Luz y taquígrafos

AÑADIR A FAVORITOS

El 6 de abril el Tribunal Superior de Justicia de Madrid levantó parcialmente el secreto de sumario del caso Gürtel, que investiga una presunta trama de corrupción en la que están implicados varios cargos del Partido Popular y que afecta a cuatro comunidades autónomas y más de una decena de administraciones. La red, dirigida por el empresario Francisco Correa, consistía en una serie de empresas que conseguían contratos a base de favores o regalos, beneficiándose de su buena relación con el PP (Correa organizó los actos del partido durante una época). También se acusa a los miembros de la trama de actuar como intermediarios entre políticos y empresarios para adjudicaciones de suelo. Hay cerca de 70 imputados y según el sumario, miembros del PP en las cámaras nacionales y cargos en la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana colaboraron con la red. La policía cree que la trama financió ilegalmente una campaña del partido en Valencia, pero no se ha demostrado. El caso acapara la atención de los medios desde febrero de 2009, y las filtraciones en prensa y el levantamiento del secreto sobre 17.000 folios del sumario en septiembre habían permitido conocer partes de la investigación: desde los regalos ofrecidos a dirigentes hasta charlas afectuosas entre cabecillas de la trama y políticos, pasando por espectaculares incrementos de patrimonio. La prensa también ha dedicado portadas a la historia judicial, que ha transcurrido bajo una deprimente bronca política: Garzón abrió la investigación desde la Audiencia Nacional; la causa pasó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el de Valencia –que la archivó– y el Tribunal Supremo. El Ministro de Justicia dimitió tras coincidir en una cacería con Garzón. El PP pidió la recusación de Garzón y protestó por las filtraciones. Cuando el tsjv archivó la imputación al presidente valenciano Francisco Camps, el Gobierno anunció que la Fiscalía Anticorrupción recurriría la causa. En marzo el tsjm anuló las escuchas grabadas en la cárcel entre los imputados y sus abogados. Dos días después del levantamiento de los 50.000 folios del sumario, el ex tesorero del PP y senador Luis Bárcenas, que según los informes habría recibido 1,3 millones de euros de la trama, suspendió su militancia en el partido.

Antes de tener tiempo de leer el sumario, a menos que hubiera seguido el curso de lectura rápida que permitió a Woody Allen terminar Guerra y paz en 20 minutos y concluir que trataba de Rusia, el PP anunció que no contenía nada nuevo. Su versión es que un grupo de maleantes se ha aprovechado de la formación para enriquecerse. Su líder, Mariano Rajoy –que dejó de contratar a las empresas de la trama–, ha mostrado su apoyo a miembros implicados del PP y ha reivindicado la presunción de inocencia cuando se le reclamaban expulsiones. Pero también ha habido dimisiones forzadas por la dirección del partido, seguidas de desconcertantes loas al desempeño en el cargo del dimisionario. Frente a la cautela de Rajoy (“supongo”, dijo cuando le preguntaron si Bárcenas seguiría siendo senador), Esperanza Aguirre se ha mostrado más expeditiva u oportunista en Madrid, donde la trama tuvo una presencia más intensa. El caso también representa una batalla interna entre la gente de la época de Aznar y la generación más joven; entre el estilo calmado de Rajoy y los que le reclaman contundencia.

Algunos dirigentes del PP, como su número dos, Dolores de Cospedal –que ha pedido perdón a los ciudadanos por el caso–, han relativizado la importancia de los regalos y cuestionado la legalidad de las escuchas que han llevado a los tribunales. Lo más grave es que ha denunciado una conspiración gubernamental contra el partido y el uso de la policía para perjudicar a la oposición. El argumento aparece en la web del PP, que señala que en el sumario hay informes que “ya han sido desechados por la justicia”.

El PSOE ha exigido responsabilidades políticas a la organización y ha intentado desgastar con Gürtel a todo el partido. Zapatero parece haber elegido una línea prudente, pero el vicesecretario general del PSOE ha declarado: “es un escándalo montado por gente del PP para beneficiarse ellos y el PP […] Es una marea negra de corrupción que salpica a la calle Génova y se extiende por todas las comunidades autónomas donde gobierna el PP con mayoría absoluta”. Por detrás en las encuestas, con un líder fatigado y nefastas cifras de paro, parece que el PSOE espera ganar las elecciones mediante el descrédito de su rival, y que piensa que mientras se hable del caso Gürtel no se cuestiona la actuación del Gobierno. Hay populismo y cierto ánimo revanchista: el PP llegó al poder en 1996 tras varios escándalos de corrupción en el PSOE –que incluían un caso de financiación ilegal–, enarbolando una bandera de honradez. La vergonzosa relación entre Correa y el PP se remonta a la época de Aznar y las comunidades más afectadas son Madrid y Valencia, donde la formación tiene su vivero de votos.

Esa generalización demagógica se observa en otras tribunas. Juan Goytisolo, que cree tanto en la democracia que vive en Marruecos, ha escrito: “Los votantes del PP no ignoran que los altos cargos de sus comunidades están allí ‘para forrarse’. Lo saben y lo aceptan como algo natural.” Creo que no es así, y que el PP debería desvincularse más claramente de los implicados, aunque sean inocentes mientras no se demuestre lo contrario. La ambigüedad o el intento de esperar a que la tormenta pase sólo favorece la especulación y la sospecha. Y, si no presentan pruebas, sus líderes deberían ser más prudentes a la hora de hablar de conspiraciones.

La corrupción es un problema grave en España. Excede al caso Gürtel, y el PSOE no tiene motivos para sentirse orgulloso: en 2009 un informe del Fiscal General del Estado señalaba 200 procedimientos penales por corrupción contra miembros del PP y 264 contra miembros del PSOE, que no aplica a los suyos la dureza que exige a la oposición. Afecta a muchas fuerzas políticas y se extiende por numerosas comunidades autónomas. Debe investigarse hasta el final y la administración debería ser más transparente en sus contratos. Convendría que hubiera una legislación más rígida sobre los regalos a los cargos públicos. Una encuesta del cis decía que los españoles tienen una valoración muy baja de las organizaciones políticas; sólo los okupas gozan de menos consideración. La corrupción, además de robarnos a todos, produce desconfianza en el sistema democrático. Pero la democracia, su libertad y sus instituciones son el único medio que permite que la corrupción se conozca, y que la sociedad, los partidos y la justicia luchen contra ella. En ese combate esencial contra una visión cínica de la vida pública existe otro enemigo temible: la impresión de que no existe la verdad objetiva, de que los partidos no creen en la separación de poderes y aplican reglas diferentes según les convenga, y de que los hechos son sólo armas que se arrojan contra el adversario. ~

 


    ×  

    Selecciona el país o región donde quieres recibir tu revista: