El miércoles pasado, en el Consejo Permanente de la OEA, veintinueve países votaron a favor de convocar una reunión urgente de cancilleres del continente para abordar la decisión de Daniel Ortega de acabar con la celebración de elecciones en Nicaragua. México se abstuvo. Alejandro Encinas, representante permanente de México ante la OEA, dijo durante su intervención que la situación interna de Nicaragua “no constituye una amenaza a la paz ni a la seguridad hemisférica.” Que hay que privilegiar el diálogo. Que calificar una crisis política interna como amenaza a la seguridad “no contribuye necesariamente” a resolverla, y que puede “profundizar el aislamiento” del país centroamericano.

Traduzco todo esto al castellano llano y puro: un dictador acaba de cancelar toda elección –el mecanismo mismo por el cual la ciudadanía elige a quién gobierna– y el gobierno mexicano decidió, en sintonía con el mutis presidencial y de cancillería cuando Ortega anunció, a fines de julio, que ya no habrá comicios en su país, que eso no amerita ni siquiera acompañar, sin condiciones previas, la convocatoria a hablar del tema entre cancilleres de la región. Lo que sí escuchamos es la barahúnda de la “autodeterminación de los pueblos”, cuando aquí lo único que hay es la autodeterminación de un tirano. No estamos hablando de una intervención militar, de sanciones, o de nada coercitivo. Estamos hablando del mínimo diplomático posible que se buscaba con la votación en la OEA: reunirse a conversar. Aun así, México prefirió hacerse de la vista gorda. Esto es vergonzoso y reprensible.

Y lo es todavía más porque México firmó la Carta Democrática Interamericana desde su adopción en 2001. Esa carta no es un documento decorativo: sus artículos 19 al 21 establecen, con toda claridad, que la ruptura del orden democrático de un Estado miembro –y borrar las elecciones del mapa es, por definición, eso– no es un asunto puramente interno, sino algo que legítimamente le compete a toda la comunidad interamericana. Ese es el mecanismo que se activó ayer. Y México lo ignora dos veces: procesalmente, al abstenerse del instrumento que el propio tratado diseñó para este escenario; y conceptualmente, al insistir en que esto es un tema interno cuando el documento que México suscribió dice, en blanco y negro, que no lo es.

Esto no es un hecho aislado. Es un patrón. Hace apenas siete meses, cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó el uso de la fuerza –lo cual, como principio, es correcto– pero lo hizo sin una sola mención respecto al hecho de que Maduro gobernaba mediante fraude electoral, represión y desmantelamiento sistemático de toda oposición. Con Cuba, México mantiene una relación de abrazo permanente, sin jamás una palabra sobre presos políticos o derechos humanos, a pesar de que la promoción y defensa de esos derechos está consagrada como principio rector constitucional de nuestra política exterior; sí, esos principios a los que recurren un día sí y el otro también como muletilla y parapeto diplomático, y ahora convenientemente ignoran uno de ellos. Con Ortega, las relaciones diplomáticas no solo se han mantenido intactas; bajo Andrés Manuel López Obrador y ahora con Sheinbaum, México no ha encontrado la voz para señalar que ese régimen lleva años encarcelando opositores, desterrando obispos, cerrando universidades y ahora, sin tapujos ni rubor, borrando las elecciones del mapa.

Y aquí conviene comparar con un caso casi espejo. Cuando en diciembre de 2022 destituyeron constitucionalmente a Pedro Castillo en Perú, México no dudó ni un segundo: rompió relaciones diplomáticas, calificó el episodio de golpe de Estado, le dio refugio durante años en su embajada en Lima a la ex primera ministra Betssy Chávez, y sostuvo esa posición hasta apenas este agosto, cuando normalizó relaciones. Contra un gobierno de centroderecha, México actuó con una firmeza inmediata y sostenida. Contra Ortega, que literalmente exterminó las elecciones y las urnas, México ni siquiera acompaña el voto a favor de una reunión de cancilleres. Los hechos, en el fondo, son comparables: ambos casos aquí encierran rupturas del orden democrático. Pero hay un doble rasero. Lo que cambia es la ideología de quién rompe ese orden. Ahí está la contradicción descarnada, y hay que decirlo sin eufemismos o rodeos: cuando el autoritarismo viene de la derecha, México condena sin titubeos, rompe relaciones y da refugio. Cuando el autoritarismo ocurre en la izquierda, México calla, matiza, arropa y se abstiene. Parafraseando a Orwell y su Rebelión en la granja, hay autoritarismos más validos que otros. Eso no es una doctrina de política exterior. Es una preferencia ideológica disfrazada de principio.

Hubo un México que sí tuvo autoridad moral para hablar de Nicaragua, y la ganó actuando, no absteniéndose. En 1979, el gobierno mexicano rompió relaciones diplomáticas con la dictadura de Anastasio Somoza, semanas antes de que los sandinistas entraran triunfantes a Managua. México fue el primer gobierno en hacerlo. No se limitó a un comunicado prudente: le abrió la puerta a la insurgencia sandinista, respaldó políticamente al Frente y, tras su triunfo a fines de ese mismo año, sostuvo al nuevo gobierno con petróleo de Pemex en condiciones preferenciales y apoyo financiero. Unos años después, en 1983, y en una de las páginas más importante de diplomacia mexicana en la era moderna, México fue cofundador y cabeza activa del Grupo Contadora, para buscar una salida negociada a los conflictos centroamericanos y frenar la intervención de Washington a través de los contras. Ese México invocaba la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, sí, pero para proteger al pueblo nicaragüense de un dictador y de una de las superpotencias en plena Guerra Fría, no para proteger a un dictador del escrutinio del mundo. Era una política exterior con una brújula moral: se podía discutir su cálculo y apuesta geopolítica, pero no se le podía acusar de indiferencia ante la tiranía.

El México de hoy invoca exactamente las mismas palabras –soberanía, autodeterminación, no intervención– pero las vació de contenido. Las usa no para defender a los nicaragüenses de Ortega, sino para defender a Ortega de la comunidad interamericana. Es la misma semántica diplomática puesta al servicio de la causa contraria. Ahí están una vez más lo vergonzoso y reprensible. No necesariamente en tener una postura de no intervención; ese es un debate legítimo y México y los mexicanos tenemos derecho a sostenerlo. La vergüenza está en la selectividad, en el doble rasero, en desconocer una carta democrática que México mismo firmó.

Nicaragua ya no celebrará elecciones. Y vaya paradoja: México, el país que en 1979 tuvo el valor de romper con un tirano en ese mismo país, en 2026 no tiene siquiera el valor moral de votar a favor de que el continente se reúna hoy a hablar de otro tirano. Vaya batacazo para la reputación y credibilidad diplomáticas de nuestra nación. ~