Todos (o casi todos) queremos vivir en un paĆs donde quien infrinja las leyes -empezando por las leyes que protegen la vida humana- sea aprehendido, juzgado y condenado con un debido proceso y de manera proporcional al delito cometido. Todos sabemos que estamos muy lejos de ese piso mĆnimo de seguridad y convivencia. Y todos conocemos, desde hace aƱos, historias de desvergĆ¼enza polĆtica y horrorosa violencia que nos mueven al desĆ”nimo y la desesperanza pero que, en dĆas recientes, han derivado en una justificada y natural indignaciĆ³n social. No hay duda: la construcciĆ³n de un "Estado de derecho" es la primera prioridad nacional.
Entre los muchos y complejos obstĆ”culos que tiene MĆ©xico para fincar el imperio de la ley, quiero referirme a dos, que hunden sus raĆces en la historia: la supeditaciĆ³n de la justicia al poder y la corrupciĆ³n polĆtica.
Los liberales de la Reforma pusieron el respeto a la ley en el centro de sus vidas. Por eso desconfiaron de las vĆas de hecho y confiaron en el derecho como el Ćŗnico instrumento que nos permite vivir en pacĆfica convivencia y no sometidos a la voluntad del rey, al coro que lo aclama o a los violentos de la hora. Por eso intentaron fortalecer la divisiĆ³n de poderes: muchos de ellos, con gran orgullo, fueron jueces y legisladores.
La era de Porfirio DĆaz dio cierta continuidad a ese proyecto liberal en el Ć”mbito civil, pero DĆaz desvirtuĆ³ el cumplimiento de la ConstituciĆ³n y quitĆ³ cualquier vestigio de independencia al Poder Judicial. Y algo mĆ”s: en su largo reinado, el crimen y el delito se reprimieron discrecionalmente desde el poder presidencial (salvando "buena sangre" y derramando "mala", como dijo DĆaz en 1908).
El rĆ©gimen de la RevoluciĆ³n Mexicana trastocĆ³ de varias formas el respeto a la ley. Los gobernantes del PRI continuaron la escuela porfiriana de someter al Poder Judicial y monopolizar la procuraciĆ³n de justicia. Esta politizaciĆ³n en el proceso de perseguir el crimen y juzgarlo se convirtiĆ³ en fuente de corrupciĆ³n.
En aƱos recientes ha habido ciertos avances. La Suprema Corte es autĆ³noma. Pero la procuraciĆ³n de justicia, con todo su gigantesco aparato policĆaco, no lo es: depende del Poder Ejecutivo (como el "Procurador del rey" en la tradiciĆ³n monĆ”rquica). Una idea prĆ”ctica para remontar este obstĆ”culo serĆa crear la figura del Fiscal General independiente.
No creo que la corrupciĆ³n (y, en general, el desdĆ©n, la laxitud o el franco cinismo ante la ley) corresponda a un supuesto DNA cultural. La prueba estĆ” en los mexicanos que emigran a Estados Unidos. AhĆ donde violar las leyes tiene consecuencias, se abstienen de infringirlas. Hasta el modesto alcoholĆmetro prueba que no es imposible construir civilidad: si al principio enfrentĆ³ resistencias, ahora es parte de nuestra precaria convivencia.
Tampoco la historia de MĆ©xico explica la corrupciĆ³n. Los liberales no robaron ni un centavo. Y Porfirio DĆaz se retirĆ³ con su sueldo de militar. La corrupciĆ³n empezĆ³ con los polĆticos que durante la RevoluciĆ³n "carranceaban" (verbo inventado por Vasconcelos) el presupuesto. En 1946, CosĆo Villegas escribiĆ³: "ha sido la deshonestidad de los gobernantes revolucionarios, mĆ”s que ninguna otra causa, la que ha tronchado la vida de la RevoluciĆ³n Mexicana". ¡Y pensar que comenzaba apenas el ascenso exponencial de la corrupciĆ³n!
Desde los aƱos ochenta, Gabriel Zaid escribiĆ³ en La economĆa presidencial: "La corrupciĆ³n no es una caracterĆstica desagradable del sistema polĆtico mexicano: es el sistema". Por eso mismo -agregĆ³- la corrupciĆ³n no podĆa combatirse desde dentro, con campaƱas publicitarias, golpes de pecho, llamados a la "renovaciĆ³n moral" o dependencias de auto vigilancia: se debĆa combatir desde fuera, con mecanismos autĆ³nomos de transparencia. Si se arroja luz sobre la "tenebra" del poder, el veredicto ciudadano es inmediato e implacable. En ese sentido, la Ley de Transparencia y el IFAI han sido instrumentos muy Ćŗtiles para la prensa y la ciudadanĆa, que ademĆ”s cuenta ahora con las redes sociales.
Zaid propuso desde entonces la declaraciĆ³n patrimonial del presidente antes, durante y despuĆ©s de dejar el cargo. La idea parte de un principio kantiano: "Todo lo que es de interĆ©s pĆŗblico debe ser publicable". Ese principio debe regir los actos del presidente de la RepĆŗblica. El no haber actuado en consonancia ha tronchado la legitimidad del rĆ©gimen. Solo el liderazgo Ć©tico puede enmendarlo.
(Reforma, 23 noviembre 2014)
Historiador, ensayista y editor mexicano, director de Letras Libres y de Editorial ClĆo.
