El domingo 30 de marzo iniciaron las campañas de los candidatos y candidatas a las distintas instancias del Poder Judicial Federal. Este arranque ha sido todo lo que analistas, profesionales del Derecho, antiguos integrantes del poder judicial y colectivos ciudadanos han venido anunciando: un desfile interminable de slogans que nada tienen que ver con la función jurisdiccional o que, en el mejor de los casos, no ofrecen más que aquello que ha caracterizado –o debió caracterizar– la función de los juzgadores y juzgadoras desde la conformación de la actual República mexicana en 1917: impartición de justicia con objetividad, respeto por derechos de las partes y observancia de las reglas jurídicas. Ni conejo que salga de la chistera ni descubrimiento del hilo negro: solo una interminable colección de videos que quedarán en el baúl de los malos recuerdos.
La reforma judicial, con sus campañas y elección de juzgadores, no es la que los ciudadanos requerían para tener acceso a justicia pronta y expedita. Tampoco es la solución a la corrupción, el nepotismo y el atraso que acusaron el expresidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum para justificar la destrucción del poder judicial como estaba conformado desde 1995. Todo en esta reforma ha derivado de violaciones a la ley, incumplimiento de suspensiones y sentencias judiciales en materia de amparo, así como de la ejecución de resoluciones que el Tribunal Electoral ha dictado sin contar con las facultades para tal fin, como lo señaló oportunamente el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en su proyecto debatido ante el pleno de la SCJN el pasado 13 de febrero.
En resumen, hasta este punto, todo lo que tiene que ver con la reforma judicial y el proceso electoral en marcha ha pasado por violar la ley bajo la excusa de hacerla cumplir. Y la ley que se pretende hacer cumplir no es una que nos hayamos dado los mexicanos para mejorar las condiciones cívicas de bienestar y convivencia social, sino una que proviene de la imposición de la voluntad presidencial y de sus comparsas del partido en el poder.
A quienes participamos en procesos electorales durante el siglo XX, esta realidad no nos resulta ajena. En aquellos años, la incertidumbre electoral, valor primordial de todo proceso democrático, era ajena a la ciudadanía. Ante la ausencia de mecanismos ciudadanos de control y de medición de participación confiables y el control de los procesos electorales desde la Secretaría de Gobernación, los votantes asumíamos como regla que en todo proceso, a cualquier nivel de gobierno, el candidato ganador sería indefectiblemente el del partido en el poder, el PRI.
Pero varios miles de mexicanos decidieron sustraerse a esta dinámica. Defendieron la libertad de elegir, que es la máxima expresión de la libertad, votando por los candidatos de la oposición, a pesar de las condiciones absolutamente adversas impuestas por el sistema. De esta rebeldía tanto interior como colectiva derivó el ayuno público de Luis H. Álvarez el 30 de junio de 1986, en protesta por el fraude electoral que arrebató la gubernatura del estado de Chihuahua al panista Francisco Barrio. Ese fue un punto de quiebre en la historia político electoral de México, que se extendió hasta el movimiento, más ciudadano que partidista, que culminó con la creación del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) el 6 de abril de 1990.
Hoy, 39 años después, los mexicanos y las mexicanas desdeñamos nuestra historia. Con el proceso que fue creado para destruir y controlar al poder judicial, también se logra un objetivo oculto tan grave como este: fomentar la apatía ciudadana hacia todo proceso electoral. No participar también fue mi primer impulso respecto de la elección judicial. Pero la posibilidad de que perfiles como los que han sido expuestos en distintos medios de comunicación puedan convertirse en juzgadores a partir de la segunda mitad de este año, así como mi intranquilidad ante la mentalidad de derrota que asume que todos los dados están cargados a favor del poder, sacudieron mi memoria y mi conciencia.
Sobre todo porque, paradójicamente, es tan posible la primera opción, como relativa la segunda. Si bien estamos frente a un proceso inequitativo, la realidad es que, en la próxima elección judicial, estamos en posibilidad de ganar espacios que garanticen efectivamente el acceso a la justicia. De acuerdo con datos generados por la asociación civil Defensorxs, de las casi 4,000 candidaturas que se presentan a la contienda, el 73% se constituye por personas que actualmente trabajan en el poder judicial. De ellas, la gran mayoría son secretarios de Tribunal Colegiado; secretarios de Juzgado; Jueces de Distrito; secretarios de instrucción en juzgados laborales y Magistrados de Circuito, es decir, son perfiles que cuentan con preparación para ser juzgadores. Estos datos fueron obtenidos a partir del cruce del total de candidaturas presentadas por los tres poderes federales con el total de juzgadores, información que fue proporcionada por el hoy extinto INAI.
Aún más, la gran mayoría de los más de 800 puestos a determinar se definirán por la capacidad de los candidatos de convencer a los ciudadanos, y no por la lógica de la elección de Estado. Por poner un ejemplo, una reciente encuesta realizada por el periódico La Crónica arrojó que 47% de la muestra de posibles votantes no conocen a la ministra y hoy candidata Lenia Batres. Entre aquellos que sí la identifican, Batres se ubica como la ministra con mayor desaprobación (26%) entre las aspirantes conocidas. Por otro lado, una encuesta realizada por El Financiero coloca a la ministra Yasmín Esquivel como la puntera a ejercer la presidencia de la SCJN en la siguiente conformación. Recordemos que la ministra se ha dado conocer entre la opinión pública principalmente por la exhibición del plagio que realizó tanto para obtener sus títulos de licenciatura y doctorado, y por la manipulación del sistema de justicia para obtener impunidad y reafirmarse a pesar de todo en la Corte.
La pregunta que debemos plantearnos es si estamos dispuestos a que más personas de dudosa reputación sigan teniendo acceso al poder –particularmente el de decidir desde la función jurisdiccional sobre todo lo que más apreciamos: libertad, patrimonio, salud– y si, en consecuencia, estamos dispuestos a ceder nuestra libertad de elegir. El abstencionismo favorece a los regímenes totalitarios, que gracias a él ya no precisan de realizar fraudes electorales, pues basta la movilización de las bases para controlar todos los aspectos del poder. Morena está llevando a cabo una agresiva campaña de empadronamiento para tal fin.
El actual proceso y la próxima jornada electoral son un ensayo previo con el que el poder nos está poniendo a prueba. No hay nada que lo favorezca más que la renuncia por propia voluntad a ejercer nuestros derechos. Ejercerlos es la mejor manera de defenderlos. Tenemos herramientas a nuestro alcance, tanto las que proporciona el INE a través de la plataforma Conóceles como las de organizaciones civiles como Defensorxs o la iniciativa Vigilancia Ciudadana de la Elección Judicial. Tenemos buenos perfiles aspirantes. Tenemos el derecho a participar en la conversación eligiendo a nuestros juzgadores. Tenemos el derecho a recuperar al poder judicial. Y sobre todo, tenemos la responsabilidad histórica de defender el derecho a elegir a través del voto. ~
