La revolución educativa ofrecida por Vicente Fox durante su campaña habría de sustentarse en una estrategia financiera que entonces como hoy resulta inviable llevar a cabo: transferir los ingresos por petróleo e “invertirlo” en educación, para hacer del conocimiento la palanca de desarrollo del país e insertarnos con éxito en la globalización. En doce años de gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) el gasto público en educación, lejos de haberse duplicado, se mantuvo constante respecto a los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los ingresos excedentes por los aumentos en los precios internacionales del petróleo fueron destinados al pago de deuda o transferidos a los estados, es decir a los gobernadores y sus márgenes de discrecionalidad en el ejercicio de los recursos. Puesto que los gobiernos panistas como sus antecesores no pudieron hacer el gasto en educación más eficiente (lograr mejores resultados con los mismos recursos), de la revolución educativa no hubo ni escaramuza. No tuvieron capacidad de hacer mucho más o algo distinto a lo que se venía haciendo.
Así las cosas, Educación Pública es una supersecretaría por su gigantesco tamaño y la cantidad de recursos financieros, humanos, simbólicos y de conocimiento a su cargo; o una secretaría de secretarías, por la multitud y diversidad de entidades que están sectorizadas a ella. Las oficinas y planteles para sus servicios se ramifican en tantos niveles, modalidades, subsistemas y demás vericuetos, que es más fácil hacer cruzar una cordillera a un elefante que mover a la SEP en dirección distinta a sus inercias burocráticas. Sin ir contra ellas, puede permanecer un año entero sin que esté presente su titular, como si operara con piloto automático, y no pasa nada.
Del secretario dependen tres subsecretarías, correspondientes a los niveles de educación básica, media superior y superior, así como cuatro coordinaciones, tres unidades, tres direcciones generales, una contraloría interna, un oficial mayor y la Presidencia de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (máximo órgano de justicia deportiva). Como autoridad educativa federal cuenta con una delegación en cada entidad del país (oficinas de servicios federales de apoyo a la educación) y dependen de ella, nominalmente al menos según su el Reglamento Interior, 27 organismos descentralizados y nueve desconcentrados, que van de editoriales y talleres de impresión a fideicomisos, estudios de cine, estaciones de radio y televisoras, consejos e institutos de Derechos de Autor, Bellas Artes, Cultura, Antropología e Historia, Deporte, Juventud, etcétera.
El Programa Nacional de Educación 2001-2006 se propuso el objetivo estratégico de restructurar la Secretaría para fusionar, dividir, reubicar o suprimir áreas; pero parece no haberlo hecho muy bien. A partir de 2005 una reforma administrativa que resulta de la modificación a su reglamento suprimió las subsecretarías de Planeación y Coordinación así como la de Servicios Educativos para el Distrito Federal. La primera fue convertida en unidad, adecuación más o menos semántica, por la obligación de cumplir con el “Programa de austeridad y racionalidad del gasto público” aprobado por el Congreso en diciembre 2003, por el cual ninguna secretaría debería tener más de tres subsecretarías. La segunda, como resultado del proceso de federalización pendiente en la capital del país, fue transformada en un órgano administrativo desconcentrado, “con autonomía técnica y de gestión”, un despacho tipo purgatorio en espera permanente de una transferencia que no acaba por concretarse (desde hace 20 años) y que se define a sí mismo como “la SEP en el Distrito Federal”. La problemática de la descentralización de los servicios educativos para la capital del país es tanto legal y administrativa como política: el DF no es un estado y tiene que firmar un convenio con la autoridad federal para que le sean transferidos[1]. Mientras tanto a la SEP le corresponde ejercer su cuantioso presupuesto en el ramo y lidiar con los conflictos de las secciones sindicales del valle de México.
Por cierto, la SEP tiene la particularidad de no tener un sindicato propio, como en el caso de las otras secretarías (lo que sería el Sindicato de Trabajadores de la SEP), sino que sus empleados de base forman parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). De modo que sus problemas patronales para la gestión administrativa de sus funciones, dentro de sus propias oficinas, quedan atados a los conflictos y negociaciones con el magisterio nacional y con las secciones disidentes locales. De locura. Así recibió el paquete el secretario del presidente Vicente Fox, Reyes Tamez Guerra, y así lo devolverá el de Felipe Calderón, José Ángel Córdoba Villalobos.
Independientemente de las filiaciones partidarias, ha habido aciertos y logros institucionales importantes durante los últimos doce años que valdrá la pena conservar y fortalecer, como la creación de la Subsecretaría de Educación Media Superior, cuya intención prioritaria es corregir el rezago en atención a la demanda y eficiencia terminal que se mantiene en este nivel , un gigantesco cuello de botella, pues aunque se ha logrado el 97% de cobertura en educación secundaria y casi todos ellos se inscriban en algún plantel de bachillerato al egresar, solo la mitad de ellos concluye el nivel medio superior de escolaridad, pues la deserción y reprobación es muy alta.(El gobierno de Fox recibió una cobertura del 47 % y el de Calderón dejó una de 69%.).
Queda pendiente coordinar el enjambre de instituciones educativas y hacer crecer el subsistema para poder cumplir con el mandato constitucional, recientemente decretado con las reformas a los artículos 3 y 31, que hace obligatoria y gratuita la educación en este nivel.
