Psicosis a la veracruzana con guarniciĆ³n de zetas

El gobernador de Veracruz ha creado el delito de ā€œperturbaciĆ³n del orden pĆŗblicoā€ para perseguir por la vĆ­a penal a cualquier persona por hacer afirmaciones que el gobierno considere inconvenientes o juzgue que atentan contra la paz social.
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Ingredientes: Grupos de la delincuencia organizada que actĆŗen como autoridad de facto. Corporaciones policiacas de varios municipios que funcionen como informantes y ejecutores de Ć³rdenes de un grupo del narcotrĆ”fico. Un gobernador incapaz de revertir la percepciĆ³n de que el estado se ha salido de control. Ciudadanos que usen las redes sociales para alertar a otros sobre hechos de violencia que los medios no estĆ”n reportando Medios silenciados y sometidos, un congreso local totalmente controlado por el Ejecutivo y una ProcuradurĆ­a de Justicia que haga un uso faccioso de la ley.

Modo de preparaciĆ³n: Asesine a varios periodistas y haga desparecer a otros, faculte a los narcotraficantes a hacer las investigaciones y valide pĆŗblicamente sus interrogatorios grabados en video, deje 35 cuerpos al aire libre en una zona comercial y turĆ­stica del estado a los ojos de todo el paĆ­s, amedrente con la ley a quien haga visible el desastre en canales que usted no pueda controlar con publicidad oficial, desaparezca de la escena cuando se descubra que sus agentes policiacos estĆ”n involucrados en la masacre, alimente con su indiferencia y nulos resultados el surgimiento de grupos paramilitares que hagan la limpieza social que usted no puede.

Deje que todo eso se caliente y listo.

MarĆ­a de JesĆŗs Bravo tenĆ­a mil 207 seguidores en Twitter cuando el gobierno de Veracruz le fincĆ³cargos por “terrorismo y sabotaje”. Junto con Gilberto MartĆ­nez Vera, la enviĆ³ 27 dĆ­as a la cĆ”rcel por haber dado crĆ©dito a versiones falsas sobre ataques de delincuentes a escuelas de Boca del RĆ­o y difundirlas a travĆ©s de las redes sociales.

SegĆŗn el procurador Reynaldo Escobar y el secretario general de Gobierno, Gerardo Buganza, los mensajes de ambos, con todo y que apenas reunĆ­an un puƱado de seguidores, habĆ­an causado tal pĆ”nico entre la comunidad del puerto que los padres de familia habĆ­an corrido “aterrorizados”, en multitudes, a buscar a sus hijos, colapsando los nĆŗmeros de emergencia y chocando unos contra otros en los cruces de las avenidas.

Desde la ProcuradurĆ­a de Justicia de Veracruz, donde se les mantuvo incomunicados por alrededor de 60 horas, se afirmĆ³ falsamente que cuando fueron interrogados ambos se encontraban bajo los efectos de “alguna sustancia enervante” e incluso se dijo que MartĆ­nez Vera contaba con antecedentes penales.

Ninguno de los tuiteros escarmentados por el gobierno de Javier Duarte originĆ³ el rumor. Tampoco fueron ellos quienes en dĆ­as previos sembraron entre la gente la versiĆ³n de que por cada miembro de Los Zetas muerto en Veracruz morirĆ­a un niƱo. Duarte y los suyos, en cambio, sĆ­ fallaron a una de sus responsabilidades mĆ”s importantes: diseƱar una estrategia de comunicaciĆ³n efectiva (un principio bĆ”sico de protecciĆ³n civil) para llegar a la gente cuando se vuelve necesario, parar en seco los rumores y llenar los vacĆ­os de informaciĆ³n con datos confiables antes de que alguien mĆ”s lo haga.

La psicosis atribuida a los mensajes de los pretendidos ciberterroristas no merecieron mĆ”s de cinco tuits de las dos cuentas vinculadas con la SecretarĆ­a de Seguridad PĆŗblica de Veracruz (@srio_sspver y @SP_Veracruz ) que lejos de ofrecer reportes sobre la situaciĆ³n en los lugares mencionados para desmentir la existencia de ataques, se limitaron a reproducir declaraciones del gobernador y a anunciar su intenciĆ³n de castigar ejemplarmente a los tuiteros, tarea a la cual dedicarĆ­an todo un mes de recursos del Estado.

