¿La corrupción es en México un problema cultural o institucional? Durante una entrevista con varios periodistas el 19 de agosto pasado el presidente Peña Nieto hizo una afirmación inquietante cuando dijo que la corrupción es un fenómeno cultural, alojado en la naturaleza humana y, se entiende, en el carácter de los mexicanos. Así, la corrupción, como ya nos había enseñado Cantinflas, es parte de la identidad nacional. Se trata de un tema que ha sido muy debatido desde hace mucho tiempo. Hay quienes, en contraste con la opinión de Peña Nieto, están convencidos de que la corrupción es un problema de carácter institucional. El presidente, en cambio, parece preferir el pausado proceso educativo antes que la aplicación de una reforma institucional inmediata para perseguir la corrupción.
Yo creo que ciertamente son necesarias obras de ingeniería institucional, pero que estas solo pueden arrancar con vigor una vez que se haya sedimentado una cultura cívica sólida. Desde luego, es necesario defender las instituciones que deben estar en la base de lo que Jürgen Habermas llamó un "patriotismo constitucional". Pero no es saludable un "patriotismo institucional" ligado a una estatolatría que rinde culto a toda clase de instituciones, como el PRI, la familia tradicional, la iglesia, el Senado, los usos y costumbres indígenas, las escuelas rurales, el ejido o Pemex, para solamente citar algunas. A fin de cuentas, la corrupción en México también es una institución.
En nuestro nuevo contexto democrático la legitimidad política no puede fundarse en la traducción de culturas populares más o menos inventadas en esa unidad ficticia llamada "identidad nacional". Las opiniones expresadas por Peña Nieto, que han vuelto a agitar la polémica sobre el tema de la corrupción, parecen decirnos que para superar las costumbres corruptas impresas en el alma del mexicano serían necesarios por lo menos varios decenios, y acaso siglos. Por ello más vale no enfrentar el problema durante su gobierno. La otra opción podría ser la de impulsar las instituciones para que, con una voluntad renovada y acaso nuevas leyes, persigan y castiguen con firmeza los actos de corrupción. El problema parecería radicar en que la voluntad para aplicar las normas propias de un Estado de derecho requiere de una cultura cívica decididamente orientada a combatir la corrupción.
¿Estamos ante un círculo vicioso sin salida visible a corto plazo? No lo creo. Es cierto que se suele requerir de un largo tiempo para cambiar la moral y las costumbres que un nacionalismo viciado pareciera haber implantado en el carácter del mexicano. Pero este largo tiempo ya ha transcurrido y me parece que hoy una gran parte de la sociedad civil rechaza las prácticas corruptas. El cambio cultural ya ha ocurrido, aunque sea de manera incipiente. Sin duda tardó muchos años en llegar, pero ya está aquí. El cambio en la cultura política se inició en 1968, cuando una buena parte de la sociedad comprendió, gracias al movimiento estudiantil reprimido, que era necesario abrir nuevos cauces. Fueron necesarios más de 30 años para que los cambios comenzasen a cristalizar. Hoy la transición cultural hacia una civilidad nueva ya se encuentra avanzada, como se puede ver en el hecho de que se ha logrado establecer, aún en forma precaria, un sistema democrático. Esta transición ha implicado una profunda y larga crisis de la vieja cultura nacionalista revolucionaria que, entre otras muchas cosas, era una constelación de costumbres viciadas y de prácticas corruptas asociadas al autoritarismo del antiguo régimen priista del que proviene Peña Nieto.
El problema hoy consiste en encontrar la manera de aprovechar esa base cultural aún endeble para dar el salto a una institucionalidad capaz de combatir la corrupción con eficacia. No moverse y esperar que el lento goteo de la educación erosione las viejas costumbres sería una verdadera imprudencia. Ya existe un México nuevo que puede servir de palanca para actuar. Pero si no se actúa hoy de manera decidida los viejos hábitos pueden restaurarse. La urgencia es más evidente ante la llegada de inversiones privadas, nacionales y extranjeras, en el sector petrolero, gracias a la reforma energética. Estas inversiones no llegarán en forma pura ni serán inmunes a la corrupción. Por ello son indispensables cambios drásticos que permitan atajarla.
(Reforma, 23 de septiembre, 2014)
Es doctor en sociología por La Sorbona y se formó en México como etnólogo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
