Apenas se iniciaba el tercer año de la administración encabezada por Felipe Calderón cuando un reporte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas estadounidenses advirtió sobre el riesgo de que el gobierno mexicano pudiera estar perdiendo el control del país a manos del narcotráfico. La conclusión del informe era que México podría convertirse en un Estado fallido, merced a que “el gobierno, sus políticos, la policía y la infraestructura judicial están, todos, bajo asalto y presionados de manera sostenida por bandas criminales y cárteles de la droga”.
La reacción inicial del jefe del Ejecutivo fue rechazar ante la prensa internacional lo que unos meses más tarde aparecería en los borradores del Programa para la Seguridad Nacional 2009-2012; es decir, que el gobierno federal no tenía “control pleno” en algunas zonas del país que debían ser recuperadas.
Al momento de publicar este texto, se habrán cumplido dos años del michoacanazo, uno de los intentos más claros de las autoridades federales por revertir la percepción de que el crimen organizado ha rebasado la capacidad de las instituciones para combatirlo y al mismo tiempo fortalecer el argumento de que municipios y gobiernos estatales se han movido por años entre pactar y tolerar a los delincuentes.
El 26 de mayo de 2009 dio inicio un operativo conjunto entre militares y policías federales para detener a 35 funcionarios en Michoacán (entre ellos 12 presidentes municipales, funcionarios del gobierno de Leonel Godoy Rangel, un ex procurador de Justicia y el diputado federal electo, Julio César Godoy Toscano, medio hermano del gobernador), acusados de tener vínculos con el cártel de La Familia. La acción tomada en Michoacán convirtió a la entidad en un laboratorio para examinar la capacidad del Estado para exhibir y castigar las redes de protección institucional a los cárteles. El presidente Felipe Calderón argumentó que de no tener “una convicción elemental de la existencia de delitos y la presunta responsabilidad vinculada a personas”, su gobierno no habría actuado de esa manera. Las movilizaciones de apoyo a los alcaldes detenidos y la llamada telefónica de Servando Gómez, líder del grupo La Familia, a CB Televisión para proponer un pacto nacional, parecían un síntoma de desesperación por lo que se esperaba que los jefes policiacos y los funcionarios detenidos de los municipios donde La Familia tenía su mayor base social, serían sepultados por las pruebas de la autoridad.
Sin embargo, para el primer aniversario del michoacanazo, solo 12 funcionarios permanecían presos, mientras que para el 11 de abril de este año, por falta o desvanecimiento de pruebas, habían sido liberados todos los detenidos
Tres lecturas con diferente grado de improbabilidad surgen del penoso episodio. La primera dice que estos asesinos que integran La Familia (con todo y su discurso mesiánico y de limpieza social) operan sin protección alguna de autoridades civiles o policíacas; la segunda apunta a una pésima integración de los expedientes de los procesados, lo que habría permitido que muchos culpables fueran absueltos, mientras que la tercera posibilidad es que simplemente se haya acusado a inocentes.
Las declaraciones del presidente municipal de Apatzingán, Genaro Guízar, tras los bloqueos y los enfrentamientos en los cuales habría muerto Nazario Moreno, jefe máximo de La Familia en diciembre pasado, son esclarecedoras. Para él (uno de los aprehendidos en el michoacanazo), la violencia en la región no es originada por los narcotraficantes, sino por las fuerzas federales que van a Apatzingán a buscar y enfrentar a los delincuentes organizados. De ahí que la marcha por la paz que organizara Guízar terminó, tomada por la base social de La Familia Michoacana,con consignas del tipo “Nazario vivirá siempre en nuestro corazón”.
El presidente municipal de Apatzingán es en el mejor de los casos un tonto útil, aunque presentado ante las autoridades de justicia que en 11 meses de reclusión fueron incapaces de acreditar una real colaboración con el narcotráfico. En cambio, Julio César Godoy Toscano, arropado por el PRD que lo ayudó a eludir la acción de la justicia invistiéndolo con el fuero de legislador, fue el único de los señalados que no rindió cuentas. Godoy Toscano realizó movimientos bancarios por 24.7 millones de pesos en el lapso tres años y medio, monto cuyas percepciones legales no podía justificar.
Exhibido en una grabación en la que supuestamente sostiene una conversación telefónica con Servando Gómez, el ex diputado perredista volvió a desaparecer tan pronto perdió su fuero, abrazando de nuevo el estatus de prófugo que tenía antes de protestar como legislador federal. Godoy Toscano es un gran ejemplo del fracaso (así sin matices) del sistema de justicia penal.
En sentido estricto, México no es un Estado fallido; tiene instituciones, celebra elecciones regulares, incluso cuenta con un órgano como el Cisen capaz de determinar que la protección institucional al narcotráfico en 2007 se extendía a 37 de los 112 municipios michoacanos. Sin embargo, su procuradora general de la República es la misma funcionaria que desde la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada fue incapaz de armar un solo caso sólido u obtener una sentencia condenatoria contra cualquiera de las 35 personas a las que acusó de nexos con La Familia; sus partidos políticos usan recursos públicos y cajuelas de autos para convertir en diputados a personajes que en condiciones normales tendrían que enfrentar un proceso…
“El día que yo fallezca, van a poner a otro en mi lugar… esto nunca se va a acabar”, se ha atrevido a decir el jefe del cártel michoacano quien hasta hace poco tenía una plaza de docente pagada por la SEP. Cuánto vale su palabra, eso solo lo determinará la disposición para reconocer errores y corregir la estrategia que —esa sí— hasta ahora parece fallida.
Periodista. Autor de Los voceros del fin del mundo (Libros de la Araucaria).
