Guillermina tenía 31 años cuando salió de su casa la tarde del 8 de julio para ir a trabajar. No volvió esa noche. Su familia inició su búsqueda y difundió su fotografía en redes sociales con la esperanza de encontrarla pronto. Nueve días después, el gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, informó que los restos hallados en bolsas de plástico en diferentes puntos de la capital del estado eran los de Guillermina. De acuerdo con el diario Milenio Puebla, la carpeta de investigación fue cerrada ese mismo día sin información sobre sus asesinos.
En lo que va del 2020 Puebla es el cuarto estado con más feminicidios. También es una de las entidades a las que se les pretendía cancelar en su totalidad el presupuesto federal para la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, un mecanismo presente en 21 estados para implementar acciones urgentes contra los feminicidios, desapariciones y otras agresiones contra las mujeres. A finales de junio, Candelaria Ochoa, ahora ex titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), notificó a los gobernadores del Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Quintana Roo que por ajustes presupuestales no contarían con apoyos para los proyectos relacionados con la Alerta de Violencia de Género o, en el caso de Tlaxcala, para el funcionamiento de su Centro de Justicia para las Mujeres. Sin mayor justificación que una “insuficiencia presupuestaria”, estos estados perderían en total 37 millones 583 mil 192 pesos, el 33.2% del total asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que ya había sido aprobado por el Legislativo con anterioridad. Sin embargo, gracias a la presión de colectivos de mujeres y de organismos de la sociedad civil, la Secretaría de Gobernación anunció el 14 de julio que no se recortarían los recursos para las Alertas de Género y los Centros de Justicia para las Mujeres y que ninguno de los programas de prevención y atención de violencia contra las mujeres sería afectado por el decreto de austeridad firmado por el presidente López Obrador el 23 de abril.
La realidad, como se ha visto, ha sido otra. Al día siguiente de la publicación de este comunicado, la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) aprobó un recorte presupuestal del 75% en los rubros de materiales, suministros y servicios generales, lo que equivale a 151 millones de pesos. En esa reunión, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió al organismo encontrar la manera de “hacer lo mismo con menos dinero”, como el resto de la administración pública. La titular del Inmujeres, Nadine Gasman, ha insistido en que el recorte no es un golpe al organismo, sino una medida que el gobierno ha tomado en todas las dependencias para contar con recursos para atender la pandemia. Los recortes están destinados a insumos de papelería, viajes, viáticos, estudios e investigaciones y comedor, por lo que, asegura, no están en riesgo los programas de atención a mujeres ni los sueldos de los empleados del instituto. No obstante, como advierte Maïssa Hubert, subdirectora ejecutiva de Equis Justicia para las Mujeres, la disminución de su presupuesto puede “impactar en su papel dentro del diseño y evaluación de la política pública federal”.
Por su parte, el presidente López Obrador asegura que “nunca se había protegido tanto a las mujeres de México como ahora” y que la prioridad de su gobierno es atender a las mujeres indígenas, a aquellas que viven en pobreza y a quienes son víctimas de la violencia. Pero en los casi dos años de su administración, varios organismos que atienden a estas poblaciones han suspendido sus operaciones a causa de los recortes.
En abril pasado las Casas de la Mujer Indígena y Afrodescendiente (CAMIs), espacios que ofrecen acompañamiento, servicios médicos y legales a mujeres en comunidades indígenas, denunciaron la suspensión del subsidio con el que funcionaban. Hace unos días, representantes de las 35 CAMIs que hay en el país sostuvieron una reunión con representantes del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, dependencia a la que pertenecen, en la que se acordó que en la primera semana de agosto les entregarán 8 millones de pesos, que se suman a los 8.5 millones que recibieron junio, para que continúen con sus operaciones. Pero esto es solo el 50% de lo que originalmente tenían presupuestado y no hay certeza de que será suficiente para que permanezcan abiertas por el resto del año. Las CAMIs trabajan a marchas forzadas, pues solo de marzo a junio, durante la contingencia por covid-19, atendieron a más de mil mujeres.
Como las CAMIs, en febrero los refugios para mujeres y niños víctimas de violencia extrema dejaron de recibir recursos. Hace un año, el Programa de Estancias Infantiles desapareció y fue reemplazado por el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, el cual brinda directamente los recursos a los padres de familia, pero sin la certeza de que estos sean para el cuidado de los menores.
Los recortes a estas instancias violan tratados internacionales y el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual señala que los presupuestos dirigidos a la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres son irreductibles. Asimismo, los programas enfocados en igualdad de género, violencia contra las mujeres, educación para niñas y jóvenes, y salud sexual, materna y reproductiva forman parte del Anexo de Erogaciones para la Igualdad entre Hombres y Mujeres (Anexo 13), que representa menos del 2% del Presupuesto total federal y que en febrero se anunció con bombo y platillo que habían recibido un incremento del 60% respecto al año anterior. Los recortes a los programas incluidos en este anexo no tienen un impacto mayor en las finanzas de la Federación, pero sí una repercusión grave en las vidas de millones de mujeres.
Los recortes injustificados son solo una muestra de la falta de interés de la actual administración en la atención de las mujeres. No hay estrategia nacional de igualdad de género, la Conavim no tiene titular desde el 1 de julio y aún no se tiene fecha para que México presente su informe ante la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).
Por si fuera poco, las cifras de violencia de género y feminicidios siguen al alza. El 20 de julio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, informó que en el primer semestre de este año hubo un incremento de 7.7% de las carpetas de investigación por feminicidios en comparación con 2019. Y de enero a abril de este año, el 911 registró 403,130 llamadas de auxilio relacionadas con violencia sexual, familiar y contra la mujer en todo el país, de acuerdo con un reporte de Intersecta. Mientras la incertidumbre sobre el futuro de los programas destinados a prevenir y atender la violencia de género sigue creciendo, once mujeres al día padecen el mismo destino que Guillermina.
Por este motivo las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos feministas han alzado la voz para evitar que se ponga en riesgo a millones de mujeres a causa de un decreto presidencial. Amnistía Internacional, EQUIS Justicia para las Mujeres y la Red Nacional de Refugios encabezan una Acción Urgente para que el Estado garantice recursos a los programas que atienden la violencia contra las mujeres. Mientras que la Red Nacional Nosotras Tenemos Otros Datos lanzó una petición a la diputada Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados, y a la diputada Wendy Briceño, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, para que exijan a la Secretaría de Hacienda acatar lo establecido en la norma y de esta manera no tenga efecto el recorte aprobado por la Junta de Gobierno del Inmujeres.
El gobierno asegura que tiene un compromiso con las mujeres, pero sus acciones muestran lo contrario. Ninguno de los 38 programas prioritarios que quedaron exentos de recortes en el decreto presidencial tiene perspectiva de género. Y es preocupante que tampoco haya claridad sobre el destino de los recursos cancelados. La crisis sanitaria y económica solo ha recrudecido la desigualdad y la violencia hacia las mujeres. Este es el momento para que el Estado fortalezca las instituciones y políticas públicas orientadas a garantizar los derechos humanos de las mujeres y así evitar que historias como la de Guillermina sigan ocurriendo.
estudió literatura latinoamericana en la Universidad Iberoamericana, es editora y swiftie.
