Dora María Téllez, historiadora y feminista de 67 años, figura emblemática del sandinismo y de la resistencia contra Daniel Ortega, descendió del vuelo chárter que la trasladó de Managua a Washington D.C. Dejó atrás una condena de 8 años de cárcel y los 605 días de encierro extremo que había sufrido hasta ese momento.
Venían con ella otros 221 prisioneros del régimen de Ortega, desterrados el jueves 9 de febrero por orden del poder judicial, que dictó “deportar” a estas personas a quienes la prensa oficialista califica de “traidores”. Sus testimonios coinciden en que no se enteraron de que serían expulsados sino hasta minutos antes de abordar el avión de la compañía Omni Air Internacional, facilitado por el gobierno de Joe Biden.
La orden de sacarlos de sus celdas el día anterior, juntarlos y enviarlos en un bus a un destino desconocido fue asumida con incredulidad y temor de que aquel fuese su último viaje. Sin embargo, fue un periplo improbable —hasta el último minuto— que terminó en un día luminoso para quienes luchan por la libertad en Nicaragua.
Hasta ese momento, un acercamiento entre Estados Unidos y el régimen de Nicaragua parecía poco probable, después de que Ortega recrudeciera la represión desde 2018, acusando a ese gobierno de entrometerse en sus asuntos internos. En octubre de 2022, Washington por su parte amplió las sanciones contra el régimen y prohibió la entrada a 500 nicaragüenses, entre los que se contaron fiscales, jueces, miembros de fuerza de seguridad, funcionarios de prisiones, entre otros.
Luego del traslado masivo de reos de conciencia a su territorio, el gobierno de Biden explicó que la decisión del régimen de Nicaragua fue “unilateral”; Ortega repitió lo mismo horas después, para intentar despejar las dudas sobre una posible ganancia política de su parte tras la excarcelación.
Un tribunal de apelaciones a cargo de un magistrado sandinista ordenó quitarles la nacionalidad a los presos políticos —los reos confiaron que les dieron inexplicablemente un pasaporte con vigencia de 10 años— y los declaró también “traidores a la patria”, mientras la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Constitución para quitarles la nacionalidad a quienes actúan en contra de los intereses de la nación.
El destierro luce como un castigo menor comparado con los días en el infierno de la antigua comandante sandinista Téllez, quien pasó su tiempo en la cárcel doblemente aislada, en un pabellón de hombres y bajo estricto confinamiento. En sus seis décadas de vida, ella ha luchado contra dos tiranos. En agosto de 1978 lo hizo contra Anastasio Somoza, participó en el asalto del Palacio Nacional y lo vio caer el 19 de julio de 1979.
Sin embargo, el fantasma de la dictadura se instauró de nuevo a partir de 2007, con el financiamiento de Venezuela, la complicidad de muchos, la indiferencia de otros y el poder de la corrupción de la familia presidencial, anclados en el mismo Ortega, con quienes algunos de los miembros del FSLN –como Téllez y los llamados renovadores– rompieron desde la década de 1990.
El 13 de junio de 2021, el mismo sistema judicial bajo las órdenes de Ortega la detuvo por cometer el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo contra la integridad nacional”, uno de los casos políticos interpuesto por la Fiscalía al servicio del gobernante.
De hecho, la fiscal general Ana Julia Guido acompañó a Ortega en el discurso presidencial en que explicó la decisión del destierro, la misma tarde del 9 de febrero. “Que se los lleven, eso es todo. O sea, no se trataba de negociar. ¡Aquí no ha habido ninguna negociación! Esto debe quedar claro. Porque la soberanía del país, la dignidad de la patria, no se negocia”, intentó convencer Ortega.
Según su versión, por sugerencia de Rosario Murillo establecieron comunicación con el embajador estadounidense Kevin Sullivan tres días antes de la excarcelación, aunque luego se supo que las conversaciones habían durado al menos una semana.
Muchos recordaron que, en noviembre de 2021, después de insultarlos públicamente, el dictador sugirió que lo mejor sería que se los llevaran a territorio estadounidense. El sábado 11 de febrero, el orteguismo cerró el tema con una manifestación de simpatizantes del FSLN, respaldando la decisión del “comandante y la compañera”.
En una de sus primeras declaraciones tras quedar en libertad, para el diario español El País, Téllez aseguró que, mientras estuvo presa, cada día que no se ahorcaba era un triunfo sobre su verdugo. Es una declaración mesurada.
De acuerdo con una investigación que evaluó el período de 2018 a 2022, elaborada por la abogada Martha Patricia Molina, la dictadura aplicó 38 métodos de tortura, especialmente contra los reos de conciencia.
Junto a Téllez, en junio de 2021 fueron encarcelados también los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro Barrios, Félix Maradiaga, Medardo Mairena, Arturo Cruz, Miguel Mora y Noel Vidaurre; en esos casos, el fin evidente era eliminar la competencia electoral en las votaciones presidenciales de aquel año, que terminaron prologando a la dictadura en el poder.