Los argumentos jurĆ­dicos de Duarte y su equipo nunca apuntaron a sancionar actos delictivos que atentan contra el orden social, sino a suprimir expresiones. No fueron pocas las organizaciones de derechos humanos que evidenciaron la inexistencia de cualquier estĆ”ndar internacional que equipare la difusiĆ³n de informaciĆ³n falsa o rumores con terrorismo, ademĆ”s de la imposibilidad de probar que los detenidos hubieran tenido como fin perturbar la paz pĆŗblica.

Bravo Pagola, columnista del diario Imagen, donde hasta hace unos dĆ­as escribĆ­a la columna "Cartas a Veracruz", dedicĆ³ el 10 de junio uno de sus textos a la irrupciĆ³n de los blogs y redes sociales como Twitter y Facebook entre los recursos y herramientas empleados por la sociedad para dar a conocer hechos que no son  difundidos por los medios tradicionales. Curiosamente, reconocĆ­a que ese criterio de los ciudadanos para subir a la red informaciĆ³n que consideran relevante “aumenta el riesgo social, pero tambiĆ©n el riesgo para la delincuencia”.

A travĆ©s de redes sociales y sitios en internet, los ciudadanos estĆ”n rompiendo el cerco que los delincuentes le tendieron a los medios. El absurdo de pretender enviar 30 aƱos a prisiĆ³n a dos personas, acusĆ”ndolas de terrorismo, por no tener un recurso legĆ­timo de sanciĆ³n a la mano, ha llevado al gobernador de Veracruz a crear el delito de “perturbaciĆ³n del orden pĆŗblico” para perseguir por la vĆ­a penal a cualquier persona por hacer afirmaciones que el gobierno considere inconvenientes o juzgue que atentan contra la paz social.

En los Ćŗltimos tres meses, cuatro informadores fueron asesinados en Veracruz y otro mĆ”s desapareciĆ³. Ni siquiera habĆ­an terminado de realizarse las acciones periciales de uno de los casos cuando la ProcuradurĆ­a local ya afirmaba que el crimen no estaba relacionado con su trabajo periodĆ­stico, sino que obedecĆ­a a sus nexos con Los Zetas. El 20 de septiembre, cuando la nota de 35 cuerpos dejados en mitad de un boulevard en Boca del RĆ­o, a plena luz del dĆ­a dio la vuelta al mundo, la prioridad fue descalificar moralmente a las vĆ­ctimas, vinculĆ”ndolas a todas con delitos de secuestro, extorsiĆ³n, homicidio y narcomenudeo (sin mencionar la participaciĆ³n de agentes policiacos en la desapariciĆ³n forzada de varios), y amedrentar de nuevo a los periodistas que intentaban completar el cuadro.

Se hablĆ³ de la apariciĆ³n de 14 nuevos cadĆ”veres y el 22 de septiembre un nuevo rumor creĆ³ alarma acerca de supuestos ataques contra planteles escolares en Xalapa, pero el problema de seguridad estatal se habĆ­a tornado demasiado delicado para intentar de nuevo una salida frĆ­vola y dar escarmientos ejemplares a usuarios de redes sociales.

Lo lamentable en el caso es que casi cualquier rumor sobre violencia en Veracruz es verosĆ­mil; los cuerpos policiacos de varias ciudades de la entidad se alinean y colaboran con la delincuencia organizada; Zetas y Matazetas anticipan un combate largo y violento para la entidad, mientras el gobernador luce preocupado por su imagen y sus colaboradores le crean un ejĆ©rcito de “seguidores” con cientos de cuentas falsas en Twitter para respaldarlo en cualquier acciĆ³n que emprenda, aun si viola derechos humanos. No fueron los tuiteros quienes crearon esto; los ingredientes los han puesto otros con su complicidad y avidez por controlar lo que la gente debe saber.

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Periodista. Autor de Los voceros del fin del mundo (Libros de la Araucaria).


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