A lo largo de las últimas semanas he leído con verdadero estupor las notas periodísticas que dan cuenta de los daños infligidos al que es quizá el máximo monumento escultórico de nuestro país, la estatua de Carlos IV, conocida popularmente como El Caballito, obra de principios del siglo XIX fundida por el valenciano Manuel Tolsá. No se trata además, como ha sucedido con tantos otros monumentos –las estatuas del Paseo de la Reforma, la Columna de la Independencia– de una acción vandálica, por lo menos en el sentido más puro de esta palabra, sino de un intento de restauración que terminó en desastre al ser encargado a manos ineptas por una serie de decisiones poco claras.
El daño a El Caballito indigna a cualquiera. Más aún si, como asegura el informe técnico del INAH, es irreversible. Por más que se le remedie con una pátina que le aproxime a su aspecto original (y ello sea incluso ocasión para que alguien se atreva a opinar que el escándalo no era para tanto), lo más probable es que bajo esa capa permanezca para siempre el bronce degradado y debilitado por la acción del ácido nítrico, tal como lo hemos visto en numerosas fotografías. El Caballito, como pieza integral, nunca volverá a ser el mismo.
Pero, más allá del justo enfado de quienes protestaron por esa lamentable intervención, lo preocupante en el fondo y con una visión más amplia es que ocurrió con una pieza emblemática, única, que se encuentra a la vista de todos, en una zona de monumentos históricos y en un entorno que forma parte de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y, además, que está bajo el supuesto cuidado de un Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos, la Autoridad del Centro Histórico y el propio INAH. Si esto sucede con una pieza de su envergadura ¿qué será de los cientos de miles de obras artísticas, de las decenas de miles de edificios históricos catalogados y no catalogados que cubren toda nuestra geografía? ¿Cuántas manos no calificadas “restauran” a diario con técnicas deficientes, sin que llegue a generarse alguna mínima protesta, nuestro patrimonio histórico?
El caso de El Caballito, me parece, es solo la punta del iceberg de un problema de enorme magnitud en México: la falta de atención profesional a su patrimonio, no provocado por la falta de regulación al respecto sino por fallas en su aplicación, aunadas a la habitual apatía con que las autoridades encargadas de normar las intervenciones a dicho patrimonio –es decir, El INAH y el INBA– suelen reaccionar a ellas, particularmente en el interior del país.
Para quien lo dude, lo invito a tomar uno los Catálogos de Monumentos Históricos publicados por el INAH en la década de 1980 y comparar las fotografías de edificios de pueblos y ciudades que ahí se incluyen con lo que existe hoy. Con sorpresa, o sin ella, advertirá que tales catálogos se han convertido ya en una suerte de apéndices locales de la entrañable Crónica de un patrimonio perdido de Guillermo Tovar de Teresa.
Ingeniero e historiador.
