perdido si creemos que todo está perdido. En democracia se ganan y se pierden elecciones. Hay buenos y malos ganadores: generosos unos con los vencidos, mezquinos otros. Así como hay buenos y malos perdedores: unos ya no pueden levantarse, otros se ponen de pie, se sacuden el polvo y siguen adelante.
Las 16 millones 479 mil personas que votamos por Xóchitl Gálvez perdimos. Ganaron las 35 millones 874 mil personas que votaron por Claudia Sheinbaum. Una diferencia de más de 19 millones de votos, una victoria contundente.
Podemos alegar que se trató de una “elección de Estado” (lo fue) pero de nada sirve porque los partidos que postularon a Xóchitl Gálvez no pudieron demostrarlo. Podemos también desahogarnos hablando mal de los que votaron por Claudia Sheinbaum: incapaces de ver que votaron por una opción que favorece el autoritarismo. Creo lo contrario: los que votaron por Morena lo hicieron conscientes de que votaban por lo que eufemísticamente ahora llaman “la deriva autoritaria”.
Pudo haber sido peor. Raúl Trejo Delarbre ha dado cuenta de los resultados de un reporte que el Pew Research Center publicó en febrero pasado. El 50% de los mexicanos prefieren un liderazgo “fuerte”, sin contrapesos legislativos ni judiciales. Más aún: el 71% de los mexicanos considera, de acuerdo con esta encuesta, que el Ejército podría gobernar el país. A la vista de estos números queda más claro el 59% de los votos que respaldaron a Sheinbaum. ¿Democracia? No, el grueso de los mexicanos quiere un gobierno autoritario. Vivimos tiempos nublados.
Claudia Sheinbaum representa esa opción. No llegó a la presidencia con engaños. En campaña se mostró claramente favorable a la militarización del país y de que se cumpla el Plan C de López Obrador. No entraré en detalles sobre la propuesta, basta señalar que pretende que los jueces de todos los niveles (hasta los ministros de la Suprema Corte de Justicia) sean electos por el voto popular y la reforma del Consejo de la Judicatura, que ahora podrá juzgar a los que jueces que se alejen de “las causas populares”.
Mucho se ha escrito estos días acerca de lo que significa esta reforma: no se trata de mejorar la impartición de justicia para la mayoría de la población (en un país con el 98% de impunidad criminal) sino de supeditar al poder judicial a los designios del partido mayoritario. Se votará por los jueces más populares, no por los mejor preparados. El partido mayoritario podrá tener el dominio sobre los tres poderes. ¿Qué posibilidad de defensa tendrán los particulares frente a este gobierno hegemónico? Prácticamente ninguna. Se votó por un gobierno autoritario: tendremos un gobierno autoritario.
No todavía. Ahora mismo hay un intenso debate acerca de las bondades y defectos de la reforma judicial. Todo hace pensar que se trata de un debate simulado porque el presidente ha dado la orden de no modificar la iniciativa y los legisladores de Morena (y del Partido Verde y del PT, sus comparsas) se caracterizan por su absoluto servilismo. Se simula el debate y se simulará también una consulta popular para tranquilizar a los inversionistas que ven con gran preocupación la transformación del sistema político mexicano, que pasará de ser una democracia a un sistema autoritario.
¿Todo está perdido, entonces? No necesariamente. Para reformar el poder judicial se necesita modificar la Constitución y para hacerlo es necesario contar con una mayoría calificada (dos tercios) en el Congreso. Morena y sus aliados, pese a su holgada victoria, no cuentan con los votos necesarios para hacerlo, por ello mismo están operando de nueva cuenta para falsear el voto de los mexicanos, forzando una sobrerrepresentación que los llevaría a contar con el 73% de los votos cuando solo obtuvieron el 53% de los mismos a nivel legislativo.
En agosto se definirá la composición final del Congreso, para que esté listo para su instalación el 1 de septiembre. Quien definirá la composición del Congreso es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que actualmente solo cuenta con 5 de sus 7 miembros; de esos cinco, tres son proclives a Morena, lo que les da la mayoría necesaria para poder calificar las elecciones. El Senado, encargado del nombramiento de los magistrados faltantes, ha sido omiso en su misión de nombrarlos, para evitar sorpresas.
Tanto el ejecutivo como el legislativo han dado suficientes muestras de que impedirán por todos los medios a su alcance que se nombre a los jueces faltantes. Con trampas y “chicanas” el partido del presidente intentará obtener una sobrerrepresentación espuria que le permita en septiembre modificar la Constitución y así poder aprobar la reforma judicial, el último de los caprichos de López Obrador. Tienen la intención de hacerlo, pero todavía no está resuelto. Habrá una intensa batalla política y judicial para torcer el sentido de lo que dicta la Constitución (que dice que solo se puede tener el 8% de sobrerrepresentación, no el 20% como pretenden Morena y sus aliados).
Será cuando el TEPJF defina los porcentajes que correspondan a cada partido en el Congreso que los mexicanos sabremos con certeza si definitivamente terminó el periodo democrático de nuestra vida pública y nos dirigimos a la instalación de un sistema autoritario, a una nueva “dictadura perfecta”, como calificó Vargas Llosa al modelo priista de dominación hegemónica. Seguirá habiendo partidos de oposición, pero sin posibilidades de conquistar el poder; seguirán celebrándose elecciones, pero estas estarán definidas de antemano; sobrevivirán algunos espacios de opinión, los que el poder considere tolerables.
Mientras la clase política se reparte el poder, la ciudadanía parece suspendida, pasmada, no reacciona ante lo que está pasando. En noviembre del año pasado y en febrero de este año cientos de miles de mexicanos en todo el país salimos a las calles en defensa del Instituto Nacional Electoral, ¿por qué no salimos hoy a defender la autonomía del poder judicial? Pareciera que esos centenares de miles de ciudadanos han olvidado que la democracia comienza, no termina, luego de la jornada electoral. La democracia se debe defender día con día y palmo a palmo.
El voto no es la única forma de participación política para el ciudadano preocupado por los asuntos de su país. Podemos de nuevo salir a la calle. Podemos presionar con marchas a las nuevas autoridades. Con plantones y huelgas. Con textos en los medios y mensajes en las redes. ¿Qué todo esto no servirá de nada? ¿Entonces qué, hay que quedarnos con los brazos cruzados y agachar la cabeza y obedecer lo que se nos ordene por más mezquino y vulgar que nos parezca?
Pensar que simplemente debemos someternos y acatar va en contra de lo que votamos, en contra de lo que marchamos en noviembre y febrero, en contra de lo que pensamos. No debemos aceptar vivir en la sumisión ante un sistema que nos parece injusto. No podemos confiar en lo que hagan los partidos porque estos, como lo han demostrado con creces luego de las elecciones, están podridos.
No está de más recordar el famoso pasaje en el que Ulises, en la Divina Comedia, recuerda cómo, renunciando al confortable reino de su entrañable Ítaca, arenga a sus hombres, viejos marineros, a embarcarse en una nueva aventura. Les recuerda que son hombres, que no son bestias, que han nacido para el conocimiento y el coraje.
Manifestarse, opinar presionar, ciudadanos, mujeres y hombres, jóvenes y viejos, empresarios y gente de a pie, todos aquellos que comprendan el riesgo que como sociedad corremos, todos los que entiendan que no puede dejarse el poder judicial en manos de una sola fuerza política.
No todo está perdido. Pero, definitivamente, si nos mantenemos con los brazos cruzados, otros serán los que decidan por nosotros.
