El periodista Roberto Miranda contaba la historia de un sacerdote que daba misa en varios pueblos aragoneses. Como le gustaba hacer las cosas bien, tomaba vino en cada ceremonia. Una vez, detenido por la guardia civil de tráfico, pidió unos minutos antes de hacer el control de alcoholemia: había un serio debate teológico sobre el tiempo exacto que requería la transubstanciación.
Recordé esta anécdota hace unos días, cuando Unidos Podemos pidió que Televisión española dejara de emitir la misa católica los domingos. Quizá, en ese caso, la retransmisión del rito podría haber incrementado la seguridad vial.
La misa televisada en una cadena pública no es el ejemplo más llamativo de los privilegios injustos de la Iglesia católica en nuestro país. Es más grave el adoctrinamiento religioso (mayoritariamente católico) en la escuela pública, que imparten profesores seleccionados por el clero y pagados por todos, y cuyas calificaciones según la nueva ley educativa computan en la nota final, lo que facilita la discriminación a favor de quienes escogen la formación confesional frente a quienes no lo hacen. Que los alumnos que no elijan una formación religiosa tengan que estudiar una asignatura de “valores sociales y cívicos” y luego “valores éticos” es difícilmente justificable: si esa asignatura es necesaria, debería serlo para todos. También es más decisivo el predominio de centros católicos en la enseñanza concertada. Y fue más grave la Ley de Inmatriculaciones, que permitió a la Iglesia incrementar su patrimonio, y posibilita aberraciones como la situación de la mezquita de Córdoba. Es discutible que el Estado facilite la financiación de la Iglesia a través de la declaración de la renta.
La misa televisada en una cadena pública no es tampoco el mayor problema de Televisión Española. El Partido Popular revirtió los esfuerzos de neutralidad realizados por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (que no apartó la misa de la parrilla y fue responsable de un error grave: eliminar la publicidad) y convirtió la televisión pública en un medio de partido. Situó en puestos claves a personas venidas de medios afines, carentes de credibilidad y prestigio. En el ente, se ha castigado a quienes manifestaban opiniones distintas. Las noches electorales y grandes acontecimientos ya no se siguen mayoritariamente en la televisión pública. Es posible que en parte se deba al nuevo panorama político-mediático. Pero otra parte tiene que ver también con una gestión nefasta, que desprecia el pluralismo, malgasta un valiosísimo capital humano y ha dilapidado en poco tiempo un prestigio obtenido con muchos años de esfuerzo.
La objeción a la retransmisión es razonable. “El espacio público no es la suma de las opiniones privadas sino de aquello que tienen en común las opiniones privadas. Ni la religión ni cualquier otra forma de adoctrinamiento deben tener cabida”, ha escrito Arcadi Espada. Otras confesiones -el judaísmo, el islam, el cristianismo evangélico- tienen espacio en la televisión pública, pero la católica (mayoritaria) es la única que retransmite su ritual religioso. Hay quien argumenta, en un sentido u otro, con el concepto de servicio público. No creo que emitir una ceremonia religiosa sea un servicio público: es la cesión del espacio público y sus recursos para un acto de propaganda. A mi juicio, un verdadero servicio público adoptaría un enfoque meramente informativo. (Una opción quizá más controvertida sería imitar a algunas cadenas estadounidenses con las falsedades de Donald Trump, y poner alguna aclaración en subtítulos: sin duda, una tarea laboriosa para el fact-checker.) Pero, en todo caso, aunque las televisiones públicas cumplan una función de servicio público, hacen muchas más cosas. Si solo dejáramos los programas de servicio público, quedaría fuera más de la mitad de la programación.
El establishment católico maneja mejor que nadie una estrategia muy imitada: 1) somos la mayoría y 2) estamos perseguidos. Esa mayoría es cada vez menor. Lo que se presenta como “persecución” es el intento de evitar que sus intereses particulares se impongan sobre todo el mundo, y convive perfectamente con las convicciones religiosas de muchos católicos.
El laicismo, señalaba el otro día Fernando Vallespín, no puede funcionar igual en un sociedad “postsecular” y “multicultural” que en el siglo XX: el debate entre la religión y el Estado no se puede afrontar ahora igual que hace cien años, y algunos acercamientos a la discusión tienen un componente frívolo y sentimental de recreacionismo de enfrentamientos anteriores. Pero eso no anula las críticas a los privilegios. Y, si la sociedad ha cambiado, tampoco los medios son los mismos. Aunque creo que la razón más verosímil es el poder que ha tenido la Iglesia, se podría admitir que en otra época tenía sentido la función de hacer llegar a los espectadores interesados esa información religiosa. La situación actual es diferente. Es un disparate denunciar, como se ha hecho, que Unidos Podemos quiere dejar a los ancianos sin su misa. Ahora existen varias cadenas de televisión privadas que pueden retransmitir las ceremonias religiosas. El Estado otorgó una concesión televisiva a la Conferencia Episcopal. Si no oímos la palabra de Dios no es por falta de altavoces.
Daniel Gascón (Zaragoza, 1981) es escritor y editor de Letras Libres. Su libro más reciente es 'El padre de tus hijos' (Literatura Random House, 2023).
