En una decisión por demás controvertida, la Reina Isabel II accedió a la petición del primer ministro conservador Boris Johnson de suspender el Parlamento británico. La asamblea cerraría sus sesiones dentro de dos semanas y permanecería en suspenso por otro mes hasta el 14 de octubre próximo, fecha prevista para que la propia monarca encabece la apertura de un nuevo periodo de sesiones, poco más de dos semanas antes del 31, fecha límite y fatal del Brexit.
Johnson y sus adláteres tomaron la medida extraordinaria para evitar cualquier tentativa opositora de bloquear o impedir por medio de procedimientos legislativos un Brexit duro y sin acuerdo. La medida provocó la furia inmediata de la oposición, e incluso de varios miembros del Partido Conservador, quienes ven en ella una disposición anticonstitucional y contraria a la democracia.
Así, John Bercow, presidente de la Cámara de los Comunes, calificó la medida como un “ultraje constitucional”, mientras que Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, se refirió a la misma como un asalto fulminante a la democracia británica. El influyente y muy respetado Financial Times, vocero del capital y de los mercados, después de tildar la tentativa de Johnson como una “afrenta a la democracia”, ha hecho un llamado con carácter urgente a los miembros del parlamento británico a que se opongan con celeridad y firmeza a la maniobra de Johnson mediante una moción de censura, procedimiento parlamentario que haría caer a su gobierno y obligaría a la celebración de nuevas elecciones, en las que el electorado británico, y no una exigua minoría de un partido político, preso de una deriva autoritaria, decidiría el futuro de aquel país.
Otros medios como The Guardian o The Independent se han manifestado igualmente en contra. Incluso The Daily Telegraph, pese a su evidente sesgo conservador y euroescéptico, ha expresado su oposición frontal a la marrullera tentativa de interrupción del proceso democrático en el Reino Unido. Esta misma tarde se han verificado manifestaciones populares afuera del Parlamento, en el distrito londinense de Westminster, bajo la consigna única pero lapidaria de “Stop the Coup!” (¡Alto al Golpe de Estado!).
De prosperar, la intentona de Johnson se constituiría en el último eslabón de una ya larga cadena de ataques contra la democracia liberal y en la entronización de un nuevo caudillismo de un “hombre fuerte y providencial” y la eliminación de todo contrapeso a su arbitraria voluntad, ni más ni menos que en una de las democracias más antiguas, avanzadas y consolidadas del orbe.
Esto va mucho más allá del debate entre aquellos británicos partidarios de la salida inmediata y sin concesiones del Reino Unido de la Unión Europea y de los que desean la pertenencia de su país en la entidad supranacional. Lo que están en juego debiera de ser, sin hipérbole, motivo de alarma generalizada en el mundo ilustrado.
Pese a sus múltiples y evidentes defectos, el sistema parlamentario de Westminster ha sido un modelo de poliarquía, de estabilidad, pero sobre todo de libertades para muchos otros países. Su derrocamiento, en el peor de los casos, o su puesta en entredicho, en el mejor, significaría una nueva derrota, acaso definitiva, del modelo de democracia liberal.
La algarada conservadora pone una vez más de relieve la fragilidad de la poliarquía y su vulnerabilidad ante una ofensiva determinada de parte de un liderazgo temerario. Es evidente que nos estamos adentrando como sociedad global en aguas procelosas y más bien turbias. El asalto de Boris Johnson a la democracia británica debe ser unánimemente condenado y vivamente resistido.
Profesor e Investigador de la UNAM.