Al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto le corresponderá la obligación de ampliar la cobertura de educación media superior hasta llegar al 85 %, para lo que requerirá no solo ampliar los espacios y aumentar la planta docente y administrativa, sino asegurar, por medio de becas, que los alumnos inscritos no abandonen los planteles. Su compromiso de campaña ha sido alcanzar la cobertura universal en este nivel. Quien vaya a ser el subsecretario tendrá que promover una reforma curricular que complemente el esfuerzo financiero para cumplir con este objetivo. Por ejemplo, con el tiempo los Colegios Nacionales de Educación Profesional Técnica (Conalep) han tendido a asemejarse a preparatorias añadiendo materias a sus planes de estudio, con el propósito de que los egresados puedan concursar por el ingreso a instituciones de educación superior (Reforma Integral de la Educación Media Superiory Reforma Integral al Marco de Educación Media en México). La opción terminal de técnico profesional no es muy atractiva para los jóvenes y mucho menos para sus padres. La inercia cultural del licenciadismo, ese valor de la gran familia mexicana, pesa más que las tendencias internacionales, incluida la opción promovida por el presidente Zedillo de técnico superior universitario.
El cambio más importante en cuanto al subsistema de educación superior ha sido el de la homologación de criterios para la asignación presupuestaria de las instituciones de educación superior (IES) públicas, especialmente de las universidades estatales, para pasar de un régimen en el que se asignaban conforme a inercias históricas, peso político, negociación e improvisación ante coyunturas, a la asignación de fondos complementarios (subsidios extraordinarios) con base en el cumplimiento de méritos académicos. De este modo se premia el avance en el progreso de las IES conforme a resultados programados y medibles en forma de indicadores. Este cambio se logró en buena medida por la buena decisión del presidente Fox de haber nombrado como secretario a Tamez Guerra y subsecretario a Julio Rubio Oca, a propuesta de la ANUIES. Rubio era presidente de esta asociación y contó con libertad y apoyo para promover estas reformas. Sin embargo, la disputa y las presiones para el financiamiento de las IES se han transferido a la Cámara de Diputados, donde rectores, legisladores y sindicalistas influyen para que permanezca la negociación en convivencia y a veces diputa con el mérito.
Otro importante logro ha sido la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), un organismo descentralizado de carácter técnico (académico), que se ha vuelto el referente fundamental para el diagnóstico de la educación del país, el análisis de sus problemas, la generación de conocimiento y la formulación de propuestas para mejorar la calidad del sistema educativo nacional. Sin embargo, duplica algunas funciones y compite con la Unidad de Planeación y Evaluación de las Políticas Educativas de la propia Secretaría.
El logro institucional más importante logrado por el presidente Calderón es, sin duda, el que resulta de la Alianza por la Calidad de la Educación, por el cual maestros y directores de educación básica deberán su contratación a los resultados que obtengan en concursos de oposición y además deberán ser evaluados periódicamente para que mejoren en las áreas de oportunidad que las pruebas así lo indiquen.
Precisamente en los que se refiere a políticas públicas, en su libro La SEP por dentro, Pablo Latapí (FCE, 2005) halla continuidad de los gobiernos panistas respecto a sus predecesores en cuatro de ellas: 1) federalización; 2) renovación y cambio curricular (planes y programas de estudio); 3) formación, actualización y capacitación de los maestros y; 4) participación de la sociedad. Las políticas públicas se han definido también por la interacción e influencia con organismos internacionales. Resultan, en buena medida, de tendencias internacionales más que de colores partidarios, pero Latapí deja claro que los funcionarios de más alto nivel han podido actuar con relativa libertad en cuanto a la hechura de las políticas públicas en los despachos de su competencia, al punto de poder darles un sello particular. Con el sindicato solo ha habido dos posibilidades: confrontación o negociación, y los gobiernos del PAN han optado por lo mismo que los del PRI, la negociación.
Las causas por las que no se han podido llevar a cabo los cambios institucionales para mejorar la cobertura y calidad son, además del poder del sindicato y la necesidad de negociar con él, los compromisos políticos, el marco legal y las decisiones que corresponden al Poder Legislativo, la capacidad-incapacidad de la propia Unidad de Planeación y Evaluación de la SEP y, habría que agregar, la falta de talento de los titulares de la Secretaría para ello. Solo como muestra, recordemos que fue Elba Esther Gordillo, la lideresa del SNTE la que invitó a Fernando Savater para le hablara a los maestros y se sentara junto a él, y no el secretario.
Nos hallamos ante el escenario de la continuidad, el de avances modestos y paulatinos pero insuficientes para las expectativas y necesidades de crecimiento económico y reducción de la pobreza y la desigualdad. Si durante el periodo de transición el presidente electo y su equipo no han tenido como prioridad la educación (a diferencia de la seguridad y el combate a la corrupción), posiblemente tampoco lo será durante su gobierno. Al tiempo.
[1]La transferencia de los servicios educativos implica la operación de ellos, crear la autoridad educativa local con todas sus facultades y responsabilidades incluida la patronal respecto a los trabajadores de la educación, la del ejercicio presupuestal de los recursos económicos que le son transferidos de la federación y asignados por su congreso local y la hechura de sus propias políticas públicas para cumplir con las metas y objetivos que se imponga a sí misma.
Politólogo y comunicólogo. Se dedica a la consultoría, la docencia en educación superior y el periodismo.
