No sé si el director de la DEA dice la verdad cuando habla de una “conexión mortal” entre funcionarios mexicanos y los cárteles. Tampoco sé si Claudia Sheinbaum la dice cuando niega como santa cualquier complicidad gubernamental. Es decir, no lo sé con certeza. Lo que sí sé es que ambos tienen incentivos para acomodar los hechos con una versión políticamente conveniente. Y lo que mejor sé es que entre dos gobiernos interesados en convencerme, yo no tendría por qué elegir uno mediante un acto de fe.
Ante el señalamiento de la agencia estadounidense sobre presuntas conexiones entre el gobierno y organizaciones criminales, la respuesta del Estado mexicano difícilmente podía ser otra: rechazo firme, exigencia de pruebas, defensa de la dignidad patria y el honor del partido. Del otro lado, la DEA representa una conocida cruzada moral (es su discurso) contra el mal, pero además el combate –real o inútil– contra los causantes de las muertes por fentanilo cuenta en las urnas estadounidenses.
Es decir, ambos tienen incentivos políticos aquí. Estados Unidos ha convertido las drogas, la migración y la frontera en combustibles de su política interna; México defiende la soberanía como impermeable para evitar que se deslave la pintura fresca de este régimen. Los incentivos políticos explican por qué un actor quiere que le creamos. Eso no quiere decir que mientan, mucho menos que tengan razón o digan la verdad. Los incentivos, las mentiras y la verdad coexisten.
¿Cómo saber quién miente o en quién confiar? Igual que con un reloj (de los de antes, los de ahora ya no sirven para hacer analogías): sabemos que da la hora porque coincide con otros que la dan, porque se puede ver que su engrane camina, porque el mecanismo es consistente y si le falta una pieza, se para. La hora no depende de lo que diga un fabricante honesto o ideológicamente afin a nosotros. Depende de la maquinaria.
Estados Unidos está muy lejos de ofrecer una relojería impecable y con eso me refiero a los pesos y contrapesos que hacen que el sistema funcione. La DEA tiene agendas propias, una larga historia de intervencionismo y suficientes episodios de verdades parciales como para no otorgarle confianza automática. Sus instituciones también se subordinan, se polarizan y se deterioran. Eso sí, las declaraciones de un director de agencia pueden ser sometidas, al menos potencialmente, al escrutinio de comités legislativos, tribunales, medios de comunicación, denunciantes internos y solicitudes de desclasificación. No garantizan la verdad, pero aumentan el costo de sostener una mentira.
En México esos caminos se han estrechado. ¿Con qué instrumentos podemos contrastar hoy la versión presidencial? Los organismos autónomos encargados de producir, exigir o liberar información fueron debilitados, absorbidos o eliminados. El nuevo sistema de transparencia responde con frecuencia sin informar y deja sin resolver los recursos contra las evasivas oficiales (según periodistas de investigación, en el 97 por ciento de los casos). La procuración de justicia sigue siendo opaca, vertical y políticamente vulnerable. La fiscalía no es independiente, el congreso no es un espacio efectivo de investigación del Ejecutivo y la mayoría gobernante trata las solicitudes de explicación como maniobras de sus adversarios.
Frente a la acusación de la DEA, el gobierno mexicano podría responder con algo más sólido que el enojo. Sí, sus investigaciones y expedientes algo dicen, pero no son independientes. Dicen más los mecanismos de control, las sanciones y los resultados verificables de la acción gubernamental. Verificables por otros, no por sus propios empleados. El gobierno podría usar las instituciones democráticas para demostrar que la acusación estadounidense es falsa.
Pero no. Lo que hace es pedirnos que confiemos en la palabra presidencial. Que creamos que este gobierno es diferente porque así lo afirman la presidenta y sus correligionarios, que aceptemos como prueba la autoridad moral de quienes mandan y que interpretemos cualquier duda como una concesión al intervencionismo extranjero. Lamentablemente, la fe no es un método de verificación democrática.
La versión estadounidense no debe comprarse con los ojos cerrados ni en este ni en ningún otro caso, pero la versión mexicana es muy endeble, primero por la información contextual que tenemos sobre los políticos mexicanos, pero además porque el desmentido mexicano depende solo de la estructura política interesada en sostenerlo. Ese es el enorme costo que paga un régimen que desmonta los contrapesos. Este gobierno ha perdido credibilidad por debilitar los engranes que sostienen la confianza. ~
