En un texto anterior propuse analizar las propuestas en materia de seguridad de las dos principales candidatas a la presidencia de México a partir de su atención a tres grandes objetivos: el fortalecimiento del Estado, el debilitamiento y combate al crimen organizado, y la construcción de paz. En ese mismo texto analicé los planteamientos de Claudia Sheinbaum. En este texto pongo el foco en el Plan Nacional de Seguridad de Xóchitl Gálvez: 14 puntos relativos a la seguridad y 10 a la justicia que permiten entender de manera integral cómo enfrentaría la problemática en caso de ser electa.
Fortalecimiento del Estado
Para lograrlo, Gálvez propone:
- Desmilitarizar la seguridad e incluso la administración pública para que el ejército regrese a ejercer únicamente sus funciones constitucionales (seguridad nacional), por lo que la Guardia Nacional recuperaría su carácter civil e incluso crecería hasta tener 300 mil elementos. El planteamiento es correcto desde las ópticas legal, política, administrativa y funcional, pero tiene una omisión importante, pues no plantea cómo y en cuánto tiempo se operará la transición de los militar a lo civil, una tarea de gran complejidad.
- Fortalecer y duplicar a las policías estatales y municipales en todos sus ámbitos: presupuestal, salarial, equipamiento, tecnología, formación y capacitación (Universidad de la Seguridad Pública) certificación, carrera profesional, etc. No considerados en este tema en específico, ni en el resto de la propuesta, están la estimación de los costos, las fuentes de financiamiento ni los plazos para lograrlo.
- En materia de procuración de justicia, Gálvez plantea consolidar el sistema de justicia cívica; legislar un código penal único para las 32 entidades; crear un Ministerio de Justicia perteneciente al Poder Ejecutivo Federal dedicado a promover políticas públicas en materia de justicia y de derecho, la administración, capacitación, vigilancia, evaluación y en su caso, sanción; establecer un consejo que acompañe al fiscal general de la República y a las fiscalías estatales para evitar la concentración de poder a fin de que sus decisiones más importantes se adopten de manera colegiada. Se pondrá especial atención a la capacitación constante de los ministerios públicos y de las policías de investigación. Hay un tema no abordado en las propuestas que podría ser un talón de Aquiles: la saturación de las fiscalías estatales y General de la República. Los ministerios públicos, además de ser insuficientes, carecen del equipamiento necesario y la corrupción e indolencia privan en la mayoría de los ministerios públicos. Se requiere de una verdadera revolución de la procuración de justicia que le quite al ministerio público el monopolio de las investigaciones para que las policías hagan gran parte de esa tarea.
- Fortalecer al poder judicial y preservar su autonomía, garantizando el mínimo de recursos para evitar que se encuentre sujeto a voluntades políticas; duplicar el número del personal adscrito al sistema de justicia. Se promoverá que como mínimo se le asigne un porcentaje fijo del presupuesto de egresos de la federación y de las entidades federativas. Sin objeción en este punto.
- Sobre cárceles, Gálvez propone impedir que estas sean escuelas de delincuentes. La propuesta en este aspecto es pobre, ya que desconoce la centralidad del control de las prisiones (eliminar los autogobiernos que ejercen los grupos criminales como primera e indispensable medida) para reducir la comisión de delitos y la importancia de rehabilitar primero a los delincuentes para que no se conviertan en delincuentes seriales.
- Por último, se propone una iniciativa que sería fundamental para darle viabilidad al conjunto de propuestas: la firma de un acuerdo nacional entre los tres órdenes de gobierno, el Congreso y la sociedad civil organizada para rediseñar y fortalecer el federalismo, con atención prioritaria a los estados y municipios –la seguridad se construye desde abajo, desde lo local con participación de los ciudadanos— y que además sea el sustento de un nuevo sistema nacional de seguridad en el cual se discutan, analicen, aprueben y evalúen las estrategias. Considerando que el problema de la inseguridad trasciende partidos, gobiernos y sexenios, se requiere, en efecto, ese acuerdo de todo el Estado y la sociedad para solucionarlo. Lo difícil será su instrumentación, como muestra la experiencia del Acuerdo Nacional para la Seguridad y la Justicia y la Paz promovido por el presidente Calderón en 2008, que tenía objetivos similares.
Debilitamiento y combate al crimen organizado
Gálvez le dedica cuatro de los 14 puntos de su propuesta de seguridad. A este capítulo de la estrategia le dedica Gálvez. La primera es la voluntad política de combatir la criminalidad. Increíble que se tenga que decir que el Estado “no otorgará ninguna concesión ni cortesía al crimen organizado”, es decir, que cumplirá con su obligación constitucional. Considerando las trágicas consecuencias que ha tenido la permisiva política de este gobierno, es indispensable mandar con toda claridad el mensaje de que el Estado tiene como principal y primera tarea defender la vida y el patrimonio de la sociedad y los ciudadanos, y que “toda la empatía y fuerza del Estado (estará) para atender las demandas de justicia de las víctimas”. En otras palabras, acabar con el mundo al revés de la llamada 4T.
El segundo punto consiste precisamente en “contener y reducir a las organizaciones criminales más violentas y agresivas mediante 32 equipos policiales de reacción, con prioridad en aquellas bandas que extorsionan y amenazan comunidades y pequeños negocios y las que atacan a personas y transportistas en las carreteras”. También se propone una meta concreta en un plazo determinado: “definir la lista de los delincuentes más peligrosos y de los generadores de violencia para llevarlos a la cárcel en los primeros dos años de gobierno”. En este caso, lo complicado será conseguir el respaldo y la coordinación con los gobiernos estatales, así como generar la inteligencia necesaria para ser eficaz. La propuesta es buena y viable, pero deja de lado a las violencias que son en sí mismas una problemática asociada pero distinta de la actividad delictiva en general (los delitos de alto impacto como el secuestro, los robos y extorsiones). Es pertinente exigir un diagnóstico más fino de los distintos tipos de violencias y la definición de estrategias diferenciadas para reducirlas.
