En Humillación, Wayne Koestenbaum escribe: “Vivimos en una sociedad que valora el poder […] Ver a alguien más ser humillado nos da un sentido de poder personal. Porque no somos esa persona; no somos nosotros los que estamos siendo humillados”. ¿En esto radica parte del atractivo de las mañaneras de AMLO? Quizá. Claramente el éxito de las conferencias en YouTube (por cierto, ya también pueden escucharse en Spotify) no son los datos duros ni relevantes, ni las definiciones claras sobre cómo se va a implementar determinada política pública. La sal de estos largos y tempraneros soliloquios son las frases jocosas (que de tanto usarse aburren muy pronto en la semana) y el morbo por saber a quién se acusará públicamente –aunque en realidad es más una humillación– esta mañana.
La humillación pública no es nueva. Se ha usado como castigo en todas las sociedades, algunas veces bajo el resguardo de la ley y siempre siguiendo una máxima: vigilar las normas morales. La humillación pública es un castigo moral, no legal, y esta humillación tiene la capacidad de entrometerse en la vida de una persona como ningún castigo legal puede hacerlo.
Cada mañana se nos invita a presenciar no un acto de transparencia y apertura gubernamental, sino un acto de pureza. Para elevar su pureza, hay que resaltar la “mancha” en el otro. Y esa humillación pública “permite a las comunidades hacer saber a los bichos raros que no hay ningún lugar para correr u ocultarse. Eso significa que, por extensión, cada miembro no solo debe evitar comportamientos vergonzosos, sino que también debe unirse al castigo ritual de los delincuentes”.
¿Qué le queda al señalado? Callar. Pero podría explorarse la posibilidad de pedir derecho de réplica, en el mismo horario, en la misma tribuna y con la misma cobertura.
De acuerdo con la Ley Reglamentaria del artículo 6o la Constitución “los medios de comunicación, las agencias de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor de información responsable del contenido original, serán sujetos obligados en términos de esta Ley y tendrán la obligación de garantizar el derecho de réplica de las personas en los términos previstos en la misma”. De acuerdo con esta misma ley, un “productor independiente” es la persona, física o moral, que genera y es responsable de producir contenidos que sean publicados o transmitidos por los medios de comunicación. Como emisor de información, la presidencia de la República debe ser responsable del “contenido original” que emite, y por ello tendría que considerar otorgar derecho de réplica.
López Obrador es el abogado campeón del derecho de réplica. En campaña dijo en múltiples ocasiones que lo pediría (sería interesante saber cuántas veces efectivamente lo hizo y cuántas veces se le otorgó) y ya como presidente electo ha señalado en más de una ocasión que él “ejercerá siempre su derecho de réplica de manera respetuosa”. ¿Por qué no abrir el micrófono para que los aludidos compartan las aclaraciones que consideren pertinentes, respecto a “datos, informaciones o hechos” que les conciernen y que por ser inexactos o falsos les han causado un agravio (económico, en su honor, vida privada y/o imagen)? ¡Hasta los partidos políticos, los precandidatos y los candidatos a puestos de elección populares tienen este derecho! ¿Por qué el ciudadano, frente a sus gobernantes, se le arrebata este derecho?
El Parlamento del estado australiano de Queensland contempla, por ejemplo, un derecho de réplica ciudadana que permite al afectado exponer su caso por alusiones personales hechas en las sesiones de la asamblea. Esta petición pasa por un comité de ética que analiza la petición ciudadana y puede desecharla (si la petición es frívola o carece de sustento) o emitir un fallo para que se publique una enmienda en el acta que consigna la discusión.
¿Qué mejor manera de acercar a los ciudadanos al gobierno que brindarnos los medios para responder cuando las declaraciones de los gobernantes nos agravian personalmente?
Es politóloga, periodista y editora. Todas las opiniones son a título personal.
