En los primeros meses de este año, las esperanzas de que las reformas económicas emprendidas por el gobierno de Raúl Castro avanzaran más y, eventualmente, se abrieran al campo de los derechos civiles y políticos, por medio de una nueva legislación en materia electoral, asociativa y de medios, se vinieron abajo. Aquellas expectativas surgieron del proceso de restablecimiento de relaciones con Estados Unidos y de normalización de vínculos con la Unión Europea, pero también de las propias declaraciones de Raúl Castro y otros líderes del país, por lo menos, hasta la primavera de 2016.
Después del viaje de Barack Obama, el discurso oficial volvió a encerrarse en su tradicional mezcla de opacidad y triunfalismo. Al malestar que provocaron las palabras de Obama en La Habana y sus reuniones con opositores y empresarios de la sociedad civil, se han ido sumando en los últimos meses, la muerte de Fidel Castro, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, con su promesa de revertir el proceso de normalización, y la crisis en Venezuela que coloca a Cuba ante el dilema de abandonar su tímido pragmatismo diplomático y regresar a la geopolítica estrecha del bloque bolivariano.
Junto con un endurecimiento del discurso oficial, ligado al duelo por la ausencia de Fidel Castro, se ha producido un evidente incremento de la represión. No sólo los opositores sino asociaciones civiles, páginas electrónicas, grupos intelectuales o proyectos comunicacionales, de relativa independencia del Estado, que demandan un avance de las reformas, son descalificados por el oficialismo. Existe, en la zona más inmovilista de la opinión digital de la isla, una clara agenda de estigmatización del reformismo o el “centrismo” como “nuevo rostro de la contrarrevolución”.
Se produce así una atmósfera contradictoria en la que un evento fundamental para el futuro inmediato del país, como es la elección de la nueva Asamblea Nacional, que elegirá, a su vez, al nuevo Consejo de Estado y procederá a la sucesión de poderes, prevista para el 24 de febrero de 2018, es antecedido por una ofensiva ideológica contra el cambio o enfáticamente inclinada al continuismo. La cúpula cubana parece decidida a llegar al término de la tercera y última presidencia de Raúl Castro sin adelantar las reformas constitucionales que darían mayor legitimidad al gobierno sucesor.
Esa resistencia a una reforma constitucional, que el llamado proceso de “actualización del socialismo” ha vuelto inevitable, es otro indicio de la precariedad del proceso constituyente cubano y, en general, de la cultura jurídica en la isla. Las reformas emprendidas por el gobierno de Raúl Castro, sobre todo entre 2012 y 2015, carecen de rango constitucional, lo cual no impide pero sí dificulta su aplicación. Desde un punto de vista histórico, se regresa a una disonancia entre el marco constitucional y la vida económica y política de la isla, parecida a la que subsistió entre 1959 y 1976.
El sentido común indica que una reforma constitucional, antes de la sucesión de febrero del 18, es más beneficiosa para el gobierno cubano. Además de reforzar la legitimidad del nuevo mandatario, esa reforma evitaría al liderazgo sucesor una intervención en las leyes fundamentales del país, que podría ser delicada para los sectores ortodoxos. Otra hipótesis para explicar la postergación es que tras abandonar la presidencia de los consejos de Estado y de Ministros, Raúl Castro, desde la jefatura del Partido Comunista, que preservará hasta 2021, podría encabezar el proceso de reforma, convirtiéndolo en una prioridad.
La segunda sucesión cubana, que veremos en febrero de 2018, a diferencia de la que tuvo lugar tras la convalecencia de Fidel Castro, en 2006, tendrá la novedad de colocar, por primera vez en 60 años –se dice fácil–, a una persona con apellido diferente en la jefatura de Estado de la isla. Y, probablemente, tendrá también la mínima ventaja de que la presidencia del país llegue a manos de un político civil y nacido después del triunfo de la Revolución de 1959. Pero en Cuba, como dice el artículo 5º de la Constitución vigente, la “fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado” es el partido único y su titular seguirá siendo Raúl Castro por varios años más.
De manera que el urgente cambio constitucional cubano estaría retrasándose hasta 2022 o 2023, cuando, tal vez, sea electo un nuevo liderazgo de acuerdo con reglas del juego ligeramente distintas. Reglas que, en el hermetismo cubano suenan sacrílegas, como la elección directa del Jefe del Estado, la extensión del derecho de asociación y expresión a las organizaciones de la sociedad civil o la limitación del rol de las comisiones oficiales de candidatura en el proceso electoral, pero que, en la práctica, no amenazan la hegemonía del Partido Comunista de Cuba.
Lo más grave es que, en estos momentos, aludir a la caducidad del marco constitucional actual se vuelve, en medios oficiales, motivo de alarma. Como si, además de tolerar en silencio el retraso deliberado de la reformas, hubiera que restar importancia al relevo de poderes que tendrá lugar tan sólo en ocho meses. En ese obsesivo control de los tiempos del cambio y en esa confiscación de la política nacional en manos de un puñado de viejos dirigentes reside el meollo del autoritarismo cubano. Eso que algunos todavía llaman “revolución” o, peor, “utopía”.
(Santa Clara, Cuba, 1965) es historiador y crítico literario.
