Un recuento del proceso que culminarĆ” el 10 de abril con la realizaciĆ³n de la consulta de revocaciĆ³n de mandato muestra que el objetivo final de este ejercicio no es consolidar la democracia en MĆ©xico, sino fortalecer el poder del presidente a costa del poder que serĆa arrebatado a los ciudadanos a travĆ©s de la desapariciĆ³n del Instituto Nacional Electoral como Ć³rgano constitucional autĆ³nomo. El embate constante y frontal contra el INE ha sido paralelo a la indebida promociĆ³n del ejercicio por parte del presidente y diversas autoridades emanadas de Morena. ParadĆ³jicamente, esa entusiasta āaunque prohibidaā promociĆ³n ha logrado generar en la ciudadanĆa la pĆ©rdida de la confianza en la propia consulta.
Analice usted mismo, amable lector, algunos hechos ocurridos a partir de la expediciĆ³n misma de la ley reglamentaria federal de dicho ejercicio. Bajo la presiĆ³n de LĆ³pez Obrador, la ley fue discutida y aprobada al vapor entre los meses de julio y agosto del 2021. Se expidiĆ³ de forma extemporĆ”nea, pues debiĆ³ publicarse en el Diario Oficial de la FederaciĆ³n a mĆ”s tardar en el mes de junio del 2020, en cumplimiento a lo ordenado en el segundo transitorio del decreto publicado en el DOF el 20 de diciembre de 2019,Ā y se promulgĆ³ en septiembre del aƱo pasado con un sinfĆn de omisiones. Carece incluso de mecanismos para el debido control y verificaciĆ³n de los fondos con que asociaciones civiles como Que Siga la Democracia, A.C. (encabezada y conformada por militantes, excandidatas y representantes de Morena ante los institutos electorales estatales) han llevado a cabo la promociĆ³n indebida de un ejercicio inexistente, como lo es la ratificaciĆ³n de mandato.
SiguiĆ³ el recorte, promovido y aprobado por los diputados de Morena, de los recursos que el INE utilizarĆa para la promociĆ³n, organizaciĆ³n y ejecuciĆ³n de la consulta revocatoria. El presidente lo justificĆ³, en su conferencia matutina del 17 de diciembre de 2021, solicitando expresamente que se instalaran menos casillas de las ordenadas en ley, para despuĆ©s, en la conferencia del 24 de febrero de 2022, acusar al instituto de violar la ConstituciĆ³n y la Ley Federal de RevocaciĆ³n de Mandato para el caso de que colocara menos casillas, ante la dificultad generada por la deficiencia presupuestaria. Posteriormente, el primer mandatario y otras autoridades han acusado al INE de āesconder casillasā a la poblaciĆ³n, a pesar de que Lorenzo CĆ³rdova, consejero presidente del instituto, ha anunciado que la ubicaciĆ³n geogrĆ”fica de las casillas estarĆa a disposiciĆ³n de la ciudadanĆa a partir del 28 de marzo, en los tiempos que seƱala la ley.
El presidente no ha estado solo en la embestida frontal y sin cuartel contra el INE: la jefa de gobierno de la Ciudad de MĆ©xico, Claudia Sheinbaum; el presidente de la mesa directiva de la CĆ”mara de Diputados, Sergio GutiĆ©rrez Luna (quien serĆa designado presidente interino de MĆ©xico por 30 dĆas en caso de que la revocaciĆ³n procediera); el presidente de Morena, Mario Delgado, asĆ como varios senadores y diputados del citado partido, llevan a cabo una campaƱa continua y permanente de desprestigio contra el instituto, violando continuamente la ley promovida y aprobada por unanimidad en ambas cĆ”maras. Ante la violaciĆ³n de la prohibiciĆ³n constitucional y de ley que ordena a los servidores pĆŗblicos no promover la revocaciĆ³n, el INE ha aplicado medidas precautorias que garanticen el cumplimiento de las leyes correspondientes. En respuesta, ha sido acusado de autoritario y seƱalado como adversario del partido en el poder.
El propio GutiĆ©rrez Luna denunciĆ³ al Consejo General y al Secretariado Ejecutivo del INE ante la FiscalĆa General de la RepĆŗblica en diciembre del aƱo pasado, convirtiendo un diferendo de criterio legal en una franca y abierta persecuciĆ³n polĆtica mediante el uso faccioso de las instituciones. Luego, en enero de este aƱo, presentĆ³ una iniciativa de ley ante la CĆ”mara de Diputados, dedicada a los consejeros Lorenzo CĆ³rdova y Ciro Murayama, tendiente a āevitar que ningĆŗn funcionario gane mĆ”s que el presidente de la repĆŗblicaā ācuando, en realidad, el Diputado percibe un salario mucho mayor al de los consejeros y demĆ”s servidores pĆŗblicos empleados en el Instituto. El 3 de marzo, el diputado presentĆ³ ante la SCJN una acciĆ³n de inconstitucionalidad en contra de un acuerdo de la ComisiĆ³n de Quejas y Denuncias del INE que ordenĆ³, conforme lo dicta la ley, frenar la propaganda gubernamental en el proceso de revocaciĆ³n de mandato. Esta acciĆ³n fue desechada, al no ser facultad de la Corte sino del Tribunal Electoral conocer de controversias en materia electoral.
