Un postulante administrativista de toda mi estima condena el estudio del derecho romano en la carrera de abogado. Como demostrará este breve texto, las figuras romanas son tan útiles en nuestros tiempos, que hace poco algún bribón intentó deformarlas para engañar a la opinión pública.
En Roma existía un pleito ficticio que permitía transmitir propiedades, liberar esclavos, constituir usufructos, emancipar, adoptar, transmitir derechos hereditarios, entre otras cosas. La ficción, en términos sencillos, funcionaba así: el promovente sostenía que era titular de un derecho y el demandado no se defendía, por lo que el magistrado adjudicaba el bien o derecho al reclamante. Este juicio simulado se llamaba in iure cessio y era un mecanismo muy eficaz para simplificar las transmisiones de derechos entre ciudadanos romanos, que de otra manera habrían tenido que agotar trámites engorrosos.
La in iure cessio parte de la buena fe de las partes. El juez no objetaba el silencio total del demandado porque se entendía que este y el reclamante solo querían formalizar una transacción previamente pactada. Sí, era un juicio simulado, pero no había estafa o fraude. Los romanos fueron grandes juristas porque su derecho se adaptaba, con mucho sentido común y técnica, a los retos económicos y sociales que presentaba la expansión y desarrollo de su entorno, como evidencia ese procedimiento ficticio, que no dañaba a nadie y facilitaba la celebración de negocios y actos.
La semana pasada cerró con un capítulo más de la tragicomedia de la ministra y la tesis plagiada. Sus abogados ofrecieron un rueda de prensa para anunciar que, el 17 de mayo pasado, la jueza novena de lo Civil de la Ciudad de México, María Magdalena Malpica Cervantes, había resuelto en un “proceso judicial basado primordialmente en derechos de autor”, que Yasmín Esquivel Mossa es la autora de la tesis de licenciatura con la que se tituló. Los abogados no mostraron la sentencia, pero el contexto implica que el juicio fue promovido en contra de Edgar Ulises Báez Gutiérrez, el abogado que se tituló un año antes que Esquivel; la tesis de la ministra y la de Báez, se recordará, son virtualmente idénticas. Los representantes de la ministra dicen que la resolución de la jueza Malpica es firme e inatacable, que el caso debe considerarse como cosa juzgada y, en consecuencia, solicitaron que el Comité de Ética de la UNAM declare sin materia el proceso iniciado por presunto plagio.
La UNAM ya respondió con un comunicado donde destaca que la procedencia del juicio es cuestionable, que la Universidad no fue llamada al proceso como parte interesada, “ni se le notificó en momento alguno”, por lo que estima que “los alcances de esta sentencia no obligan a la Universidad ni comprometen sus funciones académicas sustantivas”. La Máxima Casa de Estudios de México invitó a la ministra a desistirse de los cuatro juicios con los que obstaculiza y retarda los trabajos de la Universidad y su Comité de ética, exponiendo un argumento fino, pero muy duro: la ministra debería desistirse en seguimiento de lo expresado por el Tribunal Colegiado que le dio la razón a la UNAM, órgano judicial “del cual ella es una autoridad superior”.
No se necesita ser Perry Mason para describir lo que probablemente pasó en el juicio civil que mencionaron los representantes de Esquivel. Demandaron al abogado Báez; él, presionado como ha estado desde que se hizo público que su tesis había sido plagiada, no se defendió (o se defendió de forma deficiente) y la jueza Malpica falló a favor de la ministra. Un juicio simulado pero fraudulento, una in iure cessio de pacotilla. Los abogados de Yasmín Esquivel esperaron a que se vencieran los términos para apelar y salieron a decir que la sentencia está firme y que no puede revisarse. Una chicanada de mala factura, prima hermana de una tesis de licenciatura mal copiada y otra de doctorado plagiada burdamente.
Sin embargo, el planteamiento de los representantes de la ministra tiene más hoyos que un pedazo de queso Gruyere. Si se violó el derecho a un juicio efectivo, el proceso es anulable; si hay terceros a los que perjudica la resolución y no fueron llamados a juicio, también es anulable por ese motivo; los derechos morales del autor son en principio irrenunciables, una in iure cessio fraudulenta no sirve para plagiar la obra ajena. Peor aún, el proceso de titulación de Yasmín Esquivel se realizó en la ENEP Aragón, un plantel de la UNAM que ubica en el Estado de México, ¿por qué la jueza Malpica tiene competencia para conocer el asunto, si ella es titular de un juzgado de la capital del país? Otro motivo para invalidar el proceso. Además, corresponde a los tribunales federales conocer las controversias por derechos de autor, y los tribunales locales únicamente pueden atender asuntos de esa materia cuando el conflicto solo afecte intereses particulares;desde el momento en que la obra plagiada es la tesis de una ministra de la Corte y constituye un requisito académico para poder obtener el título de abogado, el asunto es de interés público, otra razón para declarar la incompetencia de la jueza Malpica y anular el juicio en cuestión.
En Roma se castigaban las chicanadas así como la corrupción judicial: dilatar procesos, ofrecer testimonios falsos, torcer la imparcialidad del juez o que este “hiciera suyo el juicio”, era severamente castigado. Si bien ahora no se despeña a nadie por cometer delitos profesionales, ni se le exilia o le condena a muerte, sí existen delitos contra la administración de justicia que castigan tanto al cliente como a sus abogados.
Dentro de lo lamentable de este asunto, debe destacarse que el público ha cobrado conciencia sobre la gravedad de cometer ilícitos para intentar el ocultamiento de faltas del pasado, como lo evidencia el tuit de un ciudadano que no tiene formación jurídica y que, con buen tino, llega a las mismas conclusiones que hemos planteado en anteriores textos sobre este tema: Yasmín Esquivel plagió una tesis hace décadas, como estudiante; si bien eso es grave, es peor que, como ministra de la Suprema Corte, haya mentido, inventado evidencia, traficado influencias, intentado fabricar un culpable e intentado pasar por bueno un juicio simulado que atenta contra los derechos de autor de un tercero. Esos no son delitos del pasado y la Corte está obligada a examinarlos, sin esperar que algún ciudadano vaya a quejarse. ~
