Nada nuevo hay en algunos de los hechos que ocuparon los espacios noticiosos en los últimos días.
El jueves 23, durante la comparecencia de Rosario Piedra, presidenta de la CNDH, ante la Comisión Permanente del Congreso, diputados y senadores de Morena rechazaron la petición de Porfirio Muñoz Ledo de proyectar un video que mostraba agresiones de miembros de la Guardia Nacional contra la caravana de migrantes centroamericanos. Durante la semana pasada, cuatro agencias de la ONU y organizaciones como Amnistía Internacional exigieron al gobierno mexicano que les permitiera seguir adelante con sus labores de supervisión en las estaciones migratorias y que evitara el uso de la fuerza para detener o dispersar a los migrantes de las caravanas. Muñoz Ledo buscaba conocer la opinión de la ombudsperson sobre el tema, pero su partido prefirió negarle la palabra.
Ese mismo días, publicó en su cuenta de Twitter:
La Guardia Nacional reincidió hoy en la agresión de migrantes centroamericanos. Parece ser una actitud sistemática o una política de Estado contraria a los más elementales derechos humanos. Quienes lo ordenaron deberán responder ante el Congreso.
— Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) January 24, 2020
Tras el incidente, el diputado, con innegable conocimiento de causa , dijo que Morena había actuado “como un partido de línea, más eficaz que el PRI”, y que los hechos representaban un salto atrás “de 20 o 30 años”. Y si bien las bancadas de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados ya habían dado copiosas muestras de su capacidad para emular prácticas de antaño antes de este incidente –la designación de la propia Piedra es un episodio destacado–, las declaraciones de Muñoz Ledo son atendibles porque sintetizan bien una crítica que se ha repetido una y otra vez desde los medios, la sociedad civil y la oposición: que Morena se comporta como un partido de Estado, sordo a cualquier posición distinta a la consigna presidencial. López Obrador ya ha dicho que los derechos humanos de los migrantes han sido respetados. Cualquier evidencia en contra deberá enfrentarse con la aplanadora morenista.
El viernes 24, en su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador se refirió a las protestas de padres de niños que padecen cáncer, frente al desabasto de los medicamentos necesarios para tratar esta enfermedad que han sufrido algunos hospitales públicos. Periodistas como Ciro Gómez Leyva y Héctor de Mauleón rescataron el testimonio de los padres de una de estas niñas en sus espacios noticiosos, y contra ellos se dirigió el viernes la palabra presidencial. “Tampoco se han caracterizado por tener escrúpulos morales”, dijo López Obrador en respuesta a un reportero que dijo que Gómez Leyva había “utilizado” a un niño “para generar rating”. En cuanto a De Mauleón, el presidente aconsejó: “Lean el artículo y díganme si esto es periodismo profesional, ético. Esas cosas pues no”. Tampoco estas respuestas son novedosas. Una y otra vez, en ejercicio de lo que él considera su “derecho de réplica”, el titular del Ejecutivo ha descalificado la labor de los periodistas que han documentado las fallas de su gobierno, lo mismo en el terreno de la salud pública que en el de la seguridad o la economía, por mencionar algunos. La persistencia de estas fallas parece incomodarlo menos que los llamados de atención sobre las mismas.
El domingo 26, la Marcha por la Verdad, la Justicia y la Paz, organizada, entre otros, por Javier Sicilia y Julián Le Barón, llegó a la Ciudad de México. A su paso por el Senado, representantes de la marcha se reunieron con legisladores de oposición para entregar la Propuesta ciudadana para la construcción de una política sobre verdad, justicia y reparación a las víctimas de la violencia y las violaciones a derechos humanos. Morena y sus aliados prefirieron no asistir a este encuentro con víctimas de la violencia. El partido del presidente siguió así el guion trazado desde Palacio Nacional, donde López Obrador ya había anunciado que no se reuniría con representantes de la Marcha “para no hacer un show”. Más tarde, al llegar al Zócalo, la Marcha fue recibida por simpatizantes del presidente. A quienes formaban parte de la marcha –familiares de algunas de las miles de personas que han sido asesinadas o desaparecidas–, les gritaron “fuera traidores” y “es un honor estar con Obrador”.
El lunes 27 por la mañana, el presidente volvió a usar su “derecho de réplica” para referirse a la marcha. “No alentamos nosotros eso”, dijo sobre las agresiones verbales contra los manifestantes. “Se puede decir: ‘Es que el presidente cuestiona a los conservadores’. Ahí sí, ofrezco disculpas por anticipado, pero sí los voy a seguir cuestionando, porque los conservadores corruptos son los responsables de la crisis de México”, dijo. “Como todos los conservadores son muy hipócritas –esa es su doctrina, la hipocresía– se olvidan de lo que hicieron. Por ejemplo, hay organizaciones afines al conservadurismo que en el tema de la violencia no están demandando, no están exigiendo una explicación cuando menos a los gobiernos que tomaron la decisión de enfrentar el problema de la inseguridad con el uso de la fuerza, con el ‘mátalos en caliente’”, siguió diciendo, omitiendo decir que no se trató de la primera vez que una Marcha por la Paz recorre el país y cuestiona al gobierno en turno.
Estas tres reacciones solo nos recuerdan del malestar que al presidente, a su partido y a algunos de sus seguidores les genera la crítica, incluso la mera exigencia de cumplir con sus responsabilidades. Por ello, una y otra vez buscan acallarla con la repetición de un relato maniqueo en el que siempre es posible ensanchar la esfera de los enemigos: los medios, los líderes de la sociedad civil, el raro morenista que se atreve a alzar la voz.
Bien haría el grupo en el poder en recordar que hay una lista de agravios que crece día con día. El deterioro de un ya de por sí precario sistema de salud, el abandono del país en manos de la delincuencia, el papel vergonzoso del gobierno de México como contratista fronterizo del gobierno de Trump están en esa lista. Como facción política, ese grupo puede escoger a sus adversarios, pero como gobierno debe cumplir sus responsabilidades y evitar que la lista de agraviados crezca más. El cálculo político, cualquiera que este sea, no debe estar por encima de la obligación moral y constitucional.
