Hace unas semanas, la coalición Internet es Nuestra presentó un informe en el que se recopilan, sistematizan y explican algunas de las formas más comunes de violencia en línea contra las mujeres. Es un trabajo importantísimo para comenzar a entender este tipo de violencia, discutirla y ponerla en la agenda pública.
El informe aporta algo nuevo y tremendamente valioso en nuestro país: una tipología de las agresiones que se dan a través de la tecnología. Dicha tipología, que proviene de un ejercicio de acompañamiento a mujeres que han vivido violencia en línea, nos permite nombrar y acercarnos a las formas en las que se expresa esta violencia. Las agresiones más comunes son el acoso, las amenazas, el monitoreo y el acecho, el control y manipulación de la información, así como las expresiones discriminatorias y el desprestigio.
No hay registros estadísticos claros para conocer la dimensión y gravedad de la violencia en línea contra las mujeres, ni sobre aquella violencia relacionada con las tecnologías. No obstante, nombrar y entender las formas en las que se presenta esta violencia es un primer paso esencial para poder pensar en las estrategias que nos permitan apropiarnos y reapropiarnos del espacio digital, y así apostarle al pleno ejercicio de nuestros derechos en este ámbito.
Este informe surge en un contexto donde, como lo indica el único registro estadístico que se ha levantado a nivel nacional sobre el tema, el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2015, alrededor de 9 millones de mujeres han vivido ciberacoso en México. Este mismo registro muestra que el 52.6% de las mujeres que se enfrentaron a una situación de ciberacoso decidieron bloquear a la persona que las estaba violentando o ignorar la situación, mientras que solo el 4% denunció ante alguna autoridad. Por su parte, el reporte Ciberviolencia contra mujeres y niñas, elaborado por la ONU en 2015, nos permite dimensionar el problema en nuestro país desde la perspectiva de género: las mujeres son 27 veces más vulnerables que los hombres a ser víctimas de algún tipo de violencia en internet. Además, en el 61% de los casos los agresores son hombres.
En este contexto y con los datos (o la falta de ellos) que tenemos, surgen más preguntas que respuestas. Clasificamos la violencia. Entendemos cómo se expresa. Medianamente tenemos idea de quiénes son los perpetradores. Sabemos que la violencia en línea no es una violencia aislada, sino un síntoma más de una sociedad en la que la violencia contra las mujeres está presente en prácticamente todos los ámbitos, se vive y expresa de forma cotidiana. Tenemos certezas: quienes usan las nuevas tecnologías de la información para ejercer violencia no son seres que viven únicamente en la red de redes: también viven fuera de la pantalla, se relacionan con otras personas, son rostros conocidos y desconocidos, son nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestros amigos y enemigos. A cada avatar le corresponde un rostro y la habilidad de un programador de bots es, todavía, producto del ingenio humano.
También los efectos de la violencia en el mundo online y offline tienen más similitudes que diferencias: las personas violentadas deciden retirarse de ese espacio o autocensurarse (¿cuántas veces no hemos visto este fenómeno en espacios que no son “tradicionalmente” de mujeres?). En pocas palabras, el código que estructura internet proviene de esta sociedad desigual y las personas que navegan esta red, al ser producto de esta sociedad, reproducen esta desigualdad .
Llevamos muchos años pensando en legislaciones y políticas públicas que erradiquen la violencia contra las mujeres. Si algo se ha aprendido a lo largo de este tiempo, es que la solución no está únicamente en lo que queda plasmado en los documentos, sino en su aplicación, en la ejecución y el disfrute tangible de estas políticas. Como bien concluye el Informe Internet es Nuestra, en un país con altos niveles de impunidad, la respuesta punitiva no puede pensarse como la principal solución a esta problemática. Es por esto que como sociedad, continuamos pensando en qué estrategias paralelas podemos implementar para lograrlo y en cómo llenamos los vacíos de un Estado que no parece resolver el día a día.
