Día con día, desde Palacio Nacional se señala con dedo flamígero a los corruptos del pasado, políticos, empresarios, periodistas y científicos por igual. Pero el índice se muestra menos firme cuando está frente a corruptos de factura más reciente.
A inicios de mayo se dio a conocer que la delegación del IMSS en Hidalgo le había comprado a una empresa propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez los respiradores más caros de entre todos los que se habían adquirido hasta ese momento para hacer frente a la pandemia de la covid-19. Desatado el escándalo, el IMSS dio marcha atrás, devolviendo los 20 dispositivos una vez que “determinó que no reúnen los requerimientos y características técnicas-funcionales acordadas en el contrato”.
El 13 de mayo, la Secretaría de la Función Pública (la misma que, como se sabe, exoneró a Manuel Bartlett Díaz, padre del empresario de insumos de la salud y director de la Comisión Federal de Electricidad, por ocultar distintas propiedades en su declaración patrimonial) dijo que había abierto “más de una docena de carpetas de investigación contra funcionarios públicos y particulares” por el caso de los ventiladores. Y, pese a que la dependencia aseguró que ya contaba “con los elementos para los procedimientos de asignación de la sanción correspondiente por presuntas irregularidades”, no se han conocido avances del caso.
El 30 de mayo, una investigación de La liga contra el silencio y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad exhibió las corruptelas de Nahum Montt, director de la filial colombiana del Fondo de Cultura Económica. Montt llegó al puesto gracias a su amistad con Paco Ignacio Taibo II, director de la empresa. Y una vez ahí, “firmó contratos millonarios entre el FCE y tres sociedades sin trayectoria con las que su hijo estaba vinculado; obligó a algunos funcionarios a firmar una cláusula de confidencialidad, bastante inusual en el mundo editorial; recibió una queja ante el Ministerio de Trabajo por un presunto despido colectivo; ordenó ampliar sin los permisos requeridos el parqueadero del Centro Cultural Gabriel García Márquez, construcción patrimonial donde funciona el FCE Colombia; e incurrió en el uso irregular de la tarjeta de crédito corporativa”, según se encontró en la investigación.
En enero, luego de que se detectaran las irregularidades, Montt llegó a un acuerdo con la empresa, según el cual canceló los contratos irregulares y pagó de su sueldo los gastos hechos con la tarjeta corporativa. “¿Hicimos bien o debimos haber aceptado la renuncia [que Montt ofreció en enero]?”, se preguntó Taibo en entrevista. “Hay algún pecado si conservamos en el puesto a alguien que debíamos haberle aceptado la renuncia por este desastre. Pero si aceptábamos la renuncia, no se suspendían los contratos y seguían corriendo, teníamos que entrar en juicio laborales y para cuándo recobramos el dinero que se había gastado en la tarjeta corporativa.”
El FCE ha declarado que “no puede proceder en contra de Nahum por conflicto de interés debido a la naturaleza jurídica de las filiales”. Sin embargo, de acuerdo con el trabajo de investigación, la Auditoría Superior de la Federación tiene facultades para investigar y, en su caso, imponer sanciones administrativas e incluso presentar denuncias penales. En todo caso, a seis meses, Montt sigue en su puesto y Taibo está en espera de que pase la pandemia de covid-19 para relevarlo definitivamente del cargo.* Como en el caso de Bartlett Álvarez, se postergan o evitan las acciones legales. Como en ese caso, es una investigación periodística, y no la voz del Estado, la que da a conocer los hechos. El gobierno que se dice decidido a terminar con la corrupción prefiere lidiar con ella discretamente.
Es en ese mismo tenor que, el último día de mayo, el diario Reforma dio a conocer que la empresa Grupo Huerta Madre, vinculada al empresario Arturo Quintanilla Hayek, compadre de Rocío Nahle, secretaria de Energía, habría recibido un contrato por casi cinco mil millones de pesos para realizar obras de nivelación en el terreno donde se construirá la refinería de Dos Bocas, en Tabasco. La empresa en cuestión fue creada cinco días antes de la fecha en que recibió los contratos.
Rocío Nahle desmintió que Quintanilla forme parte del consorcio ni que trabaje en el proyecto de la refinería. Aun así, la Auditoría Superior de la Federación anunció un acuerdo con la Secretaría de Energía y Pemex Transformación Industrial, filial de la petrolera, para auditar de forma anticipada el proyecto de Dos Bocas. Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, interpuso una denuncia ante la SFP para que investigue el “amiguismo y compadrazgo” en la asignación del contrato. Representantes de los partidos en el Senado apoyaron la necesidad de llegar al fondo del caso.
Andrés Manuel López Obrador y sus funcionarios han expresado más de una vez su intención de “no ser tapadera de nadie” en asuntos de corrupción. Como muestran los casos anteriores y confirma la más reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, este grave problema no se erradica solo por invocación. Pero los escándalos de mayo presentan la oportunidad de mostrar que, como también se repite, las escaleras se están barriendo “de arriba hacia abajo”. Lo contrario confirmaría la avanzada sospecha de que el combate a la corrupción todavía es un ejercicio selectivo, en el que se escuda a los amigos y se persigue a los enemigos.
* El 4 de junio, dos días después de la publicación de este texto, el FCE anunció la salida de Nahum Montt de la dirección de la filial colombiana.
