El presidente quiso decir por qué se meten, aludiendo a los investigadores de la UNAM que participan en el libro Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República y toda su vida han publicado análisis sobre las instituciones mexicanas, pero no le vamos a corregir porque el idioma oral no se corrige. Es como es y cada quién le abona.
Lo que sí se puede corregir es la grosera postura del presidente saliente ante una serie de reformas que transforman profundamente la distribución del poder y los contrapesos en la república. ¿Para bien? ¿Para mal? Eso es lo que se discute hoy en día, con partido en el poder que no necesita más que pedir a sus legisladores que voten a favor sin escuchar el vocerío de los adversarios y con un presidente que no quiere que los expertos desglosen sus propuestas. ¿Por qué se meten?, se pregunta.
Porque todavía pueden, respondo. Porque todavía hay libertad de cátedra, de investigación y de expresión en la UNAM. Porque hay libertad de expresión en el país y porque los académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas se dedican a eso. A veces hacen análisis de cosas juzgadas y ya olvidadas (¿cómo funcionó el sistema electoral de 1935?), a veces de leyes presentes (¿qué significa el artículo 3º en el siglo XXI?), a veces de fenómenos políticos (¿cómo impacta el nuevo sistema judicial en las prisiones?), a veces de propuestas (¿qué funciona mal de una institución y cómo cambiarla?) y a veces de prospectiva (¿y si se prohíbe una acción, qué pasa?). Algunos de los investigadores han dedicado más de 50 años a pensar asuntos laborales, electorales, filosóficos y administrativos. Antes de que Andrés Manuel López Obrador empezara su brega política, ya estaba ahí el Instituto haciendo esto.
Es cierto que en general los escucha un círculo muy pequeño y que sus seminarios y publicaciones son para leerse entre ellos o para formar a nuevas generaciones. Sin embargo, de vez en cuando coinciden sus estudios con la coyuntura y ahí estamos todos viendo cómo desglosan la transparencia, la democracia, el TMEC o hasta el juicio penal a Lozoya.
Eso pasó ahora. Se juntaron, como raramente lo hacen, sus análisis con el escenario legislativo inmediato. De hecho, la publicación académica es de varios meses atrás y aún no tiene como ciertos ni el triunfo ni de Claudia Sheinbaum ni el de Morena y sus aliados en el poder legislativo. El documento es un análisis técnico de veinte reformas lopezobradoristas, en realidad, veinte aspectos de la vida pública mexicana que buscan ser modificados, desde salud y vivienda hasta el poder judicial y la guardia nacional.
Al presidente no le gustó. Dice que no lo ha leído y que por qué se meten, pero si lo leyese tampoco le gustaría porque es un documento con más argumentos en contra que a favor de las reformas propuestas por el presidente, lo que no debe verse como un fallo, sino como un indicador del verdadero impacto de las iniciativas. La presentación de la directora de Jurídicas es un acierto, pues advierte que hay posturas diversas que lo único que tienen en común es el rigor con el que argumentan sus análisis.
La introducción fue escrita por los coordinadores del documento, Pedro Salazar, Sergio López Ayllón, J. Jesús Orozco y Diego Valadés, todos con trayectorias sólidas en el ámbito jurídico académico, y tiene la virtud de presentar el documento como un texto de discusión que contextualiza política e históricamente las reformas. Es verdad que desde la introducción señalan la nocividad de las iniciativas que concentran el poder y también es verdad que incluyeron adjetivaciones que pudieron ahorrarse en aras de ampliar su impacto entre lectores profesionales afines al proyecto oficial. Pero también es verdad que en esa misma introducción advierten que a esta tentación también sucumbieron gobiernos priistas y panistas que intentaron subordinar al Congreso y al poder judicial, lo que demuestra que, si son parciales, lo son a una idea de instituciones, derecho y democracia, no a un partido político.
Los veinte capítulos del documento tienen más de una mirada. Por ejemplo, el capítulo sobre el poder judicial tiene tres análisis, con perspectivas complementarias que, en conjunto, encuentran de valor eso de repensar la forma en la que funcionan los supervisores y administradores de los jueces, la necesidad de cambiar un esquema de nombramiento que ha permitido la llegada de ministros como Eduardo Medina Mora o Lenia Batres, la necesidad de mantener la primacía de los jueces en los órganos colegiados que los supervisan y la urgencia de reforzar la independencia de jueces, ministros y magistrados frente a poderes fácticos, entre otros.
Ninguno de los tres análisis de este capítulo tiene una conclusión optimista. La iniciativa, tal como está, abre la puerta a que las elecciones de jueces, ministros y magistrados se realice en condiciones desfavorables para su independencia y no solo no los blinda para responder con mayor fuerza ante el poder económico, político o criminal, sino que les da incentivos (la reelección) para quedar bien ante alguien.
Es un documento valioso. Si desde la misma UNAM o desde otra institución surge otro documento con investigadores rigurosos que argumenten son solidez un juicio positivo sobre la reforma judicial u otras, habrá que incorporarlo a la discusión pública. Por lo pronto, tenemos este y es bueno. No es para el poder, que no quiere ni leerlo, pero es para nosotros, los ciudadanos, los lectores interesados, los analistas, que queremos saber lo que se viene. ~
es politóloga y analista.
