Hace cuatros meses, en este mismo espacio señalamos las arbitrariedades que representaba la reforma a la Constitución local de Baja California para extender el mandato del gobernador electo Jaime Bonilla de dos a cinco años. A lo largo de este tiempo, Bonilla ha agotado todos los recursos posibles para ampliar su gubernatura: desde una reforma donde supuestamente se pagaron sobornos a los diputados de los partidos de oposición hasta una consulta ciudadana ilegal. Sus acciones representan una manipulación de la ley y abren una peligrosa puerta a la violación del Estado de Derecho. De salirse con la suya, la democracia sería la principal afectada.
En la descarada consulta ciudadana realizada el domingo 13 de octubre solo participaron 53 mil ciudadanos, el 1.9% del electorado del estado. De estos, el 84.25% votó por un mandato de cinco años. La consulta no fue organizada por el instituto electoral, sino por un Comité Especial integrado por diputados de Morena, la pregunta era poco clara e inducía el sentido del voto, se instalaron solamente 250 casillas en los 5 municipios del estado y se registraron irregularidades, como ciudadanos que votaron en múltiples ocasiones porque sus huellas no fueron marcadas con tinta indeleble o mesas donde no se les exigió la credencial de elector para entregar una boleta. De acuerdo con Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, la consulta es ilegal y carece de todo rigor técnico, por lo que el instituto analiza qué puede hacer “para que la Suprema Corte resuelva el grave entuerto democrático, el atropello… que nuestro régimen constitucional ha sufrido”.
El sábado, el presidente López Obrador visitó Baja California, como parte de su gira por hospitales rurales. En su Twitter se refirió a la discusión por la ampliación de mandato de Bonilla como “una controversia acerca de si dura dos o cinco años el gobernador electo” y celebró la existencia del Estado de Derecho y que sea la Suprema Corte de Justicia quien tenga que decidir. En su conferencia matutina del lunes no tocó el tema. En cambio, el martes retomó su comentario del fin de semana y agregó que “son chicanadas” que no se haya publicado la ley para evitar la impugnación de la Suprema Corte, pero que su gobierno no promoverá una acción de inconstitucionalidad porque no le corresponde. “Los mismos que aprobaron la ley pueden ahora retractarse, ofrecer una disculpa y decir: ‘Nos equivocamos, y tan es así que vamos a impugnarla’. Eso sería lo mejor”, concluyó. Aunque el presidente desee deslindarse de responsabilidades, cabe recordar que él fue el primero en promover este tipo de consultas ciudadanas que carecen de una metodología clara, incluso antes de asumir el poder, y que desde la elección estatal no ha mostrado una postura contundente frente al atropello democrático que se plantea en Baja California.
La llamada “Ley Bonilla” fue aprobada el 8 de julio por el Congreso local y el 23 de ese mismo mes fue ratificada. Fue hasta el 15 de octubre cuando Catalino Zavala Márquez, presidente del Congreso, la entregó a la Oficialía de Partes de la Secretaría de Gobierno estatal. A pesar de estar en contra de la reforma, el gobernador Francisco Vega Lamadrid dijo en entrevista radiofónica que la publicará el viernes para que organismos y otros poderes puedan impugnarla ante la Suprema Corte de Justicia.
Parece ser que los legisladores postergaron su publicación hasta dos semanas antes de que Bonilla asuma el cargo para retrasar las acciones legales en su contra. Pero una vez que se publique, las partes inconformes cuentan con un plazo de 30 días naturales para presentar acciones de constitucionalidad. La Corte atraerá el caso y solamente el Ejecutivo o alguna de las presidentas de las Cámaras podrán pedir que se resuelva de manera prioritaria, como se indica en el artículo 94 constitucional. El hecho de que Bonilla tome posesión y gobierne no impedirá que la Corte analice el caso y que el proceso pueda tomar incluso años. Por lo que el gobernador asumirá el poder sin saber si su mandato se extenderá tres años más.
En su defensa, Bonilla insiste en que él no promovió la reforma para extender su mandato y que se registró a la contienda por un periodo de cinco años. No obstante, en la convocatoria publicada el 5 de enero de 2018 se estableció que la duración del mandato iniciaría el 1 de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021.
La Suprema Corte de Justicia ahora tiene la responsabilidad de impedir que se viole la ley y se vulnere más la ya de por sí frágil democracia. De acuerdo con el ministro en retiro José Ramón Cossío, no hay ninguna posibilidad de que proceda la ampliación de mandato porque no hay precedentes y la consulta que buscó darle legitimidad a la reforma fue hecha fuera de la ley. Olga Sánchez Cordero, en calidad de ministra en retiro, también señaló que la extensión de mandato es inconstitucional, pero como secretaria de Gobernación ha mantenido distancia para que sea el poder judicial quien dicte la última palabra.
El problema de fondo de la “Ley Bonilla” es la facilidad con que los actores políticos creen que pueden manipular la ley para satisfacer sus propios intereses escudándose en la voluntad popular. En un intento por otorgar un marco legal a estos ejercicios improvisados de democracia participativa, ayer el Senado aprobó las reformas constitucionales en materia de revocación de mandato y consulta ciudadana. Ahora, el dictamen regresó a la Cámara de Diputados para su revisión. La reforma establece que no podrán someterse a consulta temas relacionados con derechos humanos, el sistema financiero, el presupuesto de egresos, obras que estén en proceso ni la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular. El INE será el único organismo responsable de su organización y para ser vinculante se requiere la participación de al menos el 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. De haberse aprobado esta reforma el año pasado, el aeropuerto de Texcoco aún estaría en construcción y la democracia en Baja California no estaría bajo el escrutinio.
Con investigación de Karla Sánchez.
