El pasado martes 11 de mayo, el presidente reafirmó públicamente su derecho a intervenir en las elecciones con el afán de impedir un fraude electoral. “¿Cómo no voy a tener que ver?”, dijo, casi indignado, reconociendo que estaba metiendo la mano en el proceso de Nuevo León.
Poco parece importarle que las reglas del juego electoral hoy vigentes sean resultado de las demandas históricas de su movimiento y lleven tatuadas las cicatrices de cada una de sus derrotas electorales. El candidato de oposición que en 2006 enfrentó la intromisión presidencial de Vicente Fox se ha convertido en el presidente injerencista. Incapaz de superar sus rencores, obsesionado por destruir a sus enemigos, incrédulo ante la posibilidad de que alguien le pueda llevar la contraria, el presidente muestra sus cartas y apuesta su resto, quién contra mí, quién conmigo.
Enfrentado con buena parte de la clase empresarial regiomontana, López Obrador ha hecho de la elección de gobernador en aquella entidad su propia causa electoral. Liberar a Nuevo León de los malos gobernantes es su más reciente metáfora nacional. Esa es su misión y así interpreta él las facultades constitucionales de su encargo.
La continua intromisión del poder ejecutivo en el ámbito judicial dibuja un sombrío antecedente para entender y decodificar la instrucción presidencial que recibió en estos días la (¿autónoma?) Fiscalía General de la República para que investigue a Adrián de la Garza (PRI-PRD) por la entrega de tarjetas y a Samuel García (MC), su esposa y suegro por aportaciones ilícitas a su propia campaña. Cuesta trabajo darle una lectura distinta: la judicialización del proceso electoral en Nuevo León es un esfuerzo por reventar una elección en la que todo ha salido mal para la candidata de Morena, Clara Luz Flores.
La acusación de financiamiento ilícito hacia el candidato de Movimiento Ciudadano merece atención, pues ahí las sanciones legales son claras y, de ser ciertas las acusaciones, podrían conducir a que la contienda se anule en caso de que García resulte ganador y haya rebasado en un 5% el tope de gastos de campaña. También podrían venir multas en caso de un supuesto financiamiento irregular, aunque todo ello deberá quedar aclarado al cumplirse el plazo para la fiscalización de las campañas que establece la ley. En caso de haberse cometido algún ilícito, este debe ser sancionado de acuerdo con el marco legal vigente. Sin filias ni fobias.
Ahora bien, desde una perspectiva estrictamente electoral, la distribución de tarjetas como promesa de campaña por parte de candidatas y candidatos es condenable, pero ha sido validada por el propio TEPJF en el pasado, siempre y cuando el apoyo o promesa de ingresar en el futuro a un padrón de beneficiarios no se realice a condición de votar por tal o cual partido. Diversas candidaturas de todos los partidos –incluida la de la propia Clara Luz Flores– han hecho de este artilugio electorero una socorrida herramienta de propaganda.
Sería muy positivo para la democracia mexicana ir al fondo del asunto y replantear la actual lógica que legitima la utilización, velada o expresa, de programas sociales con fines electorales. Hacerlo obligaría a poner en el centro del debate en torno a una posible reforma electoral la obtención de un beneficio económico clientelar por el simple hecho de votar por una fuerza política determinada. Necesitamos desmontar la óptica que explica los programas sociales como parte del asistencialismo filantrópico del estado mexicano. Y eso pasa, sí, por castigar los delitos de compra o coacción del voto, pero también por cuestionar su uso como discurso de campaña.
Me parece que el presidente ha desperdiciado una valiosa oportunidad para mostrar su calidad moral al interior de Morena y erradicar una práctica del todo deleznable en su propio partido. En lugar de ello, ha vuelto a demostrar que para él la ley electoral, así como la crítica y las posiciones ideológicas opuestas a la suya, son obstáculos a vencer para transformar a México en una sociedad políticamente monoteísta.
es investigador del CEIICH-UNAM y especialista en comunicación política.
