Parte 3 de 3
La estrategia implementada para combatir al crimen organizado en México desde hace 50 años no ha funcionado. En “Radiografía del crimen organizado en México”, señalé que la expansión de las organizaciones criminales Sinaloa y Zetas ha resultado en, aproximadamente, el 80% de las muertes relacionadas con el crimen organizado de los últimos años.
Ahora que el proceso electoral para elegir presidente está en la recta final, es necesario que independientemente de quien gane las elecciones se continúen, fortalezcan y adecuen las acciones para contener a las organizaciones criminales que operan en el país. Aquí propongo cinco estrategias que podrían contribuir a obtener la seguridad que los mexicanos exigimos.
La primera “recalibración” que tendría que hacer la lucha en contra del narcotráfico es enfocar sus acciones hacia una meta posible (P1), esto es: reducir los niveles de violencia.
Sabiendo que las organizaciones Sinaloa y Zetas son los principales motores de la violencia en México, las autoridades mexicanas podrían priorizar (P2) los esfuerzos de las fuerzas del Estado en estas dos organizaciones. Al hacerlo se enviaría el mensaje de que ni la expansión (caso Sinaloa), ni la brutalidad o participación en otras actividades ilícitas (Zetas) serán toleradas.
Para evitar batallas al interior de las organizaciones y entre bandas rivales, el gobierno mexicano deberá ser proactivo ante la violencia (P3) y no solo reaccionar a ella. Tres estrategias para lograr esto podrían ser:
1) Combate simultáneo: De acuerdo con Williams y Kan[1], para evitar la creación de cadenas de vacío, las fuerzas del estado podrían a neutralizar simultáneamente al líder de la organización, los subalternos que podrían sucederlo y la mayor cantidad de activos de la organización. La idea es realizar operaciones en las que bloques completos de la organización sean removidos en un movimiento.
2) Contener la violencia: Una opción es realizar operativos preventivos, sin anunciarlos para no eliminar el factor sorpresa. El objetivo sería dual. Por un lado tendría un efecto disuasivo sobre posibles hechos de violencia al interior del grupo criminal que recibió el golpe. Por el otro, evitaría frenesíes competitivos de organizaciones rivales.
Estas operaciones podrían ser complementadas con otras dos tácticas.
a) En lugar de reaccionar a los brotes de violencia, las fuerzas federales podrían realizar despliegues preventivos en las ciudades en las que han intervenido con un número reducido de fuerza y por periodos acotados de tiempo (por ejemplo 250 hombres por periodos de dos semanas a un mes) para disuadir a los grupos criminales.
b) Realizar patrullajes difíciles de predecir, como los llevados a cabo por los vehículos de respuesta crítica(critical response vehicle – CRV) del departamento de policía de Nueva York. Dos veces al día -de lunes a viernes y una vez al día en fin de semana- 76 patrullas (una por cada sector policial) convergen en un punto aleatorio de Manhattan. Estos despliegues tienen tres ventajas: crean un impresionante e impredecible despliegue de fuerza, generan un estado constante de alerta en los oficiales de policía (lo que beneficiaría la atención a emergencias reales) e incentiva la cooperación al interior de la NYPD.
3) Conquistar zonas de alta criminalidad: Puede lograrse a) implementando patrullajes intensivos a pie desplegados de tal manera que se minimicen su predictibilidad y permitan una respuesta rápida. b) las fuerzas federales deben entrar a una comunidad y permanecer en ella para desempeñar labores de policía comunitaria. Un ejemplo de estas acciones son los despliegues de la Policía Nacional y Ejército colombianos en la Comuna 13de Medellín.
Una vez que la parte disuasiva de la estrategia de reducción de la violencia esté establecida, será momento de desarrollar la estrategia de prevención (P4) de la violencia y los factores de riesgo asociados con ella. Para implementarla, será necesario atender las causas de la criminalidad y desarrollar medidas de prevención situacional para reducir la incidencia de violencia y ciertos delitos.
De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia, 30 mil menores y jóvenes han sido reclutados por las organizaciones del narcotráfico. La Encuesta Nacional de la Juventud 2010 contabilizaba a 33.6 millones de jóvenes entre 12 y 29 años; 2.3% de esta población está inactiva, es decir no estudia ni trabaja. Esto ha creado una masa poblacional que se ve sin futuro (ir a la escuela, formar una familia y envejecer), vive al día y está dispuesta a incorporarse a cualquier actividad para obtener ingresos económicos. Es importante mencionar que el 53 % de esta población se concentran en siete estados (México, Veracruz, Nuevo León, Distrito Federal, Jalisco, Michoacán y Sinaloa) y que en al menos Nuevo León, Michoacán y Sinaloa están siendo seriamente afectados por la violencia generada por el crimen organizado.
