A cien días de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum Pardo, el 1 de octubre de 2024, no hay nada esencialmente distinto respecto al gobierno anterior. Desde la campaña electoral, el llamado al voto fue para consolidar lo que el régimen suele llamar “el segundo piso de la cuarta transformación”. Por otra parte, la agenda del gobierno entrante ha estado determinada por la presentación de las veinte iniciativas de reforma anunciadas por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de 2024. Una agenda de venganza y destrucción de la institucionalidad democrática, así como de las capacidades técnicas del Estado mexicano.
De lo que el Congreso ha aprobado hasta este momento, sin duda alguna lo más grave es la mal llamada reforma judicial, que tiene como propósito cooptar al único poder del Estado que aún no estaba bajo el control del régimen y que, en su momento, revirtió decisiones importantes para este. Un Poder Judicial, con una Suprema Corte a la cabeza, que haciendo cumplir la Constitución servía de contrapeso a los desmanes del Ejecutivo, resultó totalmente intolerable para un régimen ávido de concentrar el poder y poco o nada proclive a los contrapesos y a una rendición efectiva de cuentas.
En esa lógica, el sello indeleble de la administración que arranca fue consumar el atropello para terminar con la carrera judicial –la nuez de la reforma es la elección popular de magistrados, ministros y jueces–, echando mano de todos los recursos a su alcance (legales o ilegales, morales o inmorales) para lograrlo. Con ello terminó un ciclo en el que la Constitución fue la norma fundamental para la protección de derechos y para dirimir las diferencias entre los poderes del Estado, debidamente aplicada por un Poder Judicial que funcionó como contrapeso efectivo a los ilegales desmanes y excesos por parte del Ejecutivo y el Legislativo. Hoy es, simplemente, un instrumento de gobierno más, que se puede modificar al antojo de la mayoría gobernante sin límite alguno. Esto significa el fin de la democracia liberal, constitucional y pluralista que el país construyó en tres décadas de transición para superar el régimen autoritario de partido hegemónico que prevaleció durante siete décadas del siglo pasado. En este mismo sentido de gravedad por el deterioro institucional, se consumó también –faltaba más– la eliminación de órganos autónomos del Estado mexicano, cuyas funciones pasarán principalmente a dependencias del Ejecutivo federal.
No todo ha sido un día de campo para el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum. En el rubro de desastres naturales, de manera inmediata tuvo que atender a la población damnificada por el segundo huracán que, en menos de dos años, azotó Acapulco. Pero es en el tema de seguridad donde el comienzo del gobierno ha sido más desastroso. A un día de tomar las riendas de la administración, el 2 de octubre, en una ejecución extrajudicial, militares asesinaron a seis migrantes en Chiapas. No fue una buena primera semana para el gobierno: además, el crimen organizado ejecutó al presidente municipal de Chilpancingo –la imagen de su decapitación fue una estampa de horror del inicio del sexenio–; y, como Guerrero es un estado sin ley, también fue asesinado un magistrado que previamente había presidido el Tribunal Superior de Justicia de la entidad.
Sin duda, Sinaloa es el mayor frente abierto en materia de seguridad. Desde que, a finales de julio, Ismael Zambada, líder del Cartel de Sinaloa, fue capturado y llevado a Estados Unidos, se desató un infierno que a la fecha azota dicha entidad. En las maromas para atender el caso, pareciera que al gobierno mexicano lo que más le importa es dejar muy claro que nada tuvo que ver en la detención del líder criminal. El asesinato de un alto mando policial en Culiacán, el 18 de diciembre, se suma al clima prevalente de ingobernabilidad y miedo generalizado en el estado, donde resulta incomprensible la permanencia de su gobernador.
No conforme con la comunicación –sin respuesta– que en su momento había emitido López Obrador en el mismo sentido, fue notable que en la única gira internacional que hasta la fecha ha realizado Sheinbaum –a la Cumbre de Líderes del G-20 en Río de Janeiro– y en el que fue seguramente su único encuentro como jefes de Estado, le haya solicitado a Joe Biden información sobre la captura de Zambada. Prioridades, pues. Y, en una nueva edición en la lucha por controlar la narrativa de “la verdad”, no podía dejar pasar la confrontación contra un respetadísimo medio internacional, el New York Times, por el último reportaje sobre la fabricación de fentanilo en Sinaloa. Como si no hubiera evidencia incontrovertible sobre su producción en México.
