Abel Murrieta fue asesinado a plena luz del día en las calles de Cajeme, Sonora, el estado que aspira a gobernar Alfonso Durazo, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Andrés Manuel López Obrador. Murrieta era candidato a la alcaldía del lugar (murió mientras repartía volantes), pero era también abogado de la familia LeBarón, a la cual acompañaba en el esclarecimiento del brutal ataque en el que perdieron la vida nueve de sus miembros, entre ellos seis niños y tres mujeres.
Por supuesto, era un crítico de las fallas de la estrategia de seguridad del gobierno federal, cuyo plan más importante en Cajeme es la inversión de cientos de miles de pesos en una escuela de beisbol, un gusto del presidente López Obrador, quien asegura que en materia de seguridad “vamos muy bien” porque se están atendiendo las causas que originaron la violencia.
Según la empresa de consultoría Etellekt, que ha venido documentando la violencia política en nuestro país, solo en el actual proceso electoral (con corte al 30 de mayo) habían sido asesinados 89 políticos, 35 de ellos aspirantes y candidatos a puestos de elección popular, 90% de los cuales eran opositores a los alcaldes de los municipios que buscaban gobernar o representar. Esto, sin mencionar la injerencia en las campañas políticas del crimen organizado, tema de competencia federal.
No obstante que la espiral de violencia se ha agravado al punto que durante los primeros dos años del sexenio se registraron 71 mil 100 homicidios dolosos en el país (los dos años más violentos en la historia moderna de México), el presidente acusa de “amarillistas” a los medios y periodistas que han hecho eco de los atentados y asesinatos de políticos y candidatos durante el proceso electoral, tema que, según él, ha sido magnificado “con el afán de enrarecer el ambiente”, y debido a que el conservadurismo se ha agrupado en contra de su proyecto.
Si a la fecha 476 políticos y aspirantes han sido víctimas de amenazas, secuestro, robos y atentados, si 146 candidatos se vieron obligados a hacer campaña con protección policiaca o de la Guardia Nacional, esas cifras, para Andrés Manuel López Obrador, son una invención de la sensacionalista nota roja de los medios de comunicación, por lo que no está dispuesto a meter las manos. Lo importante para él es si tendrá mayoría legislativa, qué gobiernos estatales se quedará su partido y aun si al encargado de su fallida estrategia de seguridad le alcanza para quedarse con una de esas gubernaturas.
A poco más de una semana de las elecciones intermedias en nuestro país, el semanario británico The Economist, crítico permanente de los líderes populistas, decidió dedicar al presidente la portada de su edición para Latinoamérica, llamándolo “El falso Mesías de México” (Mexico’s False Messiah), en un editorial que advierte que aunque López Obrador no está en la boleta, con su voto, los ciudadanos determinarán la profundidad y la duración del daño que él y su partido le harán los próximos tres años a México y su democracia.
“El desprecio del presidente por las reglas es una de las razones por las que las elecciones del 6 de junio son importantes”, alerta el semanario, pues aunque las instituciones de México se mantienen fuertes, pueden ceder ante el asalto sostenido de un fanático con apoyo popular y “hambriento de poder” que no ha dudado en dividir a los mexicanos en dos: “el pueblo”, para referirse a quienes lo apoyan, y “la élite”, formada por sus críticos y a la que culpa de todos los problemas del país.
El texto de The Economist no habría sido diferente de otros como el publicado en abril por Forbes, que preguntaba si López Obrador está destruyendo México y que caracterizaba al mandatario mexicano como un autócrata que se ve a sí mismo como un salvador; uno de esos autoritarios que abrazan la retórica populista y se posicionan como la encarnación legítima de la voluntad del pueblo.
El semanario británico cometió el error retórico de hacer de su artículo un llamado de alerta a Joe Biden a involucrarse en México, ante “el autoritarismo rampante en su patio trasero”, lo que dio estopa al victimismo del gobierno federal, el cual usó las vías diplomáticas para tratar de dictarle línea al medio inglés.
En una carta, el canciller Marcelo Ebrard reclama que en lugar de hacer eco de la “profunda transformación política económica y social que está viviendo México”, se sugiera que el actual presidente de algún modo ha minado la democracia mexicana, cuando lo que ha hecho es precisamente lo opuesto”, al tiempo que advierte que los resultados de la próxima elección “no coincidirán con lo que ustedes desean”, aunque olvida convenientemente recordar que Andrés Manuel López Obrador ha aceptado que tiene “las manos metidas” en el actual proceso electoral.
Como escribe Raymundo Riva Palacio, además de envolverse en la bandera tricolor, el presidente y los suyos deberían reflexionar sobre lo que está sucediendo, y por qué se le percibe como un autócrata que tuerce leyes y mina la democracia. No importa su nivel de aprobación.
Periodista. Autor de Los voceros del fin del mundo (Libros de la Araucaria).