Dada la magnitud del sector que se encuentra inactivo y la creciente amenaza que el crimen organizado le representa, es fundamental:
1) Incrementar las opciones disponibles:Los tres niveles de gobierno deberán proveer un amplio abanico de actividades para los jóvenes que están inactivos. Por ejemplo, incrementar los programas de educación en línea (70% de los jóvenes tienen acceso a internet).Facebook (80% de los jóvenes tienen una cuenta en esta red social) podría convertirse en el medio para anunciar opciones de micro-financiamiento y coordinar actividades en las comunidades en las que los jóvenes habitan.
2) Aumentar la coordinación entre agencias federales: La coordinación y articulación de esfuerzos debe contemplar agencias federales de seguridad y procuración de justicia (SSP y PGR). Programas como Rescate de Espacios Públicos (Sedesol), Red de Centros de Nueva Vida (Salud) y Escuela Segura (SEP) requieren articular sus acciones. Por ejemplo, la Secretaría de Salud podría dar talleres de prevención de adicciones en los parques y espacios que Sedesol ha recuperado.
La estrategia Todos Somos Juárez es el ejemplo más reciente en el que prácticamente todas las dependencias federales están haciendo un esfuerzo por reconstruir el tejido social y reducir la violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua. La principal debilidad de esta estrategia ha sido la falta de coordinación en el largo plazo. Un funcionario federal -que me pide me reserve su nombre- apunta: “al inicio sosteníamos reuniones semanales en las que todas las dependencias federales involucradas presentábamos nuestras acciones, lo que no necesariamente era para efectos de coordinación. Aun cuando cada dependencia continuó implementando sus programas, hace tiempo que no nos reunimos”.Otro indicador de la falta de compromiso es que el último reporte público de la estrategia es de febrero de 2011.
3) Apropiarse localmente de la estrategia:Las acciones “de arriba hacia abajo” implementadas por el gobierno federal sin duda son muy útiles, sin embargo, la prevención del crimen es más efectiva cuando las autoridades municipales están involucradas en su desarrollo. Lo anterior se debe a que son ellas las que tienen contacto con los ciudadanos y conocen en dónde se focalizan los delitos. Dos ejemplos exitosos de esta implementación son el programa colombiano “Departamentos y Municipios Seguros”(DMS) que buscó desarrollar políticas locales de seguridad en coordinación con ciudadanos y autoridades centrales, y el llamado “Milagro de Boston”, que se apoyó en trabajadores sociales que operaban en las calles para conocer las necesidades de los jóvenes y la comunidad.
Un elemento crucial para que las estrategias de reducción de la violencia funcionen es la política (P5). Ahí se genera el liderazgo, la voluntad y el compromiso para reducir la violencia de manera sostenible. Las autoridades necesitan involucrarse no solo en el proceso de toma de decisiones, sino también en el seguimiento a las acciones realizadas y, de ser posible, en el proceso de implementación de las políticas públicas. El ex alcalde de Bogotá, Colombia, Antanas Mockus, es un gran ejemplo de cómo un tomador de decisiones puede ser parte de los cambios. Es necesario que los servidores públicos se comprometan a buscar resultados en el largo plazo y otorgar recursos financieros y humanos suficientes (en Bogotá el compromiso de los actores políticos con la reducción de la violencia logró un decremento de la tasa de homicidios de casi 80% en casi 15 años).
Dada la magnitud del problema, las autoridades mexicanas deben ser incluyentes y colaborar con todos aquellos que estén dispuestos a participar activamente en la reducción de la violencia. No será una tarea fácil y requerirá probar políticas estrategias y tácticas, evaluar y ajustar. La aplicación de las 5Ps puede reducir la violencia en México y devolver el sentido de seguridad a sus ciudadanos.
Publicado previamente en Small Wars Journal.
[1]Paul Rexton Kan and Phil Williams, “Criminal Violence in Mexico – a dissenting analysis”, Small Wars & Insurgencies, Vol. 21, No.1, March 2010, p. 229
Politólogo mexicano interesado en las políticas públicas de seguridad. Ha trabajado en el gobierno federal y como consultor en temas de seguridad, inteligencia y políticas públicas.