En la relación de subordinación del Legislativo al Ejecutivo, lo característico ha sido la celeridad y el desaseo en los procesos legislativos para aprobar el catálogo de iniciativas heredadas del gobierno obradorista. Además de ello, resaltan dos episodios: en el Senado, la lamentable ratificación de Rosario Piedra por un periodo más en la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que cada vez se mimetiza más con las dependencias del gobierno y desatiende e, incluso, falta al respeto, a las miles de víctimas en el país; y, en la Cámara de Diputados, la aprobación del presupuesto 2025. Aunque hayan zanjado sus diferencias, no dejan de ser llamativas las graves acusaciones que cruzaron los líderes morenistas en las dos cámaras del Congreso.
En la relación bilateral más importante para México reapareció el “factor Trump”, que promete el conflicto inmediato sobre la profundización en la crisis migratoria, la amenaza del aumento de aranceles y el predecible enfrentamiento por la estrategia de combate al crimen organizado. Más allá de que cada uno le habla a su audiencia, resulta peculiar la manera en la que la presidenta reaccionó ante el anuncio en el incremento de 25% de aranceles a productos mexicanos. ¿Qué tanta mella habrá hecho en el ánimo de Trump recibir una larguísima carta en la que básicamente se le explicaba por qué ella es más lista que él y que lo que propone no le conviene? El nombre del juego para Trump es incrementar su influencia sobre México para ver qué mayores beneficios puede obtener en la, ya de por sí, desigual relación bilateral.
Señalaba al principio del texto que no hay una diferencia sustantiva, sino más bien una estrecha continuidad, de este gobierno con el de López Obrador. Más allá de la pleitesía y el culto a la personalidad que se le siguen rindiendo al expresidente, además de los argumentos de fondo que sostienen que estamos en presencia de una segunda etapa del régimen obradorista, están también las cuestiones de forma. En este sentido, no es casual ni gratuito que se haya decidido mantener el esquema de conferencias de prensa diarias. Si bien hasta ahora no se han visto tantos excesos y dislates como sucedían con su predecesor, como bien se sabe, las “mañaneras” nunca han sido y siguen sin ser un medio de rendición de cuentas, sino un poderoso instrumento propagandístico del régimen.
Hace cien años se experimentó en México el surgimiento y consolidación de un proceso histórico conocido como el Maximato. Para terminar con los constantes enfrentamientos intestinos de los líderes postrevolucionarios, el “Jefe Máximo de la Revolución”, Plutarco Elías Calles, optó por crear un régimen de luces y sombras: un presidencialismo hiperpoderoso (la llamada “presidencia imperial” o “monarquía sexenal absoluta”), un partido político moderno para consolidar la hegemonía, la construcción de instituciones para el desarrollo del país y la subordinación del poder militar al poder civil. Sentadas esas bases, Calles no dudó en controlar y manipular a sus cuatro sucesores en la Presidencia, hasta que Lázaro Cárdenas se rebeló y lo envió al exilio. A un siglo de distancia, ¿estamos frente a una reedición de algo así? Parece prematuro saberlo. Ciertamente hay similitudes, pero también diferencias importantes. Estamos experimentando un ciclo de violencia cumbre en el país, un cambio en las relaciones cívico-militares que ensancha los márgenes de actuación de los uniformados en la vida pública del país y, como se ha señalado, la reconstrucción de una nueva hegemonía populista, hasta ahora claramente bajo el control político del caudillo fundador. El tiempo irá dejando claras las relaciones de poder en este escenario y, seguramente, le pondrá un nombre adecuado a esta nueva época. ~
Es analista político, especialista en América Latina, temas electorales, biografía política. Profesor de Ciencia Política en el ITAM y director del Centro de Estudios Alonso Lujambio.
