Los derechos fundamentales son inalienables y deben ser respetados por todas las autoridades. Ninguna política gubernamental puede estar por encima de la Constitución. Todas pueden ser revisadas y controladas por el Poder Judicial de la Federación. El juicio de amparo garantiza que los ciudadanos podamos defender todo lo anterior… o no.
En los últimos años, el gobierno del presidente López Obrador ha buscado la forma de imponer sus proyectos prioritarios, como el aeropuerto Felipe Ángeles o el Tren “Maya” (al cual se oponen varias comunidades indígenas), sobre nuestra Constitución y nuestros derechos humanos. Al parecer, está cerca de encontrarla con una figura que le sirva para eso, la cual fue diseñada originalmente para asegurar la supervivencia del Estado mexicano ante una guerra: la seguridad nacional.
Esta figura está regulada en la Ley de Seguridad Nacional (LSN), que define su objeto principal como las “acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano”. Una acción de seguridad nacional es, por ejemplo, cualquiera que se encamine inmediata y directamente a proteger la soberanía de nuestra nación, su independencia y su territorio, entre otros valores fundamentales de nuestro país, según el artículo 3 de la LSN. La ley también define, en su artículo 5, cuáles son las amenazas a la seguridad nacional: espionaje, terrorismo, traición a la patria, genocidio, interferencia extranjera, rebelión, tráfico de armas nucleares, químicas o biológicas, etc.
En otros países se ha abusado de esta figura para impulsar políticas autoritarias. En Estados Unidos, se ha utilizado para implementar medidas de guerra dentro y fuera de su territorio, incluso contra ciudadanos estadunidenses, bajo la excusa de combatir al comunismo y al terrorismo.
{{ Sánchez, G., “La Política de defensa y seguridad de Estados Unidos del siglo XXI”, en Raúl Benítez Manaut (coord.), Seguridad y defensa en América del Norte: nuevos dilemas geopolíticos. }}
En el siglo XX, la derecha latinoamericana implementó su “Doctrina de Seguridad Nacional”, que “miraba a la democracia como un instrumento desechable y a la doctrina de los derechos fundamentales como una concepción ingenua e individualista, que no se hacía cargo de la nación como un ‘organismo’ esencial cuya protección podía justificar incluso el sacrificio de algunos de sus integrantes”.
(( Couso Salas, J. (2010). Los desafíos de la democracia constitucional en América Latina: entre la tentación populista y la utopía neoconstitucional. Anuario De Derechos Humanos, (6), pág. 33–47. ))
En México, se ha utilizado para implementar medidas de guerra contra el narcotráfico, contra la corrupción u otros delitos. Pero ahora, el gobierno busca convertirla en la excusa de cajón para imponer trenes, aeropuertos civiles o cualquier otro proyecto presidencial que encuentre resistencia legal.
La primera vez que el gobierno de López Obrador utilizó esta estrategia fue cuando, en el colectivo #NoMásDerroches, presentamos 147 amparos en contra de la cancelación del aeropuerto de Texcoco (la cual ha costado 331 mil 996 millones 517.6 mil pesos) y su sustitución por el Felipe Ángeles. Con este litigio se consiguieron 13 suspensiones ordenadas por el Poder Judicial de la Federación en contra del nuevo aeropuerto por la falta de estudios de seguridad aérea y ambientales, riesgos para derechos culturales y violaciones a las leyes que rigen el gasto público, entre otras razones.
Para “tener a tiempo el nuevo aeropuerto”, el presidente López Obrador utilizó los mismos argumentos que la derecha latinoamericana del siglo XX: anunció en su conferencia mañanera que utilizaría su facultad para poner por encima el “interés nacional”. En esos días, el Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el presidente, emitió un oficio donde, por primera vez en la historia del país, creó un catálogo de “instalaciones estratégicas que son necesarias para mantener la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado Mexicano”.