Finalmente, el 17 de marzo la bancada de Morena y sus aliados avalaron un decreto interpretativo que permitĆa a los funcionarios militantes del partido oficial manifestarse abiertamente sobre el proceso de revocaciĆ³n de mandato sin que fuera considerado como un acto de propaganda gubernamental, marcando un criterio contrario a lo que establecen la ConstituciĆ³n y la ley, y a lo que el tribunal electoral ha sostenido en este rubro. En menos de 48 horas, magistrados de la Sala Especializada del TEPJF revirtieron este decreto inconstitucional, por lo que no puede ser aplicado a la promociĆ³n de la consulta revocatoria, al no haber sido emitido con 90 dĆas de anticipaciĆ³n al proceso revocatorio, tal como lo establece el artĆculo 105 constitucional. Ello no fue obstĆ”culo para que, a los pocos minutos de aprobado el decreto, la gobernadora de Campeche Layda Sansores y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum lanzaran tuits idĆ©nticos que no solo promueven la revocaciĆ³n, sino que tienden a dirigir el sentido del voto de la ciudadanĆa, conducta que constituye en sĆ misma un delito electoral, que han presentado falsamente a sus partidarios como una libertad, cuyo ejercicio pretende coartar el Instituto Nacional Electoral.
El presidente LĆ³pez Obrador ha repetido como axioma la frase: āel pueblo da, el pueblo quitaā. Y la sociedad civil en MĆ©xico se dio a finales de la dĆ©cada de los 90 del siglo XX un Instituto, primero Federal, hoy Nacional Electoral, con el que la participaciĆ³n directa de la ciudadanĆa en la organizaciĆ³n, ejecuciĆ³n y vigilancia de los procesos electorales estĆ” garantizada. Como todo instrumento humano, ese instituto es perfectible. Pero en cada elecciĆ³n desde 1997 han sido ciudadanos y ciudadanas mexicanos quienes legitiman directamente con su intervenciĆ³n los resultados de los comicios.
El 29 de abril de 2021, LĆ³pez Obrador planteĆ³ elaborar una reforma constitucional para desaparecer a los organismos autĆ³nomos, entre ellos, al Instituto Nacional Electoral. En la maƱanera del 29 de marzo de este 2022, anunciĆ³ que enviarĆ” al Congreso dicha reforma, a fin de que los futuros consejeros del INE y magistrados del TEPJF sean elegidos en elecciones āabiertasā a travĆ©s del voto popular āĀæquiĆ©n organizarĆa esas elecciones? ĀæMĆ”s militantes de Morena disfrazados de asociaciĆ³n civil?ā, lo que rompe con los principios de autonomĆa e imparcialidad que rigen al Instituto, mientras que politiza a jueces y Ć”rbitros restĆ”ndoles credibilidad. Con ello, el presidente quiere garantizar para sĆ y su partido el control absoluto sobre los procesos electorales futuros, restaurando un sistema que los mexicanos experimentamos dolorosamente durante el periodo del PRI como partido hegemĆ³nico en el siglo pasado: āla dictadura perfectaā, como atinadamente la denominĆ³ Mario Vargas Llosa.
La consulta de revocaciĆ³n de mandato que se llevarĆ” a cabo el 10 de abril no tiene al centro la participaciĆ³n democrĆ”tica de los ciudadanos ni la democracia deliberativa. Su eje es la embestida contra el INE. Si los mexicanos quieren conservar su poder sobre los procesos electorales, la alternativa es quitarle a LĆ³pez Obrador la legitimidad ciudadana para debilitar y, posteriormente, desaparecer al INE.
Es hora de defender a las instituciones con todo el poder ciudadano, y la abstenciĆ³n mayoritaria es la expresiĆ³n polĆtica mĆ”s poderosa por la defensa de la existencia y autonomĆa de un Ć³rgano como el INE. Pero al abstenerse de participar en la consulta de revocaciĆ³n no solo se defiende al INE. TambiĆ©n se da una respuesta a la pregunta sobre la pĆ©rdida de confianza que establece la constituciĆ³n: los mexicanos no confĆan en un ejercicio solicitado y promovido por AndrĆ©s Manuel LĆ³pez Obrador, su partido y sus aliados, desde la opacidad, la doble intenciĆ³n y la mentira.
es licenciada en derecho con especialidad en derecho fiscal por la UDLAP. Activista en favor de la cultura de la legalidad.