Otros detenidos fueron el líder campesino Pedro Mena, o los estudiantes Max Jerez y Lesther Alemán, quien en plena crisis de 2018 demandó al dictador su rendición. El régimen persiguió a periodistas, confiscó medios de comunicación, encarceló al cronista Miguel Mendoza y al gerente general de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann.
En las cárceles de Nicaragua quedan 38 presos políticos, empezando por el obispo Rolando José Álvarez, de Matagalpa, a quien el poder judicial condenó el 10 de febrero de 2023 —un día después de la excarcelación— a 26 años y cuatro meses de cárcel por negarse a subirse al avión con los otros presos de conciencia.
En otro hito de la persecución a la iglesia católica, el sistema judicial ordenó también trasladar a Álvarez de su residencia familiar en Managua a la cárcel La Modelo, la más grande del país centroamericano, un cambio de medida cautelar al que Ortega se refirió también en su discurso del 9 de febrero.
“Llegó que era un energúmeno; o sea, no tiene el coraje, no puede tener el coraje de Cristo, que aguantó los azotes y soportó la crucifixión … ¡No, no acepta ni siquiera que lo metan en una celda donde hay centenares de presos!”, les dijo el gobernante a sus bases políticas, refiriéndose al obispo.
Ni siquiera quienes le salvaron la vida escapan de Ortega. El general en retiro Hugo Torres Jiménez murió en prisión el 12 de febrero de 2022, en un hecho que puso nuevamente en el mapa la situación inhumana en la que se encuentran los reos de conciencia.
En 1978, el general Torres Jiménez fue parte del comando que participó en la toma del Palacio Nacional. Cuatro años antes también lo hizo activamente en el asalto a la casa del exministro somocista José María Castillo, ubicada en Managua, dos operativos organizados por el FSLN.
Por esta última acción, Ortega pudo salir de la prisión donde estuvo siete años y donde, él mismo ha reconocido, le permitían leer y escribir, a diferencia del régimen estricto que él impone a sus prisioneros.
Torres compartió con Téllez ideas políticas en el liderazgo del partido Unamos, integrado por los antiguos renovadores sandinistas a los que Ortega considera traidores desde que se separaron del FSLN. Además de Téllez fueron encarcelados Víctor Hugo Tinoco, Ana Margarita Vijil, Suyén Barahona y Tamara Dávila.
Entre los expulsados también hay ex funcionarios públicos y aliados del partido de gobierno: el vocero del poder judicial Roberto Larios, el miembro del sandinismo histórico Marlon Sáenz, conocido como “El Chino Enoc”, y asesores cercanos a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia: Moisés Abraham Astorga y los hermanos María José y Hans Camacho Chévez.
En 2022, la dictadura intensificó su persecución contra los empleados públicos que durante años han sufrido hostigamiento de los comisarios del partido, librando una lucha contra la dictadura al interior de las instituciones.
A ellos los obligan a aclamar a Ortega y Murillo en actividades, incluso los fines de semana, bajo amenaza de despido, y vigilan desde sus reacciones a determinados eventos públicos hasta con quiénes se relacionan.
La persecución a los trabajadores del Estado busca posibles desertores que pueden convertirse en informantes claves para entender el sistema basado en la represión y la corrupción en Nicaragua.
Quizás el ejemplo más reciente es el exjefe de sus servicios de espionaje, el comisionado general en retiro Adolfo Marenco, exsubdirector de la Policía, quien fue enviado el viernes 13 de enero de 2023 a la prisión El Chipote por supuestamente desobedecer una orden de la vicepresidenta.
En este contexto de fisuras internas en el régimen y de desgaste generalizado, la presión internacional no ha disminuido. Aunque estas excarcelaciones representan un paso importante para el país, lograr la democratización costará más.
Hace falta romper con el estado de terror que se basa en la fuerza de las armas de la policía y el ejército, de jueces dispuestos a castigar a quienes les ordenen. También es necesario articular una oposición que se convierta en una alternativa de poder y en ese sentido falta ver el papel que jugarán los desterrados.
Quizás es demasiado prematuro aventurar cuál será su rol. Una mayoría de ellos buscaba patrocinadores que les permitieran quedarse en Estados Unidos, a la luz del programa Parole, que les daría la posibilidad de permanecer dos años como mínimo, un tiempo suficiente que les permitiría reunificar a sus familias en ese país. Un nuevo comienzo.
Otros han considerado aceptar el ofrecimiento de la nacionalidad española que hizo el gobierno de ese país el 10 de febrero, mientras otros con mayor perfil político, como Félix Maradiaga o Juan Sebastián Chamorro, han dicho que salieron con más ganas de luchar por la democracia.
Esa palabra debe ir acompañada, en el caso de Nicaragua, de la búsqueda inclaudicable de la justicia. Para Dora María Téllez, el objetivo que el régimen de Ortega perseguía con las condenas severas era “quebrar” a todos los presos políticos. Sin embargo, no los doblegó. A ninguno. ~
(Managua, 1980) editor y reportero, se define como "enamorado de las investigaciones periodísticas y fiel devoto de la crónica en América Latina". Su trabajo ha sido reconocido con el Premio Ortega y Gasset y el Premio Rey de España.