Si bien la violencia en línea no es distinta a la violencia fuera de ella, las posibles soluciones para erradicarla son diferentes, debido a las particularidades técnicas y de gobernanza de internet, en donde hay múltiples partes interesadas, y donde la toma de decisiones se encuentra descentralizada mediante la participación de diferentes actores: gobiernos, sector privado, la comunidad técnica, organismos internacionales y sociedad civil. Este panorama representa muchas virtudes, pero también muchos retos.
La Internet Society ha desarrollado cuatro atributos para que la toma de decisiones multipartita sea exitosa, mismos que deberían guiar la evolución de la red. El reto está en hacer de estos principios una realidad tangible para la solución de problemáticas sociales dentro de la gobernanza de internet, más allá de aplicarlos en soluciones meramente técnicas, por lo que tenemos que entenderlos y adecuar los esfuerzos en torno a ellos.
El primer atributo, inclusión y transparencia, tiene dos aristas principales: 1) incluir en la toma de decisiones a quienes se ven afectadas o afectados por determinada decisión y 2) transparentar (dar a conocer) todos los insumos y los procesos que guiaron la toma de decisiones. En este sentido, será necesario hacer esfuerzos para que las mujeres que se ven directamente afectadas por la violencia en línea tengan un lugar en la toma de decisiones en torno a las soluciones de la misma y, además, tengan conocimiento sobre qué se ha decidido en la materia y por qué. Para lograrlo, será importante dilucidar cuáles son las barreras a la entrada que existen (prácticas y formales) para su participación en la toma de decisiones.
Respecto al segundo atributo, responsabilidad colectiva, la pregunta que tenemos que contestarnos es: ¿a quién le corresponde tomar acciones para combatir la violencia contra las mujeres en línea? Para quienes trabajan el tema de derechos digitales, esta discusión no tiene una respuesta clara. Sabemos que es un mandato el que todas las partes interesadas compartan un sentido de responsabilidad por la subsistencia de internet y los beneficios que aporta a nuestras sociedades y a la economía mundial, pero ¿cómo la llevamos a la práctica? ¿Es necesario generar en esta colectividad el sentido de urgencia para que se diseñen políticas o acciones concretas? El mayor miedo, que es un miedo legítimo, es que, si se le permite a alguno de los actores mencionados intervenir de manera unilateral en internet y tomar acciones contra alguien que ejerce violencia, esto pueda derivar en acciones de censura o en la limitación del ejercicio de otros derechos, como puede ser la privacidad o el acceso a la información.
El tercer atributo, que está íntimamente ligado con el anterior, es la toma e implementación eficaz de decisiones. Según la propia Internet Society, para que “las soluciones se puedan implementar de forma exitosa es necesario que sean imaginativas y colaborativas. No es tan sencillo como aprobar una ley nacional”. Este punto es primordial, porque hace referencia a que la implementación también dependerá del diseño de soluciones y de la responsabilidad de todos los actores. Así, es necesario que las iniciativas en la materia vayan más allá de la simple exigencia de reformas en la ley o a los códigos para la inclusión de estas problemáticas
El último atributo es la colaboración dentro de la gobernanza de Internet. En este sentido, es importante que se establezca el objetivo común: erradicar o mejorar de manera sustancial la situación de violencia en línea contra las mujeres y se busque una colaboración directa de todos los actores involucrados: proveedores de internet, páginas web, redes sociales, gobierno, entre otros.
Informes como el de la coalición Internet es Nuestra, al poner el tema en la agenda pública, nos llevan a plantearnos estas preguntas y a discutir posibles soluciones. Soluciones que tendrán que ser transversales, cruzar la frontera entre lo online y lo offline, impactar de manera directa en la vida cotidiana de todas las mujeres y pensarse no solo desde el ámbito de lo institucional, sino desde lo comunitario y lo colectivo.
Estudió Ciencia Política en la UNAM y la maestría en género en LSE. Trabaja como asistente de la dirección en EQUIS: Justicia para las Mujeres.