El resto es historia. Con ayuda del Consejo de la Judicatura Federal, presidido por el ministro Arturo Zaldívar, todos los juicios fueron concentrados en un solo juzgado y un solo tribunal. Esto facilitó que el gobierno presionara al poder judicial: es más fácil doblar a cuatro juzgadores que a decenas de ellos. La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) solicitó a los jueces que revocaran las suspensiones y, días después, empezaron a caer una por una.
Como lo advertimos desde el colectivo #NoMásDerroches, esto generó un peligroso precedente para el futuro: “Resulta delicado y preocupante que con el fin de que el poder judicial revoque una medida suspensional otorgada con el propósito de proteger el medio ambiente, el gobierno federal recurra a realizar una declaratoria de instalaciones estratégicas en todo el territorio nacional. Un proyecto de infraestructura civil no puede encontrarse por encima de los derechos humanos. El propio artículo 4° de la Ley de Seguridad Nacional indica que esta se rige por el respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales. (…) Los mexicanos deseamos y merecemos vivir en un Estado de Derecho, no es un estado de excepción.”.
Sin embargo, la situación no ha hecho más que empeorar desde entonces. La semana pasada, varios activistas mostraron un video donde la maquinaria del gobierno federal destruye parte de la selva que se encuentra en el Tramo 5 del Tren, cuya construcción está suspendida por varios amparos. Días después, el director del Fonatur, Javier May, declaró que las obras se reanudaron porque las secretarías de Seguridad Pública y de Gobernación determinaron, en el Consejo Nacional de Seguridad, que el tren es de seguridad nacional “por las vías férreas”.
A menos que las vías férreas sirvan directa e inmediatamente para combatir el terrorismo, amenazas nucleares o la invasión extranjera, etc., el Tren Maya es una simple obra civil destinada a promover la actividad turística, que de ninguna forma puede ser considerada como una instalación estratégica para la seguridad del país.
En realidad, nos encontramos ante una violación abierta de suspensiones ordenadas en sentencias de jueces federales dentro de varios juicios de amparo. Peor aún, podríamos estar ante el primer precedente (si los jueces lo permiten) en el que las autoridades del poder ejecutivo usurpan facultades de la Suprema Corte y de nuestros tribunales colegiados para revocar las decisiones del Poder Judicial. En caso de permitirlo, el poder presidencial se constituiría como órgano revisor de los jueces, y toda aspiración a tener un Estado de Derecho dejaría de tener sentido.
Los diques de contención de nuestro sistema constitucional se encuentran al límite. Cada vez que un proyecto prioritario del presidente López Obrador se encuentra en juego, quienes contrapesan al Ejecutivo se encuentran ante un dilema: permitir que el gobierno pisotee nuestra Constitución y establezca un preocupante precedente o detener sus abusos a pesar de que eso podría implicar una confrontación directa que los ponga en riesgo de desaparecer, ser perseguidos o sometidos.
Desde hace varios años, algunos miembros del Poder Judicial de la Federación han renunciado a la confrontación y se han sometido a la complacencia del gobierno. Me parece que ha llegado el momento de decir: no más. Si no es ahora, ante el intento presidencial de establecer pequeños estados de excepción para proteger sus intereses, imponer su política sobre cualquier control constitucional, pisotear juicios de amparo y revocar unilateralmente sentencias judiciales, no sé cuándo será. Es momento de ejercer la rebeldía al abuso y la obediencia a la Constitución. Albert Camus habla del no como acto de rebeldía ante lo inaceptable:
(( Albert Camus. El hombre rebelde (Posición en Kindle148-152). Edición de Kindle. ))
“Un esclavo, que ha recibido órdenes toda su vida, de pronto juzga inaceptable un nuevo mandato.
¿Cuál es el contenido de este «no»? Significa, por ejemplo, «las cosas han durado demasiado», «hasta aquí bueno, más allá no», «vais demasiado lejos», y también, «hay un límite que no franquearéis». (…) Así, el movimiento de rebeldía se apoya, al mismo tiempo, en la negación categórica de una intrusión juzgada intolerable y en la certeza confusa de un derecho justo, más exactamente en la impresión en el hombre en rebeldía de que tiene «derecho a…»”.
Consultor en Derecho Anticorrupción y litigio estratégico.