La tercera propuesta, relacionada al uso de la tecnología e inteligencia, es de hecho un lugar común: “aprovecharemos y reforzaremos la capacidad instalada”; “con los mayores avances en materia de tecnología, vamos a complementar las tareas de las fuerzas del orden”. La creación de un verdadero sistema nacional de inteligencia policial y criminal debiera ser el centro del nuevo modelo operativo de las policías locales y de la Guardia Nacional. Aquí hay una laguna seria en la propuesta.
La cuarta propuesta también es una idea novedosa: “Con nuestros vecinos del norte y sur promoveremos un gran acuerdo de seguridad que nos permita lograr la paz y desmantelar a los grupos delictivos que tienen influencia en la región”. La cooperación regional es un elemento fundamental y llevarla al nivel de un gran acuerdo, especialmente con los vecinos del norte, sería dar un paso importante para institucionalizar la cooperación y alcanzar una relación más simétrica y de corresponsabilidad. El acuerdo propone crear una Agencia Norteamericana de Aduanas con personal civil de México y Estados Unidos, con un doble mandato: fortalecer el control sobre cruces fronterizos para frenar la importación ilegal de armas de Estados Unidos a México y el control aduanal para prevenir la importación de precursores químicos para el narcotráfico. Además, se promoverá la colaboración en materia de información, inteligencia, formación policial y búsqueda de objetivos criminales.
Un acuerdo de esa naturaleza ayudaría a frenar los ímpetus unilaterales, agresivos y antimexicanos de la Casa Blanca en caso de que gane Donald Trump. Sin embargo, el problema es la viabilidad inmediata de un acuerdo de esa naturaleza y alcance cuando la desconfianza en ambas partes ha alcanzado niveles profundos. Los casos del general Cienfuegos y García Luna, por un lado, y el comportamiento irresponsable y mentiroso del presidente López Obrador en el asunto del fentanilo, por el otro, han llevado la relación a niveles de confianza y colaboración mínimos, que tratan de ser ocultados con declaraciones diplomáticas que en realidad revelan una hipocresía pocas veces vista. Será por tanto muy difícil negociar un acuerdo de gran alcance; quizá lo viable sea avanzar en reconstruir poco a poco la confianza, en tareas muy concretas y básicas, que podrían ampliarse poco a poco hasta poder llegar al acuerdo.
Construcción de paz
La propuesta de Gálvez considera cuatro propuestas en este punto. La primera atiende el enorme y prolongado descuido de las víctimas, las cuales ahora tendrían prioridad. Para ello “se creará un Fondo Nacional de Atención a Víctimas del crimen organizado y los crímenes de odio. Con los recursos incautados a los criminales reconstruiremos el tejido social, pondremos especial atención a los hijos de las personas desaparecidas y asesinadas, así como a los hijos de mujeres víctimas de feminicidio”. La segunda, la construcción de un tejido social sólido, consistiría en varias iniciativas –la solidaridad social en la solución de las necesidades y conflictos colectivos; programas para disminuir adicciones, un programa nacional permanente de desarme; mayor gasto en educación, cultura y deporte y una estrategia nacional de reconciliación social— pero carecen de una visión integral de la prevención social y la reconstrucción de las comunidades afectadas por la violencia.
La tercera propuesta es el respeto a los derechos humanos como garantía de la paz. Sus iniciativas concretas son reconstruir y apoyar las instituciones que garantizan la protección de los derechos humanos y atender todas las recomendaciones nacionales e internacionales; diálogo permanente con los defensores de los derechos humanos; instalación de un consejo para la escucha permanente de las organizaciones de la sociedad civil. La ausencia en este punto es la formación de los cuerpos policiales en este tema y la creación de mecanismos y áreas de control y vigilancia, independientes y autónomos de las mismas corporaciones, que garanticen, entre otras cosas, el cumplimiento la actuación respetuosa de los derechos humanos y sancionen su violación.
Finalmente, es importante que la propuesta de seguridad incluya el tema de la libertad de expresión de los medios de comunicación, para lo cual se renovará el sistema de protección de periodistas y se construirán las políticas públicas necesarias, en coordinación con las empresas de comunicación, para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, ahora amenazada por el crimen. Aunque la responsabilidad central de la seguridad es del Estado, se reconoce que la participación de la sociedad es decisiva para el éxito de las muchas de las políticas públicas y la propuesta no menciona los espacios ni los mecanismos para que apoye y complemente la acción estatal.
En síntesis, la propuesta de Xóchitl Gálvez, al partir de un diagnóstico más acertado de la gravedad del problema, tiene un planteamiento más completo e integral que atiende con propuestas serias y concretas los tres componentes esenciales de la ecuación básica de la seguridad que he propuesto, aunque con algunas omisiones o desarrollos incompletos, sobre todo en la última parte. Sin embargo, el Plan Nacional de Seguridad es una base muy bien estructurada y ambiciosa, a partir de la cual se puede emprender una estrategia que revierta el deterioro institucional, comience a contener y debilitar la estructura criminal del país y ponga en el centro de las políticas la protección de los ciudadanos y de las víctimas.
Es especialista en seguridad nacional y fue director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Es socio de GEA.
