Una de las experiencias más alucinógenas de los últimos años es ver cómo se discuten mecanismos, procedimientos y regulaciones según las necesidades inmediatas del Gobierno. Por supuesto, estas trampas son una vieja costumbre del poder, y reciben la ayuda de la desmemoria a la que contribuye el flujo incesante de chatarra que denominamos debate público.
Posiblemente, a estas alturas es ingenuo juzgar los argumentos siguiendo criterios de lógica o de moral: no se mueven en esos parámetros. Pero aun así es curioso observar los contrastes.
Hace un tiempo se celebraba el punitivismo e incluso se hablaba de invertir la carga de prueba en algunos delitos. Ahora hemos descubierto un nuevo garantismo. Tiene sus límites, eso sí, y es asimétrico. Se aplica sobre todo a los poderosos y con la condición de que pertenezcan a la tribu adecuada.
Lo hemos visto con las denuncias falsas: en términos generales, la ortodoxia dice que son casi inexistentes; pero al parecer el 100% de las que se dirigen contra los dirigentes políticos progresistas son inventadas.
Expertos, periodistas y asociaciones critican desde hace años el abuso de la prisión preventiva en España, un procedimiento que constituye una “paradoja del Estado democrático” en palabras de José Antonio Lascuraín. También se ha señalado que las indemnizaciones son bajas y que se pueda emplear más con quienes tienen menos recursos. La prisión preventiva de Santos Cerdán ha producido alguna reflexión sobre ese exceso. Me parece bien, aunque solo nos acordamos de San Beccaria cuando truena.
Ahora hemos visto perplejidad –y alguna campaña de desinformación pagada por nuestros impuestos en los medios públicos– en torno a la situación legal de la esposa del presidente del Gobierno. Personas que la defendían o la ignoraban han empezado a cuestionar la institución del jurado popular: una figura que aparece en la Constitución y cuya regulación actual data de 1995, cuando era ministro Juan Alberto Belloch. El argumento más glorioso es que en Madrid gana las elecciones la derecha: ¿qué podemos esperar de un jurado madrileño?
Resulta pedagógico ver cómo quienes celebraban la participación ciudadana ahora desconfían del populacho. Por un lado, que Begoña Gómez pueda ser juzgada por un jurado popular provoca desasosiego, pero no pasaba lo mismo cuando eso le ocurrió a Francisco Camps.
Por otro, la incomodidad muestra cierto egocentrismo de la política y la prensa especializada: los prejuicios solo perjudicarían a figuras célebres, con determinadas posiciones ideológicas y recursos para defenderse. ¿Los miembros del jurado no pueden sustraerse a la polarización política, pero a todos los demás prejuicios sí? ¿Los sesgos no pueden afectar a quienes tienen menos capacidad para protegerse o denunciarlos? Qué extraña postura progresista: lo que de verdad importa es la desprotección del poderoso.
Publicado originalmente en El Periódico de Aragón.
